NUEVAMENTE MÉXICO A LAS ORDENES DE ESTADOS UNIDOS

La incesante presión de senadores y diputados republicanos que acusan a México de ser el principal responsable del tráfico de fentanilo a su país, y por lo tanto de las miles de muertes por sobredosis causadas por esa substancia (proponiendo designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, para que así se puedan utilizar a las fuerzas armadas de Estados Unidos en su combate, aún dentro de territorio mexicano), ha obligado al gobierno de Joe Biden a presionar a su vez al de López Obrador para establecer una estrategia específica para detener dicho tráfico ilegal.

Para tal efecto ayer se realizó una reunión de “Alto Nivel” en Washington en la que participó el gabinete de seguridad nacional del gobierno mexicano[1] y una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por el procurador Merrick Garland (el resto de los funcionarios de Estados Unidos eran de segundo nivel).[2]

Como una concesión a México, la reunión supuestamente también versó sobre las medidas que ambos países deberían tomar para disminuir el flujo de armas de Estados Unidos a nuestro país, para lo cual, según el canciller Ebrard, el gobierno de Joe Biden establecerá un “grupo especial” para detectar los puntos de cruce ilegal de armas hacia México, con objeto de disminuirlo.

La realidad es que la presión hacia el gobierno de López Obrador ha sido mayúscula, pues los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están inundando con píldoras que contienen fentanilo el muy lucrativo mercado de consumo de drogas de Estados Unidos; y las autoridades de ese país ya se declararon impotentes para frenarlo, por lo que necesitan desviar la responsabilidad principal hacia el exterior, en este caso hacia México, con el objetivo de disminuir significativamente la oferta de dicha substancia, esperando que con ello también se reduzcan las muertes por sobredosis.

La realidad es que México no sólo no tiene la voluntad de ayudar en este combate, sino tampoco la capacidad para hacerlo.

Es un hecho irrefutable que numerosas regiones del país están tomadas por el crimen organizado y las autoridades federales, estatales y municipales están sólo de adorno, por lo que ir a comprometerse a que nuestras fuerzas armadas y de seguridad ahora sí van a desmantelar laboratorios y a detener el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos, es un promesa vacía (y lo saben las autoridades mexicanas); pero algo tienen que hacer para tratar de detener la posible designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que abriría la posibilidad de que se lleven a cabo operativos militares directos contra esas organizaciones, por parte de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano.

Si bien el gobierno de López Obrador ha manifestado que no autorizará ese tipo de acciones, ya se sabe que el juego político en Estados Unidos y las presiones de los grupos más nativistas y derechistas de ese país, podrían derivar en acciones unilaterales que provocarían una crisis mayúscula en la relación bilateral.

Esto empeoraría en caso de que Donald Trump volviera a ganar las elecciones presidenciales el próximo año.

Cada vez se percibe más vulnerable al gobierno de López Obrador ante Washington, pues su (no) ”estrategia de seguridad” está atada indefectiblemente a las necesidades, órdenes y presiones políticas de Estados Unidos; el T-MEC establece tal cantidad de concesiones de parte de México, que a los gobiernos mexicanos les será imposible establecer cualquier tipo de política industrial, comercial, agrícola o de servicios medianamente autónoma, pues los compromisos establecidos con Estados Unidos y Canadá condicionan y restringen el margen de maniobra gubernamental (ahí está el caso de la energía, el maíz transgénico y el glifosato); y la cada vez mayor crisis migratoria obliga a México a convertirse en el “muro de contención” que evite la llegada de cientos de miles de migrantes a los Estados Unidos, lo que está ocasionando una crisis social y política cada vez más aguda en distintas entidades federativas y ciudades del país.

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[1] Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda; de Salud, Jorge Alcocer; el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez; y el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Asì como el Fiscal General, Alejandro Gertz, que no tuvo de otra más que asistir a la reunión

https://www.jornada.com.mx/2023/04/14/politica/003n1pol

 

[2]Por Estados Unidos participaron también el secretario de Marina, Carlos del Toro; el subsecretario de Seguridad Interior, John Tien; el subsecretario de Asuntos Internacionales de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, Todd Robinson, el director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, Rahul Gupta y el embajador en México, Ken Salazar, entre otros. Ibidem.