LÓPEZ OBRADOR DESESPERADO POR OCULTAR CORRUPCIÓN, ABUSOS E INEFICACIA DE SU GOBIERNO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a un año y medio de terminar su periodo gubernamental, se siente cada vez más acorralado, perseguido, incomprendido y atacado.

Como todos los presidentes anteriores, una vez que van llegando al final de su administración, y se dan cuenta que sus grandiosos objetivos, obras y políticas públicas han fracasado, se han quedado cortas o simplemente nunca despegaron, comienzan a buscar culpables, conspiraciones y boicoteadores a quienes responsabilizar por no haber alcanzado sus metas o sus sueños de grandeza.

AMLO entregó buena parte de la administración pública federal, de sus políticas públicas y del presupuesto a las fuerzas armadas, por varias razones.

Primero, se dio cuenta que la serie de disposiciones constitucionales, leyes, reglamentos e instituciones establecidos durante el largo periodo de transición democrática en México (1977-2000), en buena parte propuestos e impulsados por la izquierda política y social, obligaban al gobierno a cumplir con ellas y por lo mismo implicaba por ejemplo, permisos en materia ambiental o involucramiento de comunidades y de organismos de la sociedad civil en el desarrollo de obras y/o políticas públicas; transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos utilizados; involucramiento de otros poderes y organismos autónomos en la definición y desarrollo del día a día gubernamental.

Todo ello AMLO lo vio como estorbos, obstáculos y en resumidas cuentas “pretextos” para detener su gran obra transformadora, por lo que buscó un mecanismo, una vía, mediante la cual pudiera imponerse sobre los otros poderes, instituciones, leyes e incluso la Constitución misma, para lograr sus objetivos.

Y ese instrumento fueron las fuerzas armadas, ya que al ser las guardianas del principal poder de coerción del Estado, sería muy difícil que la sociedad y los otros poderes estuvieran en condiciones de disputarles su preeminencia en la realización de diversas políticas públicas.

Así, AMLO utilizó a las fuerzas armadas como un medio de coacción hacia la sociedad civil organizada, los otros poderes y los poderes fácticos (empresarios, trasnacionales, iglesias), para evitar que cualquiera de ellos detuviera su política “transformadora” o intentara boicotearla.

Una segunda razón fue que al inicio de su administración (2019), una parte de las fuerzas armadas abiertamente cuestionó sus políticas públicas, en voz de quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional, el general Gaytán, en un evento en el que habló en nombre de todo el instituto armado.

Ello prendió las alarmas sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” o al menos de una alineación de las fuerzas armadas con los opositores políticos del presidente.

Por lo anterior, AMLO decidió que las fuerzas armadas se involucraran de lleno en la implantación de sus políticas públicas, por más que no tuvieran que ver con sus funciones esenciales.

Así, AMLO duplicó el presupuesto de las fuerzas armadas, y las involucró en hasta 240 funciones no relacionadas con sus obligaciones constitucionales.

Ello y la creciente confianza que AMLO les expresó pública y privadamente a los titulares de la Defensa Nacional Gral. Luis Crescencio Sandoval y al de Marina, Almirante José Rafael Ojeda, dio a estos un poder político no visto en los gobiernos post revolucionarios.

De esta forma AMLO pensó que evitaba cualquier intentona golpista en su contra; y al mismo tiempo, comprometía de lleno a las fuerzas armadas con su proyecto político.

Y una tercera razón para darles tanto poder a las fuerzas armadas fue el tratar de evitar que la potencia hegemónica, Estados Unidos, pudiera descarrilar su gobierno, mediante acciones desestabilizadoras, utilizando para ello, al menos en parte, la larga relación que ha mantenido el Pentágono con las fuerzas armadas mexicanas (y especialmente en los últimos años, con la Secretaría de Marina).

De esa forma, AMLO alineaba en su “equipo” a las fuerzas armadas; y no sólo eso, los ponía frente a cualquier intento estadounidense de afectar o desestabilizar a su gobierno, manipulando o ejerciendo presión sobre el Ejército o la Marina.

Consecuencias

Pero tanto poder presupuestal, funcional, político, han tenido sus consecuencias muy negativas para el país.

Así, las fuerzas armadas no están acostumbradas, desde la larga etapa de dominio priista (1929-2000) a rendir cuentas a la sociedad, ya sea mediante informes y comparecencias al Poder Legislativo; o más recientemente, mediante las solicitudes de información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Cuando el año pasado se dio a conocer el masivo hackeo de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo clandestino Guacamaya, la Cámara de Diputados pidió la comparecencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gral. Sandoval, quien se negó a asistir a la Cámara y en su lugar “invitó” a los diputados a la secretaría; estos lacayunamente aceptaron.

Pero después el General canceló la reunión porque supuestamente uno de los diputados de oposición le había enviado una carta “grosera” (lo cual era una total exageración).

De esa forma el General Sandoval no ha dado la cara sobre el hackeo, cómo ocurrió, quiénes son los funcionarios de su secretaría que debieron evitarlo; qué se ha hecho para que no vuelva a suceder; qué tipo de información fue hackeada, etc.

De la misma forma, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación dieron a conocer desde el sexenio pasado que las fuerzas armadas adquirieron un software de una empresa israelí, el Pegasus, para realizar intervenciones telefónicas ilegales a defensores de los derechos humanos, activistas medio ambientales, periodistas, políticos y hasta funcionarios del propio gobierno.

Se le pidió al presidente transparentar si el Ejército aún usaba ese software y si aún había contratos con la empresa israelí NSO Group para usar esa herramienta ilegal de intrusión telefónica.

El presidente prometió que la Sedena informaría al respecto desde 2019; y es la fecha en que no ha informado, ni entregado nada a los medios de comunicación.

Incluso ahora se sabe que a nivel mundial la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido y sigue siendo el principal usuario del software Pegasus.

En otro ámbito, desde la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa (2014)) se insistió en que el Ejército tenía información relevante sobre el caso, pero el gobierno de Peña Nieto negó esto y no autorizó que los militares fueran cuestionados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes que investigaron el asunto.

Con la llegada de AMLO al poder se especuló sobre la posibilidad de que esto cambiara. Y al parecer así iba a suceder, cuando se supo que el fiscal independiente del caso había librado decenas de órdenes de aprehensión contra militares que tuvieron participación en los hechos.

Pero la presión del General Sandoval llevó a que el presidente ordenara revertir dichas órdenes (aunque la Fiscalía General se supone que es autónoma, todo mundo sabe que el fiscal Gertz Manero actúa como empleado de AMLO), lo que derivó en la renuncia del fiscal independiente y su reemplazo por una persona cercana al gobierno de López Obrador.

Ahora, a raíz de la información obtenida por varios medios de comunicación del hackeo a la Sedena, se ha dado a conocer que el Gral. Sandoval ha utilizado profusamente los recursos financieros y materiales de su secretaría para hacer viajes internacionales junto con su familia y amigos, supuestamente con carácter “oficial”, pero realmente de placer y a todo lujo.

Así también de la información hackeada, se supo que hay crecientes tensiones entre la Sedena y la Semar, porque a la primera se le atribuyó la responsabilidad del espacio aéreo mexicano (una de las tantas funciones civiles que ahora controlan los militares), lo que ha llevado a que la Marina disminuya su colaboración con la Sedena en materia de intercambio de información.

En lo que respecta a la participación de las fuerzas armadas en las obras públicas emblemáticas del actual gobierno (Tren Maya, Aeropuerto Felipe Angeles, Proyecto del Istmo de Tehuantepec), se han dado a conocer datos de posible corrupción en contratos asignados por los militares, despilfarro de recursos y numerosas ineficiencias que han costado miles de millones de pesos al erario.

Por todo lo anterior, desde hace dos años AMLO estableció que todas las obras gubernamentales son ahora consideradas de “seguridad nacional” y por lo tanto no hay “obligación” de dar a conocer nada sobre ellas.

De esa forma, AMLO evita que medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, lo otros poderes de la Unión, la sociedad civil organizada y la sociedad internacional se enteren de la corrupción que está permeando esas obras, la ineficiencia y falta de planeación en las mismas, y el despilfarro en dichas obras mal ejecutadas.

AMLO quiere cubrir esa decisión arbitraria, que ahora ha reiterado para el caso de toda la información relativa a las fuerzas armadas, señalando que lo hace para proteger la soberanía, pues son las agencias de espionaje de Estados Unidos las que están obteniendo ilegalmente la información, con objeto de dañar al país y a su gobierno.

En el mismo tenor, AMLO quiere desaparecer el Instituto de Acceso a la Información (INAI), pues sabe que su funcionamiento (por limitado que sea) expone la corrupción, ineficacia y despilfarro de su gobierno, por lo que AMLO decidió vetar el nombramiento de los dos comisionados que faltan al Consejo del Instituto para poder seguir sesionando con quórum (actualmente tiene 4 consejeros; requiere mínimo 5 para poder sesionar legalmente).

Y AMLO ya estableció que su intención es desaparecer al INAI, porque según él “no sirve para nada”. La realidad es que es un dolor de cabeza para su gobierno, pues las solicitudes de información de ciudadanos, partidos políticos y organizaciones sociales obligan, aunque sea mínimamente, a transparentar y rendir cuentas a su gobierno, y eso es algo que no está dispuesto a hacer.

En resumidas cuentas, AMLO está dinamitando todo aquello que pueda cuestionar su proyecto personalísimo de gobierno, que no ha sacado de la pobreza a la mayoría de la población; ni ha disminuido significativamente la desigualdad en el país; mucho menos ha eliminado la corrupción (se ha conformado un capitalismo de “cuates”, en donde la cercanía con el presidente abre las puertas del presupuesto; y la lejanía respecto al presidente lleva al ostracismo); y la inseguridad y la violencia siguen incólumes; así como la subordinación y el vasallaje a la potencia hegemónica, por más que AMLO grite a los cuatro vientos que ya no es así.