Parece increíble que exactamente en la misma fecha del
terremoto de 1985, el 19 de septiembre, se repitiera otro en la ciudad de
México, pero también en Morelos (en donde estuvo el epicentro), Puebla, el
estado de México, Guerrero y Oaxaca.
Apenas el 7 de septiembre pasado, los dos estados más pobres
del país, Chiapas y Oaxaca habían sufrido el embate del terremoto más fuerte
sentido en el país en los últimos 100 años (de 8.2 en la escala de Richter; el
de 1985 fue de 8.1; y el de la misma fecha de este 2017 de 7.1), causando destrucción
y muerte en entidades que de por sí han sido permanentemente olvidadas por la subclase
política corrupta que mal gobierna este país desde hace décadas.
Igual que en el 85, la sociedad civil se lanzó a ayudar en lo
que pudo y lo sigue haciendo. La devastación en tantas entidades del país por
los terremotos y antes por huracanes y tormentas tropicales, señalan al país
como uno de los que más riesgos enfrenta a nivel mundial; y por lo mismo, la
protección civil y las instituciones y los recursos destinados a prevenir,
mitigar y reconstruir la vida cotidiana de los millones de mexicanos afectados,
debería ser una prioridad absoluta.
Por ello, ha surgido en redes sociales la demanda de que los
partidos políticos se desprendan de la mitad del dinero que recibirán para las
campañas electorales del próximo año, para que se destine a los millones de
damnificados.
Pero eso sólo no es suficiente, la subclase política
corrupta, con sus socios del crimen organizado y los oligarcas se quedan
prácticamente con el 80% de los recursos que produce el país; sólo por la
corrupción se desvían hasta 100,000 millones de dólares al año; en costos por
la inseguridad y la violencia que se sufre en el país se van otros 40 mil
millones de dólares; y el próximo año se pagarán (principalmente en intereses)
700,000 millones de pesos para la deuda pública a los usureros y especuladores
nacionales e internacionales.
Con el 10% que se pudiera recuperar de todo ese dinero que
las “élites” depredadoras de éste país se adjudican ilegal e ilegítimamente, se
podría realizar una reconstrucción más humana y más comprometida con la
población, pues millones de mexicanos se han quedado sin hogar, sin trabajo, con
familiares muertos y heridos; y los recursos para asistirlos y ponerlos de pie
sobran, pero están concentrados en grupos de poder que han usufructuado al país
como su coto privado, por lo que si en este momento de tragedia y desgracia, la
población no se levanta y exige un cambio en las prioridades de esta nación, no
es factible que esto pueda lograrse en los próximos años. Ahora es el momento.
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