No parece que nuestro país pueda dirigirse a una opción distinta
a las dos presentadas en la cabeza de este artículo.
Por un lado, desde hace 35 años, una minoría de tecnócratas,
educados en Estados Unidos, absolutamente devotos a la superpotencia; junto con
un minúsculo grupo de plutócratas, asociados a las grandes trasnacionales
estadounidenses, europeas y japonesas; y una subclase política corrupta,
asociada a los oligarcas y a los grupos de crimen organizado (protegidos y
dirigidos por esa misma subclase), han implantado en el país un sistema
económico que ha devastado los recursos naturales y el medio ambiente del país;
ha saqueado una y otra vez las arcas nacionales; ha concentrado el ingreso en
esas minorías y en la superpotencia; ha expandido la desigualdad, la pobreza,
la injusticia, la marginación y con ellas, la violencia, la inseguridad, la
impunidad y la madre de todas ellas, la corrupción.
Estas minorías depredadoras y subordinadas a la
superpotencia, han mantenido la paz social mediante tres mecanismos
principales:
1) Una
democracia ficticia que ha abierto la posibilidad de que una parte de la clase
media del país (y algunos individuos de las clases más desfavorecidas), accedan
a posiciones de poder, en donde pueden enriquecerse mediante la corrupción, y
de esa forma, despresurizar al sistema político de las demandas de reforma y de
una parte de las protestas y movilizaciones de distintos sectores sociales;
2) Las
continuas reformas a la Constitución y aprobación de leyes y reglamentos que
supuestamente atienden las necesidades y demandas sociales, aunque en la
realidad sólo las sepultan en burocratismo, crecimiento desmesurado del aparato
gubernamental, diferimiento y entrampamiento de las mismas; y,
3) una
selectiva, pero permanente represión de los movimientos, partidos o individuos
que no pueden o no quieren ser comprados por el sistema (opción uno) o engañados
por el mismo (opción 2); marginándolos, satanizándolos y/o eliminándolos así de
la escena política y social.
En las últimas tres décadas y media este sistema económico
neoliberal, combinado con una democracia ficticia, ha permitido a los
tecnócratas, oligarcas y políticos corruptos (es un pleonasmo), mantener controlada
a la masa de desheredados del país
(según el Banco Mundial el 52% de la población; según el Coneval, hasta el
80%), que constituye la gran mayoría de la población; y relativamente contenta
y satisfecha a una clase media que no crece sustancialmente y que en todo caso
tiende a achicarse con cada nueva crisis
económica que golpea al país (autoinfligida o proveniente del sistema
internacional).
Está claro que dicho sistema tiene sólo un objetivo, mantener
y aumentar permanentemente la concentración de capital en una minoría. Y la
única manera de lograr eso es a través de una mayor explotación de la mano de
obra y de los recursos naturales, ya sea a través de la explotación directa o
del saqueo, el fraude, el robo, etc.
Y en vista de que el sistema económico tiene su corazón en el
sistema financiero, que ha desarrollado su propio mecanismo “endógeno” para
crear utilidades, sin tener que recurrir a la explotación directa de los
trabajadores y los recursos naturales; esto es inventa dinero, día a día,
minuto a minuto. El principal problema al que se enfrentan las minorías
depredadoras en México y en el mundo es la inflación, esto es, la gran cantidad
de dinero y medios de pago que se encuentran circulando (que el propio sistema
crea ininterrumpidamente), y que por su mismo origen (el sistema financiero), no están respaldados en horas/hombre que provienen
del trabajo, por lo que a mayor cantidad de dinero e instrumentos financieros
en circulación, sin respaldo en la economía real, menor valor de los mismos y
por lo tanto, menor riqueza real para la minoría depredadora.
De ahí que se haya establecido como “guardián” de un sistema
tan disfuncional a los bancos centrales, cuya principal función es mantener a
raya la inflación (esto es, retirar el exceso de circulante), con objeto de que
los dueños del capital no vean mermado el valor del mismo continuamente.
El problema radica en que la cantidad de instrumentos
financieros ha llegado a tal punto (sólo los derivados constituyen entre 12 y
20 veces el PIB global)[1],
que las acciones de los bancos centrales ya no sirven para mantener la
valorización del capital.
Por ello ahora la minoría depredadora se ha lanzado a darle “valor”
a ese Everest de papel que circula
por los mercados financieros de todo el mundo, y la única forma de lograrlo es
intensificando la explotación de los trabajadores (aunque esto se complica cada
vez más debido a la tecnificación de la industria, que requiere menos mano de
obra) y la de los recursos naturales del planeta.
De ahí que en estos 35 años se ha logrado devastar casi por
completo las conquistas laborales de los trabajadores, para así “flexibilizar”
al mercado laboral (ahí está la legislación laboral del 2012 en México); se
está lanzando un ataque global contra las regulaciones medio ambientales, por
parte de las grandes corporaciones (ahí están las propuestas en ese sentido del
Acuerdo Transpacífico y del de Inversión y Comercio entre Estados Unidos y la
Unión Europea); se ha abierto la explotación de vastos territorios a la
explotación de empresas mineras, petroleras y gaseras, usando técnicas tan
destructivas como el fracking
(reforma energética en México); y se está abriendo la posibilidad de que los
aparatos represivos de los Estados, puedan eliminar todo tipo de protestas y
oposición de parte de las poblaciones que se verán despojadas de sus
territorios y recursos naturales (ahí está en México la aprobación de la
llamada “Ley Atenco” en el Estado de México que permite la represión de las
manifestaciones y protestas sociales, prácticamente sin restricciones; y la
reciente aprobación de nuevas facultades para las fuerzas armadas mexicanas,
que les permite efectuar aprehensiones y cateos a civiles, ordenados por la
justicia militar).
En México todas estas medidas llevarán a una explotación todavía mayor de la
población más desfavorecida; a un mayor despojo de recursos territoriales y
financieros, que golpeará también a la ya muy debilitada clase media; y sumado
todo ello con la necesidad de Estados Unidos de obtener un mayor plusvalor de
las que considera sus zonas subordinadas (América Latina especialmente) ante la
exacerbada competencia intercapitalista y la lucha por la hegemonía contra
otras potencias (especialmente China y Rusia), va a llevar a un creciente
enojo, frustración y finalmente movilización de la población (por “satisfecha”,
desinformada y apática que sea, cuando su supervivencia esté en juego, no va a
tener otra opción).
Si a lo anterior le sumamos la posibilidad de que Donald Trump
llegue a la presidencia de los Estados Unidos, y ello implique que al menos en
parte, cierre la válvula de escape que significa para el disfuncional sistema
económico de México la emigración, así como el envío de remesas y el superávit
comercial con los vecinos del Norte, las opciones para el país van a reducirse
a sólo dos:
1)
La
minoría depredadora convencerá/obligará al aparato represivo a llevar sus
acciones al máximo, con lo que el autoritarismo, sino es que la dictadura
militar desnuda, se establecerán en el país, con objeto de que la explotación
de la población, el territorio y el sistema financiero se mantenga, sin
importar el costo social y político que implica una represión generalizada
(podría empezar por regiones, como el caso reciente de Oaxaca y Chiapas en
ocasión de las protestas de los maestros; ahora ya se ha extendido a Guerrero).
2) Ante
la posibilidad de que una parte del aparato represivo se niegue a ejecutar la represión
masivamente o que ésta se haga de manera ineficaz, bien pueden surgir sectores
organizados que se opongan a la misma, no sólo de manera política y con
movilizaciones, sino incluso a través de la vertiente armada; en un escenario
de enfrentamiento y confusión generalizados, las potencias extranjeras, así
como los grupos del crimen organizado pueden aprovechar para obtener ventajas a
su favor, generándose así una situación de mayor desorden y finalmente la de un
Estado fallido.
No se advierte en la subclase
política mexicana ningún interés por evitar alguno de estos escenarios, ni el
de transitar hacia otro en que se fortalezca la democracia, se le pongan
límites a la depredación que origina el sistema económico neoliberal y se fortalezca
la economía popular y los derechos civiles de la población.Todo lo contrario, la mayor parte de
esa subclase está a la venta al mejor postor, sean los oligarcas nacionales,
las trasnacionales o los grupos del crimen organizado. Y en lo que respecta a
la sociedad civil, se le advierte tan débil, desorganizada y en muchos casos,
dependiente del dinero y las directrices de la oligarquía (por ej. Instituto
Mexicano de la Competitividad, Transparencia Mexicana), que difícilmente podría
surgir de ahí un movimiento que pueda evitar el advenimiento del autoritarismo
(e incluso de la dictadura) o del Estado fallido.
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