Para el gobierno de Peña Nieto su reforma educativa forma parte
de la consolidación del proyecto neoliberal, que tenía que quedar plasmado en
la Constitución con objeto de evitar que un cambio en el Poder Ejecutivo
Federal, pudiera poner en entredicho dicho proyecto, ya que se requieren las
2/3 partes de los votos en el Congreso para cambiar la Carta Magna, más la
aprobación de la mayoría de las 32 legislaturas estatales.
El junior tecnócrata que Peña puso al frente de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), y que al parecer es su preferido para alcanzar la
candidatura del PRI a la Presidencia, Aurelio Nuño, señaló claramente ante los
consejeros del principal banco del país (y también principal banco “lavador de
dinero”[1]
del narcotráfico), BBVA Bancomer, los objetivos principales de esta reforma[2]:
a)
“Reorganización
del sistema educativo”. Referido a desmantelar aquellas secciones sindicales
que habían llenado de “vicios” al sistema, y así pasar del “clientelismo
político” al mérito.
b)
“Reorganización
de las escuelas”. Menos tiempo a labores burocráticas y más a la enseñanza.
c)
“Profesionalización
de los maestros”. Evaluaciones anuales a los docentes.
d)
“Contenidos”.
Contenidos del S.XXI que permitan a los niños “discernir”.
e)
Cambios
que deben llegar a todos los niños.
Como se puede apreciar en los puntos que señaló Nuño, lo
primordial es golpear a las secciones sindicales que no están sometidas a la
SEP, esto es a las que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), a las que se les acusa de tener privilegios y de
mantener “vicios” que afectan al “sistema”.
El verdadero objetivo de la reforma es eliminar focos de
disidencia y de oposición a las “reformas estructurales”, que constituyen la
maduración final del depredador proyecto neoliberal.
Y tal como lo hizo el fascista y corrupto Calderón con el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), instrumentando una operación
político-legal para su desaparición, y así permitir la entrada de capitalistas
extranjeros en la producción y distribución de la energía eléctrica; así
también Peña y Nuño han enfocado su supuesta “reforma educativa” en desbaratar
a la CNTE, con objeto de que el sistema educativo nacional se convierta en un
apéndice de las corporaciones trasnacionales, de donde egresen empleados y
obreros dispuestos a trabajar 12 horas diarias, con salarios y prestaciones
miserables y “concientizados” de que su lugar y función en la sociedad es
trabajar para las grandes empresas nacionales y extranjeras, extirpándoles
desde niños, la conciencia de transformación social, que por supuesto los
señores del capital ven como un peligro para sus intereses.
¿Qué propone la CNTE?[3]
1)
Una
educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de
valores universales.
2)
Convertir
el proceso educativo en un espacio de creatividad, exploración y participación.
3)
Además
de la formación en conocimientos, ésta debe apuntar a convertir a los
estudiantes en verdaderos ciudadanos, conscientes y preocupados por el interés
general de la sociedad.
4)
Lucha
por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano (asignación de plaza
automática a todos los egresados de las escuelas normales públicas, pues han
sido formados y acreditados por instituciones del Estado Mexicano).
5)
Evaluación
de los maestros “de abajo hacia arriba”. Una evaluación horizontal que salga de
las escuelas y comunidades, con las características de cada zona, región y
entidad federativa.
6)
Elección
libre de los representantes sindicales.
7)
Dotación
de útiles, uniformes, libros y becas en todos los niveles educativos de la
educación pública.
Los medios de comunicación de la oligarquía, el gobierno
peñista y las instituciones privadas que encabezan el proyecto neoliberal
educativo (Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad),
insisten en que el principal obstáculo para mejorar la educación es la forma de
operar de la CNTE, en vista de que su objetivo es manejar las plazas de
docentes (para venderlas, heredarlas o asignarlas a su conveniencia); su manejo
discrecional de los recursos económicos que obtiene a través de las cuotas
sindicales o en negociaciones con los gobiernos estatales, ahí donde tiene
presencia; y su práctica de “chantajear” a los gobiernos estatales y al federal
con paros y movilizaciones, si no se les respetan estos “privilegios”.
Una parte de todo esto es cierto, como el control de plazas
magisteriales; las negociaciones no muy claras que se tienen con los gobiernos
estatales, para manejar recursos económicos destinados a la educación; y la
falta de transparencia en el manejo de los recursos sindicales.
Sin embargo, da la casualidad que todas estas prácticas no
fueron inventadas por la CNTE, sino por el propio Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), que desde su fundación se constituyó como
la correa de transmisión de las directrices del Presidente y del PRI al sector
educativo; y como el mecanismo de control del magisterio nacional.
Así que si existen todas esas prácticas nefastas en la Coordinadora,
vienen de su matriz, el SNTE, por lo que habría que erradicarlas de todo el
sistema educativo, incluyendo la profunda corrupción que ha lastrado a la propia
Secretaría de Educación Pública, la cual ha sido utilizada por políticos y
funcionarios como escalón en sus carreras y como fuente de enriquecimiento
personal.
Es muy fácil cargarle todas las culpas sólo al magisterio
disidente, sin voltear a ver todos los vicios y abusos que funcionarios y
dirigentes sindicales oficiales han promovido desde hace décadas.
Por ello la lucha de la CNTE está siendo cada vez más,
reconocida y apoyada por sectores de la sociedad que ven a la “reforma
educativa” peñista sólo como un medio más para golpear y sojuzgar a la
población.
Por ahora la CNTE y los sectores sociales y políticos que la
apoyan, han podido detener la política de represión generalizada que se
preparaba ya para desmantelarla por completo, pero ello no quiere decir que el
gobierno esté dispuesto a poner marcha atrás en la reforma, pues sabe que de
hacerlo, sus “reformas estructurales” se pondrían en entre dicho.
A lo más a lo que está dispuesto el gobierno es a quitar un
poco de presión a la CNTE, flexibilizando las evaluaciones y los castigos a
quienes no las han presentado; y abriendo un espacio de discusión sobre el “modelo
educativo”, que bien puede convertirse en un proceso largo, desgastante y sin
resultados claros.
Lo que no puede hacer la CNTE es desistir en sus demandas, y
en todo caso medir muy bien hasta donde puede extender sus protestas, porque si
bien una parte de la sociedad entiende sus reclamos y la apoya, otro está en
contra del sindicalismo en general y presiona por aplicar la mano dura contra
bloqueos y movilizaciones.
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