POLÍTICA EXTERIOR DE “NORTEAMÉRICA”

La tecnocracia al servicio de la élite neoliberal de Nueva York y Washington, que ha encabezado la política exterior del país las últimas décadas (Gurría, Derbez, Meade, Videgaray)[1], no tiene como referente los principios de política exterior establecidos en la Constitución o las doctrinas Carranza y Estrada que guiaron las relaciones internacionales del país en la etapa del nacionalismo revolucionario (1917-1987).

Para la subclase política corrupta, los tecnócratas neoliberales y los oligarcas, el proyecto nacional surgido de la Revolución y de la Constitución de 1917 está muerto y enterrado.

Su proyecto es “Norteamérica”, entendido como la adhesión de México a la hegemonía económica, política y militar de Estados Unidos; como un aportador de mano de obra muy barata, de recursos naturales y financieros[2] para beneficio de la superpotencia, a cambio de que las “élites” política[3] y económica de México se perpetúen en el poder, se enriquezcan obscenamente y se les considere como “amigos, socios y aliados” en la capital del imperio[4].

El instrumento fundamental para afianzar esa vinculación subordinada de nuestro país a Estados Unidos ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que durante 23 años y medio ha permitido a las grandes trasnacionales del vecino país y a los oligarcas de aquí, obtener enormes beneficios pecuniarios y la conformación de un espacio común económico en donde se unen los bajísimos salarios que se pagan en México y el acceso a sus recursos naturales sin restricción, por parte de las trasnacionales; con el enorme mercado de consumidores estadounidenses y la plataforma de innovación tecnológica más avanzada del planeta.

Así, para los grandes empresarios de ambos países (más los canadienses) y sus subordinadas subclases políticas, que se encargan de proteger esos intereses desde la estructura gubernamental, el TLCAN ha sido un “gana-gana”; sin importar que en México los obreros, empleados y campesinos ganen salarios miserables, que los han obligado a emigrar, precisamente a los Estados Unidos durante las dos últimas décadas (5 millones de los 5,850,000 indocumentados mexicanos llegaron a Estados Unidos durante la vigencia del tratado comercial); ni que en Estados Unidos ciudades y regiones enteras hayan perdido miles de fábricas que “emigraron” a México, en busca de menores costos laborales y regulaciones más laxas.

Por ello, la prioridad de la política exterior mexicana desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) no ha sido la “defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial” del país, sino la consolidación de la política económica neoliberal, que en su vertiente internacional implica la subordinación completa del país a las directrices establecidas por Estados Unidos. Ni más, ni menos.

Por ello, no extraña que el “canciller” Videgaray viaje prácticamente una vez al mes a Estados Unidos para recibir instrucciones del Departamento de Estado, sobre lo que debe hacer y decir.

Así, apenas regresó Peña de su participación como invitado en la cumbre de los BRICS en Xiamen, China; Tillerson dio un manotazo en la mesa y seguramente exigió un acto de sumisión al gobierno peñista, para que demostrara que su acercamiento a China y Rusia (se entrevistó con Putin, la “bestia negra” del establecimiento político en Washington), sólo había sido un pequeño desliz.

Por lo tanto, Videgaray cumplió con la orden[5] (que ya había sido planteada públicamente por el vicepresidente Mike Pence durante su reciente gira por Sudamérica, llamando a romper relaciones diplomáticas con Corea del Norte a aquellos países que aún las mantuvieran); y declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte en México, aduciendo que su país violaba las resoluciones de la ONU en relación a las pruebas que ha realizado con armas nucleares y al lanzamiento de misiles balísticos, lo que pone en riesgo a importantes “aliados” de México, como Japón y Corea del Sur.

La inclusión de japoneses y coreanos del Sur en la justificación de la expulsión del embajador norcoreano, fue un torpe y evidente intento de desviar la atención de la verdadera razón de la medida; es decir, acatar la orden de Washington.

Y en el mismo sentido, las iniciativas de México para condenar al gobierno de Maduro en el seno de la OEA, se alinean con la política de Washington de aislar a dicho gobierno, por su osadía de retar a la superpotencia, al no acceder a cancelar las elecciones y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

En ambos casos, el gobierno de Peña requiere “quedar bien” con sus amos, con objeto de evitar que la renegociación del TLCAN pueda verse afectada por una insatisfacción del gobierno estadounidense en la actuación de México, en dos temas en los que la hegemonía estadounidense está en entredicho, es decir los casos de Corea del Norte y Venezuela.

De la misma forma, Peña requiere el apoyo de Washington para las próximas elecciones federales del 2018, pues va a utilizar todo el poder del Estado y a desviar recursos públicos para apoyar al candidato presidencial de su partido, con objeto de evitar que la izquierda, representada por Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador, gane la elección.

Peña no desea que Estados Unidos cuestione el uso faccioso que hará del aparato y los recursos estatales para mantener a su partido y especialmente, a su grupo político en el poder; de ahí que está dispuesto a seguir entregando los pocos jirones de soberanía que le quedan al país, con tal de que Washington le dé el visto bueno (o al menos se haga el desentendido) respecto al enorme fraude electoral que prepara para el próximo año, que asegurará la permanencia del modelo económico expoliador y depredador actual;[6] y la subordinación política y militar[7] a la superpotencia.

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[1] Así como los “diplomáticos” y políticos (Castañeda, Espinosa, Ruiz Massieu) que aplicaron las mismas directrices.

[2] El pago de la deuda externa será por casi 700 mil millones de pesos el próximo año, más que el presupuesto destinado para obras de infraestructura e inversión física.

[3] PRI, PAN, PRD y PVEM; Consejo Mexicano de Negocios.

[4] De ahí el enorme disgusto de esas élites por el desprecio que les manifiesta Trump y una parte del establecimiento político de Washington, que sólo los ven como “capataces” y mozos de estribo.

[5] Ahora Perú ha hecho lo mismo, seguramente a instancias del Departamento de Estado, para así no dejar sólo al abyecto gobierno mexicano, pues hasta ahora había sido el único en aplicar medida tan ridícula.

[6] Lo único que aún no se decide es qué facción del neoliberalismo encabezará los próximos seis años dicho proyecto: el nuevo frente “ciudadano” o el PRI y sus aliados bonsái.

[7] Como ejemplo de ello viene el titular del Pentágono, J. Mattis a las fiestas “patrias”, como recordatorio de quién manda aquí; y quizás para festejar los 170 años de la toma de la ciudad de México por las tropas estadounidenses, en 1847.