MÉXICO EN CRISIS

Decir que México vive una crisis ya no es novedad. La ha vivido desde hace décadas, primero con gobiernos autoritarios y corruptos como los del PRI y después con los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, durante los cuales la pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, bajo crecimiento económico, corrupción e impunidad, se arraigaron en el país como problemas permanentes.

La llegada de un supuesto gobierno de izquierda, comprometido con la población en general, más que con las élites económicas y políticas, en 2018, esperanzó al pueblo mexicano sobre la posibilidad de que esos graves problemas que han hundido al país podrían empezar a resolverse.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador no sólo se ha enfrentado con la previsible oposición e incluso intentos de sabotaje de sus enemigos políticos a sus políticas públicas, sino también con un proyecto de reforma del sistema político y económico vigente, pomposamente denominado “Cuarta Transformación” que en realidad ha seguido en materia de política económica las pautas del modelo neoliberal; en materia de seguridad se ha seguido la “estrategia” de usar al aparato militar, ahora bajo el manto de una nueva corporación, la Guardia Nacional; y en materia social se han echado a andar diversos programas, basados en la entrega de dinero en efectivo a distintos segmentos de la población, sobre los que aún falta por evaluar sus beneficios, especialmente si con ellos efectivamente se abatirá la pobreza y la desigualdad.

La realidad en números es que el país tuvo un crecimiento 0 en 2019, y las previsiones de organismos económicos y financieros internacionales para el 2020 no es mayor al 1%.

El presidente de México confía en que sus proyectos de obra pública como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Corredor Transístmico y los cientos de miles de millones de pesos comprometidos por los empresarios mexicanos para invertir en distintas obras, más la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos y Canadá, podrán sacar de su estancamiento a la economía mexicana y superar el raquítico 1% que le tienen pronosticado los denominados “expertos”.

El problema es que para que se realicen esas obras se requiere de la inversión pública, y esta depende de los recursos fiscales. Para ello el gobierno ha comenzado a aplicar aumentos velados de la carga impositiva (por más que lo niegue), como pasar de 0.46% a los rendimientos bancarios y a las inversiones en bolsa en 2018, hasta el 1.45% actual; es decir un 315% de aumento, lo que seguramente desincentivará el ahorro.

Así también ha habido aumentos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); que si bien se aplicó a refrescos y cigarros, también impactó a los combustibles, que por ejemplo en el caso de la gasolina más vendida en el país, la Magna o Regular, ha pasado de un promedio de 20.35 a 20.75 pesos el litro.

Y si bien la inflación medida por el Banco de México se mantiene muy baja (2.83%), que junto con un aumento muy importante a los salarios mínimos del 20% para el 2020, ha repercutido en un mejor poder adquisitivo para los salarios en general; también es cierto que la inflación ocasionada por las alzas de impuestos ha limitado la recuperación del salario.

Además, la baja creación de empleos, por el nulo crecimiento económico, está manteniendo un alto porcentaje de la Población Económicamente Activa en el sector informal, en donde la productividad es muy baja, no se pagan impuestos y no existen prestaciones sociales para los trabajadores.

Por lo que respecta a la inseguridad, el año pasado se registraron más de 36 mil asesinatos dolosos, convirtiéndolo en el peor desde que se hace este registro; y para este año se prevé que la cifra permanezca igual de elevada.

Y en materia social, aún falta saber si los muchos y generosos programas sociales del actual gobierno tendrán un efecto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, ya que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (Coneval), en nuestro país, 2 de cada 5 personas son pobres; dos más están en una situación de vulnerabilidad por sus bajos ingresos, es decir podrían convertirse en pobres en una recesión o crisis económica; y sólo uno de 5 no es pobre, ni está en situación de vulnerabilidad (datos del 2018).

Esto quiere decir que, de los 128 millones de mexicanos, sólo 25 millones 600 mil no son pobres; el resto lo es, o muy fácilmente puede caer en la pobreza.

Es indudable que el reto de este gobierno para revertir problemas tan enormes es mayúsculo; y además tiene enemigos internos que tratarán de hacerlo fracasar, pero también es cierto que aplicando las mismas políticas que los anteriores gobiernos, como por ejemplo confiar en que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá traerá prosperidad y empleos bien pagados, tal como lo afirmara en su momento Carlos Salinas cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (lo que nunca sucedió); es o ser muy ingenuo, o mentirle al pueblo de México una vez más.

Así también, esperar que los oligarcas mexicanos cumplan con sus promesas de inversión y sobre todo que no busquen, como siempre, concesiones en materia fiscal, ambiental o laboral, para realizarlas, es nuevamente, o ser tan inocente como para tomarles la palabra, o ser “socio” de ellos en sus negocios.

Se ha hablado mucho en este gobierno de que se ha combatido fuertemente la corrupción (el robo de gasolina; las compras arregladas en el sector público; los excesos y abusos de los funcionarios gubernamentales, etc.), pero hasta el momento no se ha presentado un estudio completo y bien fundamentado de cuantos recursos se han recuperado o se han dejado de perder; y en donde se han gastado o invertido.

Los programas sociales y las obras públicas van a requerir una enorme cantidad de recursos fiscales, y por lo tanto se ha dicho que vendrá una reforma fiscal fuerte, después de las elecciones intermedias del 2021.

Mucho se ha dicho que se gravarán las herencias, el patrimonio, los alimentos y medicinas; que se disminuirán subsidios en electricidad, gasolina y agua; que aumentarán los impuestos (aún más) al ahorro y a la inversión bursátil; y al impuesto sobre la renta.

Una reforma de este calado lograría muchos recursos para los programas y las políticas públicas del gobierno. Y también llevaría al colapso el consumo y el ahorro de la mayor parte de esos 25,600,000 mexicanos que no son pobres. La mayoría de los cuales son clase media, que es la que normalmente paga la mayoría de los impuestos a través de pequeñas y micro-empresas, profesiones liberales y como empleados del gobierno y de empresas privadas. Es la población que está cautiva al fisco y que siempre carga con las “reformas fiscales” de los gobiernos, siempre que estos no pueden pagar los muchos compromisos que tienen (una enorme burocracia; deudas interna y externa, aparato de seguridad, pensiones, obra pública y programas sociales).

Así que, para los próximos años no se ve que algún sector de la población mexicana pueda mejorar su situación, sino todo lo contrario; es factible que una franja importante de la misma se vea sujeta a una reforma fiscal expoliadora, que acabará por igualar a la mayoría de mexicanos en la pobreza.