Este inicio del 2017 ha sido catastrófico para la franquicia
de negocios llamada Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después del fraude electoral mediante el cual Peña Nieto se
hizo con la presidencia en el 2012, la corriente Nueva Izquierda, dirigida por
Jesús Ortega y Jesús Zambrano (los llamados “chuchos”) definitivamente se
apoderó del PRD, lo que llevó a la ruptura con Andrés Manuel López Obrador y su
salida del partido para crear el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Esta corriente (los “chuchos”) argumentó que para lograr el
cambio en las condiciones sociales y políticas del país era indispensable
llegar a acuerdos con la derecha, es decir el PAN, y especialmente con el nuevo
gobierno de Peña Nieto; por lo que se sumaron al denominado Pacto por México,
mediante el cual el neoliberalismo logró sus “reformas estructurales” en
distintos ámbitos de la vida nacional, asegurando su inclusión en la Constitución,
y con ello su permanencia, sin importar la orientación ideológica del gobierno
en turno.
A la única reforma que se opuso el PRD tibiamente y como se
vería después tramposamente, fue a la energética; sin embargo, en el presupuesto para 2017 dio su aprobación
a la liberalización de los precios de los combustibles (el “gasolinazo”), parte
fundamental de dicha reforma; y luego de manera oportunista rechazó esos mismos
aumentos, a pesar de que habían dado su voto favorable en el Congreso de la
Unión.
En las elecciones intermedias del 2015[1]
y en las estatales del 2016 la votación en favor del PRD se desplomó, en vista
de que la población ha advertido claramente que este partido, bajo la dirección
de la corriente Nueva Izquierda, perdió su compromiso con las causas sociales y
se dedicó a pactar alianzas y acuerdos bajo la mesa con el PAN y PRI para
acceder a distintos puestos de elección popular, con el único objetivo de
ocupar posiciones de poder, pero sin ningún proyecto político identificado con
las clases más desfavorecidas de la sociedad y con las disminuidas clases
medias, todo lo cual le ha pasado factura electoral en los últimos dos años.
Y por supuesto, la que ha capitalizado esa desnaturalización
del PRD ha sido la nueva agrupación política que sí tiene un programa y un
proyecto identificados con las causas populares, es decir Morena; que además
cuenta con el liderazgo del único representante de la izquierda a nivel
nacional que se ha mantenido congruente en su postura de denunciar la
corrupción, impunidad, desigualdad y abusos de un sistema político-económico
que sólo beneficia a una minoría en lo económico, a la superpotencia vecina, a
la subclase política corrupta y al crimen organizado.
A lo anterior hay que sumarle la desastrosa gestión de Miguel
Angel Mancera en la ciudad de México, quien después de ser el candidato más
votado en la corta historia de las elecciones para jefe de gobierno, en el 2012
(63.58% de los votos), vio derrumbarse la votación en favor del partido que le
dio su apoyo (y al cual no se ha adherido oficialmente en todos estos años), el
PRD, pues de gobernar 14 delegaciones entre el 2012 y el 2015, ahora ya sólo
gobierna en 6; y en las elecciones para la Asamblea Constituyente en el 2016,
cayó derrotado ante Morena por una diferencia de más de 80 mil votos.
La inseguridad en la ciudad de México está al alza, con crímenes
de ciudadanos por negarse a ser asaltados; robos a mano armada por distintas
calles y avenidas de la ciudad; personas ejecutadas en diversas delegaciones;
aumento del robo de automóviles, de secuestros, etc.
Y además hay que agregarle el rechazo de la ciudadanía a los
proyectos privatizadores de Mancera (por ejemplo el servicio de agua, al cual
no ha renunciado), y los cambios de uso de suelo para favorecer a los
desarrolladores inmobiliarios; así como el repudio a los expoliadores programas
de parquímetros y foto multas, que sólo son negocios de grupúsculos cercanos al
jefe de gobierno, disfrazados de reglamentos de tránsito.
De ahí que la precandidatura presidencial “ciudadana”
(Mancera dixit) del jefe de gobierno
va a la baja, y su principal “logro”, es decir la aprobación de la Constitución
de la Ciudad de México se ha visto opacado, no sólo por su desastrosa gestión
al frente de la ciudad, sino ahora también por las muchas impugnaciones en contra
de la Constitución, desde diferentes sectores sociales y partidos políticos.
Por todo ello, una parte no despreciable de las bases, pero
principalmente de dirigentes del PRD, ciertamente con una visión oportunista,
están abandonando a dicho partido y pasándose a Morena, destacando sobre todo el
senador Miguel Barbosa, quien por expresar su abierto apoyo a López Obrador fue
quitado de la coordinación senatorial de su partido, lo que ha generado una
crisis en ese grupo parlamentario, que ahora está claramente dividido entre
quienes apoyan al líder de Morena y quienes se mantienen en la franquicia
perredista.
Para empeorar las cosas para el PRD, desde el mismo partido
surgió la pista que llegó a la cadena Univisión de Estados Unidos, para que se
supiera del costosísimo departamento que la dirigente nacional perredista,
Alejandra Barrales posee en Miami, y que intentó esconder mediante la creación
de dos empresas “tapaderas”, una en México y otra en Estados Unidos, cuyo único
fin y patrimonio (de ambas) es el citado departamento.
Las patéticas explicaciones que ha intentado dar Barrales para
justificar el que no haya dado a conocer una propiedad de 1 millón de dólares
(¿de dónde obtuvo tanto dinero, por más que diga que lo consiguió a crédito?),
sólo confirman el nivel de corrupción y desfachatez de la subclase política mexicana, y el nivel de podredumbre en el que está el PRD y que lo
llevará a su casi extinción en las elecciones del 2018, a menos que sus aliados
de la derecha (significativamente el PAN), lo salven con una alianza, tal como
lo hicieron en las elecciones estatales del 2016.
[1]
En las elecciones del 2015 cayó de 15.28% que había obtenido para diputados
federales en 2012 a 10.87%.
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