Este año electoral en México se está configurando ya como el
del miedo, la represión y la compra del voto por parte del gobierno de Peña, el
de Mancera en la ciudad de México y el de sus aliados en el crimen organizado.
El miedo se está utilizando como lo hizo el régimen en el
2006, planteando a las siempre temerosas clases medias, que la llegada de una
opción distinta a la actual llevará al país al caos económico y político. Ponen
como ejemplo a Venezuela.
Por supuesto que el caos ya lo tenemos en el país, con un
2017 que terminará siendo el año más violento desde que se tiene registro
sistemático del número de homicidios dolosos (1997)[1];
una inflación desatada de 6.7% en el año que terminó, la más alta desde el 2000;
México sigue siendo el país más desigual en la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE)[2]
y el de México es el segundo peor salario mínimo de América Latina (sólo
superior a Cuba), medido en dólares.[3]
Además, el gobierno de Maduro en Venezuela está enfrentando
una guerra económica por parte de Estados Unidos (sanciones) y de la oligarquía
local (boicot); además del plan de desestabilización que se aplicó en Ucrania,
para derrocar al presidente de ese país Yanuckovich.
En cambio, el gobierno neoliberal peñista es un vasallo de Washington,
por lo que no sólo no sufre ningún tipo de sanciones, boicots o intentos de
desestabilización, sino que se le permite tener uno de los gobiernos más
corruptos en América Latina (el mejor ejemplo es el caso Odebrecht, que ha tenido
consecuencias judiciales y políticas en varios países de la región, menos en
México)[4],
sin que el gobierno estadounidense se indigne, amenace con sanciones económicas
o denuncie a la administración peñista en los foros internacionales que controla
(significativamente la OEA, y al parecer ya tiene en la bolsa al secretario
general de la ONU, Antonio Guterres).
La estrategia del miedo ya inició este 2018 con los saqueos
concertados a tiendas departamentales y pequeños comercios, por miembros del
crimen organizado en municipios del Estado de México, entidad manejada por el
grupo político-empresarial-criminal del que forma parte Peña Nieto, es decir el
Grupo Atlacomulco, y en el que supuestamente gobierna el primo de Peña, Alfredo
Del Mazo (realmente sólo es un títere del mencionado grupo).
El objetivo, tal como sucedió a inicios del 2017, es asustar
a la población con actos criminales en espacios públicos, como centros
comerciales y pequeñas tiendas, para infundir miedo y evitar que la gente se
indigne y proteste pacíficamente, como lo hizo a inicios del año pasado, por
las brutales alzas de precios en los energéticos (gasolina, gas, diesel y
electricidad) y productos de consumo popular (tortilla, huevo y leche), que
nuevamente se están presentando en este 2018.
Y es lógico que sea en el Estado de México donde aplican esta
estrategia del miedo, pues ahí la secretaria de Seguridad Pública del gobierno
de Del Mazo, Maribel Cervantes, es una de las alumnas y subordinadas del “capo”
que controló y chantajeó a los grupos criminales durante el nefasto sexenio del
fascista Felipe Calderón, el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro
García Luna; un protegido de la DEA y de la CIA, que ahora es “consultor de seguridad”
en Miami, desde donde sigue moviendo los hilos de gran parte de los acuerdos
entre los gobiernos priístas y panistas (es el caso de Miguel Angel Yunes en
Veracruz) con el crimen organizado local y nacional.
Como parte de la estrategia del miedo se insertan las
agresiones de perredistas del grupo del “capo” Mauricio Toledo (ex delegado de
Coyoacán, actual diputado local y aspirante a una senaduría) a simpatizantes de
la precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno Claudia Sheinbaum, que
tienen como objetivo amedrentar a los posibles votantes morenistas, especialmente en zonas de clase media, para hacerlos
desistir de ir a mitines y eventos de los candidatos de ese partido.
Mancera, a pesar de estar promoviendo un supuesto “pacto de civilidad”
entre los partidos políticos y candidatos, para las elecciones en la capital
del país, realmente apoya dicha estrategia del miedo, pues todos los negocios
que ha hecho con los grupos que lo pusieron al frente del gobierno de la ciudad (“los
“chuchos”, Héctor Serrano y el “círculo Polanco”) se podrían ver en peligro, en
caso de que llegue una opción política distinta a la jefatura de gobierno.
De ahí que Mancera, que una vez que perdió la candidatura
presidencial con Ricardo Anaya en el Frente del PAN, PRD y MC, logró que se le
diera “manga ancha” para decidir las principales candidaturas en la ciudad; y de
la misma forma, las tácticas y estrategia para conseguir el triunfo, a como dé
lugar.
Por lo que respecta a la vertiente represiva, la aprobación y
promulgación de la Ley de Seguridad Interior, que abre las puertas a la
intervención militar en el ámbito político-social, y no sólo en el de la
seguridad pública, en el que se “legalizan” todas las violaciones y excesos que
han venido cometiendo en los últimos diez años, por órdenes y a instancias de
los gobiernos priístas y panistas, es la constatación de que el sistema
depredador-expoliador neoliberal ya no cuenta con los mecanismos políticos para
contener la ira, insatisfacción y hartazgo ciudadanos por la corrupción
demencial, la explotación brutal de la población, los recursos naturales y
financieros del país, y la colusión de la subclase política corrupta y los
oligarcas con el crimen organizado, que ha llevado a un mar de sangre y a un
tsunami de violencia en todo el país. Por ello, ahora se requiere la represión
abierta, sin máscaras, contra todos aquellos que se opongan a que esta
devastación del país continúe.
Y la vertiente de la compra del voto, ya está en proceso,
cuando las autoridades electorales han permitido que el mecanismo por
excelencia que ha usado el gobierno peñista para comprar el voto, es decir las
tarjetas bancarias (lo hizo con el banco Monex en el 2012)[5]
y comerciales (lo hizo con Soriana)[6],
sean permitidas como mecanismo de “propaganda electoral”.[7]
Con eso, los miles de millones de pesos que ya tiene
preparados el gobierno de Peña y la mayoría de los gobiernos estatales priístas
y panistas para apoyar a sus candidatos, pervertirán y corromperán nuevamente
el proceso electoral, con lo que es muy factible que los fraudes electorales
que se realizaron en 2012 a nivel nacional y en 2016 en el Estado de México, se
vuelvan a presentar este 2018, para que el actual régimen depredador, aliado
del crimen organizado y vasallo de Estados Unidos, se perpetúe en el poder.
[1] http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/pena-y-calderon-suman-234-mil-muertos-y-2017-es-oficialmente-el-ano-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-mexico_a_23285694/
[2] https://www.telesurtv.net/news/OCDE-indica-que-persiste-desigualdad-economica-en-Mexico--20171128-0042.html
[4]
México se encuentra en el lugar 125 del índice de percepción de la corrupción
de Transparencia Internacional con 30 raquíticos puntos (mientras más se acerca
a cero, más corrupto es un país) en el 2016. En 2012, al iniciar el gobierno de
Peña, México tenía 36 puntos, por lo que a lo largo de este gobierno cayó 6
puntos, o sea un 16.6%. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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