Balance de seguridad 2022: decepcionante
Me temo que
los grandes problemas de seguridad con los que inició el sexenio se heredarán
intactos junto con la banda presidencial, dice Eduardo Guerrero Gutiérrez.
diciembre
12, 2022 |
El 2022 no
fue un año catastrófico en materia de seguridad. Como ha ocurrido a lo largo
del sexenio, algunos indicadores han tenido un comportamiento positivo. En lo
que va del año los homicidios dolosos han disminuido alrededor de 6 por ciento
en comparación con 2021. La percepción de seguridad, que mejoró de forma
considerable durante la pandemia, no ha tenido un rebote. En general, los
mexicanos vivimos en un país ligeramente menos violento y menos peligroso que
el que teníamos en 2018.
Sin embargo,
la mejoría ha sido marginal, decepcionante incluso, ante la magnitud de la
crisis de violencia e inseguridad a la que hace frente el país. Los ataques y
enfrentamientos armados, esos que parecen retratar una guerra civil, siguen
ocurriendo de forma más o menos cotidiana. Es sabido que las mafias gobiernan
de facto decenas de municipios y que, ahí donde gobiernan, le cobran cuota a
cientos de miles de personas y negocios. Este año el control criminal cedió ahí
donde las autoridades tienen más recursos a su disposición –de forma notable en
la capital–, pero, en contraste, se extendió a algunas de las zonas más pobres
del país (en este sentido, Chiapas es tal vez el caso más preocupante).
Una noticia
que marcó el año en el sector seguridad fue la filtración masiva de documentos
de Sedena. Por el volumen de documentos filtrados (que todavía no se acaban de
explorar) y el carácter sensible de los temas que cubrían (básicamente,
inteligencia militar), los Guacamaya Leaks prometían ser una
verdadera bomba cuando se dieron a conocer a fines de septiembre. El asunto,
sin embargo, no pasó de una sacudida mediática. El gobierno ni siquiera buscó
hacer una investigación en forma de la filtración, tal vez para no vulnerar más
la credibilidad del Ejército. Al final del día, los documentos filtrados no
revelaron nada que no imagináramos ya, sólo corroboraron lo que ya era
evidente: que el crimen organizado corrompe e intimida a medio mundo, que los
militares desconfían de los civiles y de sus propios compañeros de armas, y que
casi nunca se hace nada con la inteligencia que el Ejército genera.
El 2022
también fue el año en el que la 4T fracasó en uno de sus mayores compromisos
políticos: presentar un informe creíble de lo ocurrido en torno a la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En agosto, el subsecretario
Alejandro Encinas presentó los resultados de una investigación que buscaba
enterrar la verdad histórica de tiempos de Peña Nieto, y demostrar que la
desaparición de los estudiantes, y el posterior encubrimiento de los hechos,
fue un crimen de Estado, en el que participaron funcionarios de primer nivel,
civiles y militares. Desafortunadamente, esta nueva verdad también terminó en
una gran decepción. Las deficiencias del informe ocasionaron que varias de las
órdenes de aprehensión que originalmente se emitieron fueran canceladas. Otro
golpe a la legitimidad del gobierno fue la renuncia del fiscal especial que se había
nombrado para el caso.
Este año,
AMLO empeñó su capital político en afianzar, por medio de reformas
constitucionales y legales, el papel protagónico que las Fuerzas Armadas
desempeñan como garantes de la seguridad del país. Los militares han dado resultados
positivos en algunos estados, y decepcionantes en algunos otros. Sin embargo,
es claro que el carácter omnipresente del Ejército ha desincentivado, con
algunas honrosas excepciones, la labor de construcción de capacidades locales
en materia de seguridad pública.
Finalmente,
lo verdaderamente decepcionante de la política de seguridad este año (el último
en el que había margen para impulsar medidas ambiciosas) han sido las
omisiones. Parece que al gobierno simplemente no le interesa arriesgar nada para
dar una solución efectiva a los grandes problemas. Hace unos meses, cuando se
habló de crear una Comisión Nacional Antiextorsión, pensé que esto cambiaría.
Sin embargo, el tema se abandonó.
Durante el
resto del sexenio todavía se podría hacer un par de cosas importantes, sobre
todo en el ámbito regional, si el gobierno federal quisiera llegar a las
elecciones de 2024 con algún resultado que presumir en materia de seguridad.
Contener las actuales crisis de violencia criminal en Sonora y Zacatecas (ambos
estados con gobiernos morenistas) o desarticular a La Nueva Familia
Michoacana (que se perfila como la mafia regional más agresiva del
país) serían objetivos viables. Sin embargo, me temo que los grandes problemas
de seguridad con los que inició el sexenio, sobre todo la crisis de
feminicidios, el cobro de piso generalizado y la cooptación criminal de
autoridades locales, se heredarán intactos junto con la banda presidencial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario