Estados Unidos/Israel y los TPO: Funesto “acuerdo
de paz” agravaría las violaciones del derecho internacional y consagraría la
impunidad
28 enero 2020
El funesto conjunto de propuestas de la administración
Trump, que violan el derecho internacional y despojan aún más de sus derechos a
la población palestina, constituyen una guía para continuar con el sufrimiento
y los abusos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), ha
manifestado Amnistía Internacional hoy.
La organización ha instado a la comunidad
internacional a rechazar las medidas contrarias al derecho internacional que
contiene el denominado “acuerdo del siglo” del presidente Donald Trump. Entre
ellas figuran la extensión formal de la soberanía israelí al valle del Jordán y
la gran mayoría de los asentamientos del resto de la Cisjordania ocupada a
cambio de tierras que están actualmente dentro de Israel.
“Aunque la administración Trump ha destacado en el
acuerdo el principio de intercambio de tierras, no nos equivoquemos: lo que
propone es una mayor anexión de territorio palestino, que viola de manera
flagrante el derecho internacional humanitario. Durante más de medio siglo de
ocupación, Israel ha impuesto un sistema de discriminación institucionalizada
de la población palestina bajo su gobierno, a la que niega derechos básicos y
el acceso a recursos efectivos contra las violaciones del derecho
internacional. El acuerdo supone aprobar estas políticas brutales e ilícitas”,
ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia
para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
Los intercambios de tierra propuestos incluyen la
transferencia potencial de zonas de Israel con un alto porcentaje de población
palestina a un futuro Estado de Palestina. Esta propuesta suscita de por sí el
temor de que los ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel en estas zonas
queden marginados.
Amnistía
Internacional pide a la comunidad internacional que rechace las propuestas de
anexión, contrarias al derecho internacional, y reitere la ilegalidad de los
asentamientos israelíes de los territorios ocupados. Tales propuestas no
cambiarán las obligaciones jurídicas contraídas por Israel, como potencia
ocupante, en virtud del derecho internacional humanitario, según las cuales no
debe privar a la población palestina de la protección garantizada en estos
marcos jurídicos.
El acuerdo contiene
también la propuesta de crear un “mecanismo de indemnización” para las personas
refugiadas palestinas, en vez de reconocer su derecho a regresar. Con más de
5,2 millones de personas registradas en la actualidad, la población refugiada
palestina es una de las mayores del mundo. Los palestinos y palestinas que
huyeron de sus hogares o fueron expulsados de ellos en 1948, así como sus
descendientes, tienen derecho a regresar, según el derecho internacional. Se
trata de un derecho humano personal, que no puede cederse por concesiones
políticas.
“Centenares de miles
de personas refugiadas palestinas se hallan atrapadas en campos superpoblados
más de 70 años después de que sus padres y madres o abuelos y abuelas se vieran
obligados a salir de sus hogares. Esta propuesta hace caso omiso de los
derechos de las personas refugiadas según el derecho internacional y del
sufrimiento que llevan decenios padeciendo”, ha añadido Phillip Luther.
Por último, con el
acuerdo se intenta menoscabar la justicia internacional poco después del
anuncio, el mes pasado, de avances en el inicio de una investigación de la
Corte Penal Internacional sobre la situación en los Territorios Palestinos
Ocupados. Se insiste en él en que, durante las negociaciones, las autoridades
palestinas no deben entablar «ninguna acción, y suspender todas las acciones
pendientes, contra el Estado de Israel, Estados Unidos ni ninguno de sus
ciudadanos y ciudadanas ante la Corte Penal Internacional, la Corte
Internacional de Justicia ni ningún otro tribunal”.
En diciembre de 2019,
la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que en un examen preliminar sobre Palestina se
había determinado que se habían cometido crímenes de guerra en los Territorios
Palestinos Ocupados y que debía iniciarse una investigación una
vez confirmada la competencia territorial de la Corte.
También se exige en
el plan a las autoridades palestinas que no emprendan “ninguna acción contra
ciudadanos israelíes ni estadounidenses ante Interpol ni ningún sistema legal
que no sea israelí o estadounidense (según proceda)”. Esta exigencia es un
intento manifiesto de impedir a los palestinos y palestinas buscar justicia en
los tribunales nacionales de terceros países que apliquen la jurisdicción
universal, instrumento esencial de la justicia internacional.
“Para lograr una paz
justa y sostenible hace falta un plan que dé prioridad a los derechos humanos
de las poblaciones palestina a israelí y que incluya justicia y reparación para
las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho
internacional. Este plan no sólo no cumple estos criterios fundamentales, sino
que se pretende con él torpedear los esfuerzos que se están realizando en la
actualidad para conseguir justicia para las poblaciones palestina e israelí”,
ha añadido Phillip Luther.
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