A raíz de los resultados de las elecciones en 12 entidades de la República, el pasado 5 de
junio[1],
que dejó un saldo negativo para el PRI y el PRD, los presidentes de ambos
partidos, Manlio Fabio Beltrones y Agustín Basave, han presentado su renuncia.
Basave se irá el próximo 2 de julio y Beltrones espera la
resolución que tome en las próximas semanas el Consejo Político Nacional del
PRI, o lo que es lo mismo, Enrique Peña Nieto.
Hay varios problemas de fondo que están impactando a la subclase
política nacional y que están cobrando su factura.
Primero, hay una crisis evidente en materia de violaciones
sistemáticas a los derechos humanos en el país[2],
que ha sido documentada y denunciada por organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras y hasta por el
principal aliado del gobierno mexicano, esto es, el gobierno de Barack Obama, a
través de los informes sobre derechos humanos en el mundo que presenta cada año
el Departamento de Estado.
La falta de acción del gobierno mexicano y en especial su
negativa a asumir sus responsabilidades y las recomendaciones de organismos
internacionales en la materia, así como las fuertes controversias que tuvo el
gobierno con el Grupo Independiente de Expertos Internacionales sobre el caso
Ayotzinapa, han puesto a México en el banquillo de los acusados en el ámbito
internacional.
Este asunto impacta de frente al Gabinete de Seguridad,
especialmente al Secretario de Gobernación, a la procuradora general de la
República y a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.
Las presiones sobre esta sensible área del gabinete han
provocado decisiones erróneas y contradictorias (por ejemplo, primero invitar a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a asesorar en el caso
Ayotzinapa, y después obstaculizar su labor y finalmente dar por terminada su
actuación, sin asumir plenamente las recomendaciones que se hicieron sobre el
asunto); críticas severas a la actuación de las fuerzas de seguridad y las
fuerzas armadas, que han tenido su repercusión en apoyos irrestrictos del
presidente a la actuación de estas instituciones, pero a la vez reconocimiento
de las mismas por los excesos y abusos cometidos en el combate a la
criminalidad y a la protesta social.
En suma, se advierte dentro del gabinete de seguridad una
serie de “bandazos”, entre rechazar las denuncias y críticas por las
violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades, y la
aceptación (ante las irrefutables evidencias de dichas violaciones), de que se
debe actuar para evitar esas prácticas, castigar a los culpables y reparar el
daño (hasta donde es posible) a las víctimas.
Segundo, la generalizada corrupción en la subclase política y
la impunidad que le acompaña, ya llegan a niveles que aún la muy acomodaticia y
“satisfecha” sociedad mexicana, ya considera como intolerables.
Los casos del propio Peña, su esposa y su secretario de
Hacienda, con las lujosas residencias “compradas” al principal contratista de
su gobierno; los excesos y abusos de al menos tres gobernadores que fueron
castigados en las urnas en las elecciones del 5 de junio (Javier Duarte en Veracruz;
César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo); las decenas de
empresarios y políticos implicados en el caso de los “papeles de Panamá”, al
menos por evasión de impuestos, etc.
Tercero, la evidencia del involucramiento de autoridades de
diversos niveles con el crimen organizado, y las acusaciones que durante las
campañas se hicieron entre los distintos partidos al respecto (destacan los
casos de Tamaulipas y Veracruz, entre PRI y PAN), permitieron a la ciudadanía
constatar que el combate al crimen organizado es más una lucha entre facciones
y grupos que buscan quedarse con la mayor tajada de recursos, y no un combate real
para erradicar la criminalidad.
Cuarto, la forma autoritaria en que el presidente Peña y el
secretario de Educación Pública han intentado imponer la reforma educativa en
el país; y en especial, su intento por doblegar a través de la fuerza, la resistencia
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han provocado un
conflicto mayúsculo en varias entidades del país, que ya trasciende el ámbito
magisterial y que está afectando a comunidades enteras, especialmente indígenas
y campesinas, que tienen un fuerte vínculo con la Coordinadora.
Quinto, la desatada lucha por la sucesión presidencial, tanto
dentro del gabinete de Peña (alentada por él mismo), como en los partidos de
oposición (PRD y PAN significativamente), están generando luchas internas en el
gobierno (se habla que desde el gabinete económico se instrumentaron medidas
lesivas, como el aumento a la gasolina o el despido de miles de trabajadores de
Pemex, antes de las elecciones, con objeto de perjudicar al presidente del
PRI); y en los partidos (en el PRD, sobre la posible candidatura del jefe de
gobierno Miguel Angel Mancera, al que se le atribuye la derrota del PRD ante Morena
en la capital del país), que afectan políticas públicas, legislación y
decisiones a nivel federal y de los estados, que no tienen que ver con la
solución de problemas, sino con la lucha por el poder.
Sexto, el crecimiento económico mediocre, aunado a un entorno
internacional volátil (voto sobre permanencia o no de Gran Bretaña en la Unión
Europea; candidatura de Donald Trump en Estados Unidos; conflictos en el Medio
Oriente; atentados terroristas en países occidentales; etc.) mantienen a la
economía mexicana por debajo de las expectativas gubernamentales y de los
inversionistas internacionales, lo que se suma a posibles riesgos de que se presente
una salida brusca de capitales del país, ante la posibilidad de que en Estados
Unidos una nueva administración rechace o al menos ponga a revisión el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte.
Demasiados frentes abiertos por la política económica
neoliberal del gobierno (instrumentada desde hace 33 años), que lleva a
imponerla de forma autoritaria a la población, sumados a las propias
características de un sistema político basado en las complicidades en materia
de corrupción y protección al crimen organizado, que a querer o no, acaban
minando y pudriendo a las instituciones públicas; más una descarnada lucha por
el poder y por los recursos económicos, de parte de la subclase política y de
los oligarcas, que ante el desastre, deciden echarse culpas unos a otros y
hacer que paguen los platos rotos “los bueyes de mi compadre” (caso de la ley 3
de 3, en que de último momento se aprobó que también los particulares que
reciban contratos o recursos gubernamentales deban presentar dichas
declaraciones, lo que desató la ira de la Coparmex).
Y por si fuera poco, la jerarquía católica también le cobra
la factura a Peña (un egresado de una universidad perteneciente al Opus Dei),
por la presentación de la legislación sobre matrimonios de personas del mismo
sexo, que vieron como una traición al pacto entre ambos, pues la Iglesia
Católica no se había pronunciado de manera decidida contra el gobierno peñista,
hasta que se presentó (aún no se discute en el Congreso) dicha propuesta.
Así, Peña se acerca al final de su sexenio con más conflictos
y con menos apoyo de lo que se hubiera imaginado cualquier analista u
observador de la política nacional, después de que en el primer año de su
gobierno, el proyecto neoliberal por fin
se había plasmado por completo en la Constitución, con la aprobación de las
nefastas “reformas estructurales”. Pero da la casualidad que el costo social y político
de dichas reformas es muy alto, y ningún gobierno o presidente podría irse sin
pagar el precio que implica la imposición de dicho modelo depredador.
Desgraciadamente, la descomposición política que esto está provocando
(agudizada por la torpeza y arrogancia de Peña y su grupo de colaboradores), va
a llevar al país a una situación de crisis en los próximos dos años (política,
social y económica) en la que, como siempre, será el pueblo mexicano el que
saldrá más perjudicado.
[1] En
las que se eligieron nuevos gobernadores, más las de Baja California y la de la
Ciudad de México.
[2]
El relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Christof Heyns, señaló el 20 de junio pasado, que desde que estuvo
en México en 2013 y hasta la fecha, el progreso para la defensa de la vida en
nuestro país ha sido insuficiente, y la impunidad y la falta de rendición de
cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios
desafíos.
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