Human Rights Watch acusa a
Israel de imponer un régimen de ‘apartheid’ a los palestinos
La ONG con sede en EE UU traslada su investigación
a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional
Jerusalén - 27
ABR 2021 -
Human Rights
Watch (HRW), una organización internacional con sede en Estados
Unidos, ha acusado este martes a Israel de aplicar políticas de apartheid (segregación
racial) y persecución a los palestinos tipificadas como crímenes contra la
humanidad. En el informe de 213 páginas Se ha traspasado el umbral, la ONG concluye que la
segregación y la violación de los derechos de la población de Cisjordania, Gaza
y Jerusalén oriental, bajo ocupación desde 1967, implican un régimen de
“dominación de un grupo racial o nacional sobre otro, opresión sistemática y
actos inhumanos”.
“Negarles a millones de personas, por el solo hecho de ser
palestinos y no judíos, sus derechos humanos sin que exista una justificación
legítima de seguridad no es solamente una ocupación abusiva”, asegura Kenneth Roth,
director de HRW, “sino una política que busca privilegiar a un
pueblo sobre otro”. Su organización va a trasladar el informe a la Fiscalía del
Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, que el mes pasado abrió una
investigación por crímenes de guerra y contra la humanidad, entre los que
figura el delito de apartheid, cometidos en Palestina.
Human Rights Watch destaca que en el territorio ocupado los
palestinos están sometidos a “un draconiano régimen militar mientras los
colonos de los asentamientos israelíes gozan de plenos derechos conforme a la
legislación civil”. Este es el caso de la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, detenida sin cargos desde el pasado día 13 y sometida a la
jurisdicción castrense como residente en Cisjordania por su matrimonio con un
palestino. De acuerdo con la ley marcial israelí, la cooperante puede permanecer
bajo arresto para ser interrogada hasta 75 días sin necesidad de que se
presente una acusación formal en su contra.
Las estrictas restricciones a la libertad de movimientos –por
la imposición de permisos exigibles en decenas de puestos de control–; la
confiscación de tierras y la demolición de viviendas y edificaciones –que conllevan un
desplazamiento forzoso de población–; y la acelerada expansión de los
asentamientos y de las infraestructuras segregadas –como carreteras y
suministro de agua– para los colonos constituyen, según HRW, actos inhumanos
contra los palestinos incluidos en el tipo delictivo de la segregación racial.
La ONG estadounidense presentó el pasado verano las
conclusiones de su informe al Gobierno israelí, sin recibir contestación. Tras
su publicación, el Ministerio de
Asuntos Exteriores ha respondido en un comunicado que las
actividades sobre Israel de HRW “están dirigidas por un partidario del BDS
(campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones), sin conexión con la realidad
sobre el terreno”. En noviembre de 2019, las autoridades israelíes deportaron
al director de HRW para Israel y Palestina, el estadounidense Omar Shakir, tras
negarle la renovación del permiso de residencia. Fue el primer observador
internacional expulsado por Israel después de habérsele concedido visado.
El Ministerio de Asuntos Estratégicos, que coordina la
diplomacia pública de imagen exterior del Estado judío, fue aún más tajante por
boca del titular de la cartera, Michael Biton, citado por Reuters: “Este
espurio informe no está relacionado con los derechos humanos, sino que forma
parte de la permanente actitud de HRW de socavar el Estado nación del pueblo
judío”. Precisamente, en la investigación de la ONG se incluye la ley (con rango constitucional) del Estado nación judío como
ejemplo de discriminación para los palestinos con nacionalidad israelí, que
representan un 20% de la población. Esta norma relega el uso del árabe como
lengua cooficial.
Sanciones
Human Rights Watch reclama también por primera vez la
imposición de sanciones internacionales –como la prohibición de viajar o la
congelación de activos en el extranjero– a los responsables israelíes de
la aplicación de las políticas de apartheid. También
propone a la comunidad internacional que reconsidere las relaciones
diplomáticas y comerciales con Israel bajo el prisma de “los derechos humanos y
la rendición de cuentas”, que investigue de forma oficial los hechos
denunciados en el informe y que condicione las ventas de armamento a la
supresión de las políticas de segregación.
El pasado enero, la ONG israelí defensora de los derechos humanos B’Tselem, con
más de tres décadas de experiencia de supervisión sobre la ocupación de los
territorios palestinos, ya sentó un primer precedente. Dio un vuelco en el
campo de la disidencia interna al declarar que el Estado judío ya no debe ser
considerado una democracia plena después de haber promovido un “régimen
de apartheid de facto” que se perpetúa para millones de palestinos
desde hace más de medio siglo.
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