AMLO y los agentes extranjeros
Carlos Fazio
https://www.jornada.com.mx/2020/12/14/opinion/023a1pol
A partir de
una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 9 de
diciembre el Senado aprobó una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional
sobre los llamados agentes extranjeros. Entre los aspectos principales de
la reforma se asienta que los agentes foráneos podrán ser autorizados para
internarse de manera temporal en el país para el intercambio de
información con las autoridades correspondientes; carecerán de
inmunidad diplomática y tendrán prohibido realizar detenciones o cualquier
acción que ponga en riesgo su integridad.
Aunque las nuevas regulaciones no tienen destinatario explícito, por la
coyuntura en que se producen –la detención y el posterior desistimiento de
cargos por narcotráfico contra el ex secretario de la Defensa Nacional, general
retirado Salvador Cienfuegos, por el Departamento de Justicia de Estados
Unidos− parecen dirigidas a limitar las actividades de lo que en el ya lejano
1974, los ex agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia),
VictorMarchetti y John D. Marks, llamaron la secta del espionaje, una
cofradía secreta y peligrosa que suele utilizar medios encubiertos y a menudo
ilegales para favorecer los intereses del gobierno y las grandes corporaciones
estadunidenses.
La misión de los agentes extranjeros es observar sobre el terreno y
recolectar, analizar, almacenar, elaborar y entregar informes de inteligencia
táctica, operacional y/o estratégica, que sea útil a quienes toman decisiones.
Pero como ha quedado comprobado en casos recientes, agentes estadunidenses han
participado, también, en la detención, el secuestro y/o el asesinato de
narcotraficantes y funcionarios mexicanos.
A manera de ejemplo, en la coyuntura, son los casos de las detenciones
en Estados Unidos del general Cienfuegos y del secretario de Seguridad Pública
del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a partir de información de
inteligencia obtenida en México que no fue notificada al gobierno de López
Obrador. También están los casos del policía de la agencia antidrogas de EU
(DEA, por sus siglas en inglés), Víctor Vázquez, quien vistiendo un uniforme de
la Marina mexicana y portando un fusil de uso exclusivo de las fuerzas armadas,
participó en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2014;
el de los agentes estadunidenses que se hallaban en el interior del
fraccionamiento Altitude, en la zona residencial de Cuernavaca, Morelos, cuando
la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leyva por un grupo de élite de la
Marina, en diciembre de 2009, y el del secuestro en Guadalajara, en 1990, del
doctor Humberto Álvarez Machain, acusado por Washington de haber participado en
la tortura y el asesinato del ex agente de la DEA Enrique Camarena; Álvarez fue
trasladado en un avión privado a El Paso, Texas, donde fue arrestado.
La reforma define a los agentes del extranjero como funcionarios del
exterior que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección
o supervisión de leyes, y otras disposiciones de carácter técnico especializado
o reglamentario. Al estar enmarcada dentro de la Ley de Seguridad Nacional,
además del personal de la DEA (que cuenta con 58 agentes y 11 oficinas en
México distribuidas en puntos estratégicos del territorio nacional), las nuevas
regulaciones incluyen a los agentes de la CIA; la Agencia de Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego, responsable de la Operación Rápido y Furioso; a
la Oficina Federal de Investigación (FBI); la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA); la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA); el Cuerpo de Alguaciles (US
Marshals Service) del Departamento de Justicia; el Servicio de Inmigración y
Aduanas (ICE) y media docena de agencias más.
Los agentes federales acreditados en México operan bajo la cobertura de
la agregaduría militar o como personal consular de la embajada de EU,
escudados por un pasaporte diplomático, y pese a lo establecido en la
Constitución y al discurso oficial, todos portan armas cuando están trabajando
y cuentan con tecnología altamente avanzada y sofisticada para interceptar
llamadas telefónicas y hacer rastreo satelital. Entre sus tareas figuran,
además, tener contacto con autoridades mexicanas y armar una red de contactos o
informantes (soplones, incluidos policías y periodistas) que reciben paga (lo
que tratándose de funcionarios públicos podrían caer en el delito de cohecho).
De allí que entre las nuevas regulaciones figure la pérdida de inmunidad
diplomática de los agentes extranjeros y el que puedan ser llevados ante un
tribunal en México para enfrentar las consecuencias de sus actos. A ellos se
suman agentes encubiertos que actúan sin permiso de las autoridades
locales, que además de las labores de información (espionaje) llevan
a cabo acciones subversivas o de desestabilización.
La reforma busca dotar a México de un marco legal claro en su
cooperación con otros países en materia de seguridad y hacer efectivo el
principio de reciprocidad en esas relaciones. Un segundo paso sería eliminar la
tóxica cooperación de la Iniciativa Mérida, suscrita en 2007 por
George W. Bush y Felipe Calderón, diseñada en función de la agenda de seguridad
de Washington y no de las prioridades nacionales de México. Calderón cedió
soberanía en áreas estratégicas que tenían que ver con la inteligencia y la
seguridad nacional, en tanto Bush logró colocar la relación con México en la
óptica de su política militarista, incluido el control y adoctrinamiento
policial y castrense de sus contrapartes locales.
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