El Programa de Acción Diferida para los llegados en la
Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que fue iniciado por el presidente
Obama en 2012, ante la inacción del Congreso para legislar en materia
migratoria, se elaboró con el fin de proteger de la deportación a casi 800,000[1]
jóvenes indocumentados latinoamericanos y de otras regiones que se inscribieron
en el programa (Asia), y que fueron traídos de niños por sus padres a Estados
Unidos; corrían el riesgo de ser deportados a sus “países de origen”, si el
gobierno de Estados Unidos no instrumentaba alguna medida para brindarles una
estancia legal en el país.
Donald Trump y su base de apoyo mayoritariamente blanca,
xenófoba y en muchos casos racista, siempre criticó el programa (aunque en
ocasiones simuló ser “compasivo”), pues lo consideró como una “amnistía” a
quienes habían quebrantado la ley (en este caso los padres de los niños);
además de que legalizar la estancia de estos jóvenes implicaría un “incentivo”
(tal como lo afirmó hoy el procurador Jeff Sessions, al anunciar el fin del
citado programa) que propiciaría la llegada de más niños, que buscarían su
posterior legalización.
De igual forma, en la narrativa anti inmigrante, una parte
relevante del establecimiento republicano, ha considerado que legalizar a estos
jóvenes implica desplazar de puestos de trabajo y oportunidades de estudios a
los “americanos” (como si estos jóvenes no lo fueran ya, en vista de que han
pasado la mayor parte de su vida en ese país).
Ahora Trump le ha dado al Congreso 6 meses para legislar
algún tipo de permiso o estatus legal para estos jóvenes, de lo contrario en
Marzo del próximo año, comenzarán a ser deportados.
En el caso de Estados Unidos, se pueden señalar varios
irresponsables o culpables de que esta situación llegara al límite.
Primero hay que decir que la economía de Estados Unidos, cada
vez más requiere de la mano de obra barata que viene principalmente de países
de América Latina (destacando México y Centro América), pues es una forma en
que los empresarios de ese país abaten costos y pueden competir contra los
productos de otros países en donde la mano de obra es casi regalada (caso de
México, Centro América y varios países de Asia), los cuales tienen acceso al
mercado estadounidense gracias a los tratados de libre comercio firmados en las
últimas tres décadas.
Así también, sectores importantes de la economía interna de
Estados Unidos van dependiendo cada vez más de esta mano de obra barata[2]
que llega de manera indocumentada al país, y con el tiempo va generando una
masa crítica que requiere una salida política y/o jurídica, como en su momento
fueron las legislaciones migratorias de 1964 y 1986, que permitieron la
legalización de cientos de miles de indocumentados.
De ahí que, una necesidad económica creciente de la economía
estadounidense, se topa cada 20 ó 30 años con los obstáculos del sistema
político, que responde a una parte del electorado que bien podría ser del orden
del 50% del mismo, y que sigue viendo a los extranjeros, inmigrantes y recién
llegados, como competencia desleal, como un peligro para su seguridad física y
económica; y como una “amenaza” a su modo de vida.
Así, se presenta recurrentemente el choque entre la dinámica
económica y la psique social, que se refleja en el establecimiento político,
generando las contradicciones que vemos ahora con el programa DACA y su
finalización.
Esa contradicción entre economía y política en Estados
Unidos, que sigue sin resolverse, es una de las causas principales que genera
estos desequilibrios sociales, que como siempre acaban afectando al eslabón más
débil.
Pero también hay otros irresponsables y culpables de esta
situación.
Según el Centro de Investigaciones Pew, hay en Estados Unidos
un total de 11.1 millones de indocumentados en ese país, de los cuales
5,850,000 son mexicanos y 1,700,000 son centroamericanos; de Asia, Europa,
Medio Oriente y Africa provienen 2,465,000; de Sudamérica 650,000 y del Caribe
425,000.[3]
En el caso de nuestro país, está plenamente documentado que
el 63.4% de los inmigrantes mexicanos llegaron después de 1990. Y sólo 2 de
cada 10 inmigrantes mexicanos han adquirido la ciudadanía.[4]
Esto quiere decir que prácticamente la totalidad de los
mexicanos que entraron al programa DACA, forman parte de los indocumentados
llegados después de 1990.
De acuerdo con la ONU, México es el segundo país en el mundo
con más migrantes; tan sólo después de la India.[5]
Para 2015 la ONU estimó que en Estados Unidos había 12
millones 50 mil mexicanos, de los cuales como ya señalamos, 5,850,000 están de
forma indocumentada.
Así, de 1990 a 2015, llegaron a Estados Unidos un total de 7,639,700
mexicanos, esto es el 63.4% de los mexicanos que ahora viven ahí.
Y están de manera legal el 22% de esos 12 millones 50 mil; es
decir 2,651,000; por lo que en el período considerado, llegaron de manera
indocumentada un total de 4,988,700 mexicanos.
Prácticamente 5
millones de los 5,850,000 indocumentados mexicanos que viven en Estados Unidos,
llegaron en el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (iniciado en 1994), y de la política económica neoliberal instrumentada
por los gobiernos mexicanos (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña).
Y es que los gobiernos neoliberales han mantenido deprimidos
los salarios en el país, convirtiendo eso en el principal atractivo para la
inversión extranjera directa (seguido de la contigüidad geográfica con Estados
Unidos; nulas regulaciones ambientales y laborales; y generosas legislaciones
fiscales).
Ante ello, millones de mexicanos, que antes si bien no
contaban con un nivel de vida digno, al menos podían “ir pasándola” con sus
actividades agrícolas, comerciales y artesanales, se vieron brutalmente
desplazados del mercado de trabajo con el tratado de libre comercio; y además,
la permanencia de los bajísimos salarios mantuvo a amplias capas de la
población en la pobreza o muy cerca de ella, obligando a una gran parte de
ellos a buscar un mejor nivel salarial en Estados Unidos, para así poder enviar
dinero a sus familias en México (ya se llega a la cifra de 25 mil millones de
dólares de remesas por año).
Así que, esa migración
económica forzada por las miserables condiciones en México (lo mismo puede
decirse de Centro América), aunadas al aumento exponencial de la violencia en
contra de miles de comunidades y pueblos en México por parte del crimen organizado,
asociado a la subclase política corrupta y a las trasnacionales, con objeto de
desplazar a la población de zonas en donde se quiere explotar recursos naturales;
llevaron a esos 5 millones de mexicanos
a salir del país, justamente como consecuencia de las políticas neoliberales
instrumentadas en México, y de la descomposición político-social del país que
han provocado las mismas, generando el incremento del crimen y la violencia.
Para las élites vasallas mexicanas, el que millones de
mexicanos que no pueden encontrar un empleo decente en su país, emigren a
Estados Unidos, resultó muy favorable para quitarle “presión” a la situación
política, social y económica; y a la vez, les conviene pues esa población, que
sí está comprometida con su país, envía miles de millones de dólares a sus
familias en México, que sirven para equilibrar la balanza de pagos.
Por eso resulta una
hipocresía monumental escuchar a Peña y a sus corifeos, así como a los
empresarios explotadores de nuestro país, desgarrarse las vestiduras por los
migrantes y los “dreamers” (beneficiarios del DACA), cuando en principio ellos
han sido los culpables de lanzar al destierro económico a los padres de esos
muchachos, por los bajísimos sueldos que se pagan en México, los niveles de
explotación y despojo descomunales que las grandes empresas de los oligarcas y
las trasnacionales ejercen contra los pueblos y comunidades del país; y el
desastre que es México en materia de inseguridad y violaciones masivas de los
derechos humanos.
Pero eso sí, cuando se les plantea a los hipócritas
negociadores mexicanos del tratado de libre comercio y a sus “asesores”
empresariales, qué pasará con los salarios de los trabajadores mexicanos,
entonces ahí si no hay modernización, ni consideración alguna, todo permanecerá
igual; ahí si no habrá homologación con las leyes y condiciones de Estados
Unidos y Canadá; en eso sí hay soberanía. Aquí en México se va a seguir
explotando a los trabajadores del campo y la ciudad y los recursos naturales,
como les convenga a las trasnacionales y a los oligarcas; eso sí que no entra
en ninguna negociación.
De ahí que los principales culpables de la situación de los “dreamers”
son los gobernantes, los tecnócratas y los oligarcas mexicanos, que han
mantenido un sistema de explotación brutal de la población del país, que ha llevado
a un parte importante de la misma a emigrar, en condiciones terriblemente
vulnerables y a expensas de lo que los gobernantes en turno de la superpotencia
quieran y les convenga.
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