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Zapata

martes, 18 de octubre de 2016

EL PODER DEL SIONISMO SOBRE LA POLITICA EXTERIOR VASALLA DE MEXICO

Según todas las fuentes consultadas el gobierno de México instruyó a su embajador ante la UNESCO Andrés Roemer, votar en favor de la resolución mediante la cual este organismo internacional condenó las medidas ilegales de las autoridades israelíes “contra la libertad de culto y el acceso de musulmanes” a la mezquita de Al Aqsa.  La resolución exige a Israel, a quien correctamente denomina “potencia ocupante”, que deje de excavar o hacer obras junto a lugares sagrados para los musulmanes en Jerusalén, Hebrón y Belén. Enumera también “ataques continuos contra la mezquita por extremistas israelíes  de derecha y uniformados”.[1]
La resolución fue aprobada por el Consejo Ejecutivo, órgano de gobierno de la UNESCO en el que están representados 58 países. De esos 58 países, 24 votaron a favor (incluido México) y sólo 6 en contra (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Lituania y Estonia); 26 se abstuvieron y dos se ausentaron.
Tramposamente, como siempre, el gobierno del fascista Benjamín Netanyahu consideró que la resolución pretendía cortar los lazos de los judíos con Jerusalén, lo cual es totalmente falso.
Y por supuesto, el sionismo internacional, una vez establecida por Tel Aviv la narrativa que debe defender, se ha lanzado en todo el mundo a mentir, diciendo que la resolución pretende establecer que los “judíos no tienen derechos históricos sobre Jerusalén”; y algunos llevan la mentira aún más allá, como la sionista mexicana Adina Chelminsky[2] quien afirma que también se niegan esos vínculos a los “cristianos”, lo que es una mentira monumental.
La misma Chelminsky deplora que el embajador Roemer de origen judío, no haya renunciado o protestado por el voto para el que fue instruido por el gobierno mexicano, señalando que: “Por más que uno entienda que el estado mexicano es laico y que un embajador de cualquier índole tiene que representar a su país, y no sus intereses personales, la verdad es que sí pensé que Andrés Roemer debió haber ejercido (sic), como judío que es después de ser mexicano, una postura”.
Así que para los sionistas, si se es judío, primero se debe tener lealtad a los intereses sionistas, por encima de su obligación como funcionario público y como ciudadano mexicano; haciendo caso al gobierno de Tel Aviv y a lo que éste determine para todos los judíos del mundo, estén o no de acuerdo con el sionismo.
¿Así que los funcionarios católicos tendrían que tomar “una postura” cada vez que el gobierno mexicano decida sobre algún tema que ofenda o genere controversia con la Santa Sede?
Para los sionistas (quizás no más de un 5% de los judíos del mundo no se sienten identificados con el sionismo), es una obligación de los judíos, cualquiera que sea su nacionalidad, defender las posiciones del gobierno de Tel Aviv, porque según ellos, así defienden a Israel.
Ahí está el sonado caso del espía Jonathan Pollard, uno de los más dañinos para la seguridad nacional de Estados Unidos, quien por ser judío, consideró su deber pasar información clasificada al gobierno de Israel, por encima de la lealtad que debía tener hacia su país, Estados Unidos y por lo que pasó casi tres décadas en la cárcel[3] (ya fue perdonado por Obama, como parte del “pago” que el gobierno de Washington hizo al de Netanyahu por la osadía de haber negociado el tratado sobre el programa nuclear civil de Irán).
Pues bien, tal fue la presión de la poderosa comunidad judía (y por lo que se ve pro sionista) de México al débil, vasallo y corrupto gobierno mexicano, que la cancillería mexicana se retractó de su voto en favor de la resolución de la UNESCO (ahora es de abstención), culpó del mismo al embajador Roemer, lo destituyó y expresó la más vergonzosa de las disculpas a la comunidad judía del país por tan craso error.[4]
Pero da la casualidad de que el propio Roemer se ausentó en el momento de la votación en la UNESCO lo que le valió que el embajador de Israel ante ese organismo, Carmel Shama Hacochen, le escribiera diciéndole: “Fue conmovedor ver que abandonaste el salón durante la votación para evitar votar en contra de tus creencias…”.[5]
Es bueno saber que los funcionarios públicos que profesan el judaísmo van a ejercer sus facultades de acuerdo con su fe y con la equivalencia que la misma tiene con el sionismo, según la práctica cotidiana del gobierno de Tel Aviv, por lo que su verdadera lealtad es hacia el gobierno de Israel, no el de México. Que quede claro.
Si existiera un gobierno en México que defendiera el interés NACIONAL y a los MEXICANOS; no sólo a las élites económicas, a la comunidad judía y a los Estados Unidos, hace ya mucho tiempo que se hubiera destituido a todos esos funcionarios que ponen por delante sus “creencias personales” y su lealtad a gobiernos extranjeros, antes que a los del que se supone es su país, México.
Cabe señalar que el gobierno mexicano ya había votado resoluciones similares a la aprobada por la UNESCO sobre la mezquita de Al Aqsa. ¡Doce ocasiones anteriores! Por lo que la retractación en esta ocasión sienta un ominoso precedente, ya que representa la enorme debilidad de este gobierno ante las presiones de una comunidad en específico, que poco le interesa la política exterior mexicana y está más preocupada por la de Israel; y ante la presión de un gobierno extranjero, cotidianamente acusado en los organismos internacionales de ser un violador continuo del derecho internacional, por su ilegal ocupación de los territorios palestinos y por los crímenes de guerra que comete en sus incursiones militares en Gaza y Cisjordania.
No debe sorprender la posición vasalla de Peña (que fue a Israel recientemente a rendir pleitesía a ese criminal de guerra Shimon Peres), quien tiene un palmarés de violaciones de derechos humanos durante su sexenio comparable con cualquier dictador de los años setentas o sesentas en América Latina, Africa o Asia.
Además, Peña debe estar buscando la protección del sionismo internacional, una vez que termine su desastroso sexenio, pues la desatada corrupción y la crisis en derechos humanos en el país lo harían acreedor a ser encarcelado, en caso de que llegara al poder en México una opción nacionalista y soberanista (cosa que se ve casi imposible).

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