Uno de los políticos más tradicionales y cuestionados
del país, el príista Manlio Fabio Beltrones, ahora convertido en “politólogo”,
después de que fue corrido de la dirigencia de su partido por las derrotas en
las elecciones estatales de este año, propone[1]
modificar la Constitución y las leyes electorales para que en las elecciones
federales del 2018, si ningún candidato presidencial logra al menos el 42% de
los votos, esté obligado a formar un “gobierno de coalición” con los partidos
que quedaron con menos votación.
Es una fórmula para el desastre, como se ha visto en
los regímenes parlamentarios, en donde difícilmente se ponen de acuerdo
partidos con propuestas distintas, y a veces diametralmente opuestas, en los
casos en que ninguno cuenta con la mayoría para formar gobierno (ahí están los
casos español e italiano). Lo que va a asegurar esa propuesta (que casi
seguramente ni siquiera se considerará en el Congreso) es que el gobierno en
turno aplique políticas contradictorias (por ejemplo los tecnócratas de
Hacienda restringiendo el gasto, mientras las áreas de asistencia -que no desarrollo-
social proponiendo su ampliación); escenificando luchas por el poder entre los
miembros de los distintos partidos y sabotajes de los secretarios de partidos
distintos, al presidente.
Pero lo que refleja la inviable y estrafalaria
propuesta de Beltrones es el pánico de la subclase política ante la posibilidad
de que en el 2018 Morena y su seguro candidato presidencial, Andrés Manuel
López Obrador tengan la posibilidad de acceder a la presidencia con una
votación de alrededor del 30% del total.
El PAN también ha propuesto la segunda vuelta como
fórmula de evitar que López Obrador se alce con el triunfo con ese nivel de
votación, pues en una segunda ronda los panistas y príistas podrían unirse
(dependiendo quién quede en segundo lugar), para derrotar al candidato de
Morena.
Por lo que se ve por el momento, el PRI, el PAN y
Morena podrían rondar entre el 25 y el 28% de la votación cada uno, mientras
que Mancera y su coalición de minipartidos (PRD, Movimiento Ciudadano y PT) podrían
estar en 15% y la candidata indígena que propondrán el EZLN y el CNI, en caso
de concretarse esa candidatura, no más de 1 ó 2%.
Evidentemente quedará un panorama político-electoral
fracturado, con un presidente con apoyo popular menor a la tercera parte y un
Congreso fraccionado.
Sin embargo ese no es el problema real, ya que el PRI,
PAN, PRD, PVEM, PANAL y PES, representan a la derecha en México; esto es la
subordinación completa del país a los dictados del gobierno de Estados Unidos,
los organismos financieros internacionales (FMI, BM y BID); Wall Street y la
plutocracia aliada a esos intereses trasnacionales (Consejo Mexicano de
Negocios). El único partido que está identificado y comprometido con los
intereses de la mayoría de la población es Morena, por lo que es muy factible
que a este partido y a su candidato presidencial se les opongan todo tipo de
obstáculos (“legales” e ilegales), para impedir su llegada al Poder Ejecutivo
Federal.
De hecho cuando López Obrador estuvo al frente del
gobierno de la ciudad de México (2000-2005), todos los partidos contrarios al
entonces PRD en el que militaba López Obrador se coaligaron para destituirlo de
su puesto, con una acusación frívola sobre un terreno en la zona de Santa Fe
(similar al golpe de Estado que recientemente los corruptos legisladores
brasileños realizaron contra la presidenta Dilma Rousseff), por lo que de
triunfar en las elecciones del 2018, es muy probable que se enfrentaría
nuevamente a una mayoría opositora golpista en el Poder Legislativo, como las
que ahora existen en Brasil y en Venezuela.
En suma, parece que el pánico de la subclase política
por la posible llegada de López Obrador a la presidencia, parece exagerado, en
vista de que aunque sucediera, los golpistas opositores aún cuentan con
innumerables medios para sabotear e incluso destituir al líder de Morena.
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