LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
Por fin,
después de dos años de subordinación del gobierno de López Obrador (AMLO) al de
Trump, hoy se aprobaron en la Cámara de Diputados (después de ser aprobadas en
el Senado) modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, mediante las cuales
se establecen diversas medidas para intentar controlar la actuación de las
agencias de seguridad extranjeras (pero principalmente las estadounidenses),
que por décadas han actuado sin regulación alguna, sin limitaciones y sin dar
cuenta (más que cuando se les daba su gana) al gobierno mexicano.
Los lacayos
de Estados Unidos en México (entre otros supuestos analistas como Gerardo
Rodríguez, Pablo Hiriart, Ana María Salazar, Raymundo Riva Palacio, Julio
Hernández, y un largo etcétera, más varias decenas de diputados y senadores, principalmente panistas), se lanzaron con todo contra la
legislación, ante el temor de que el imperio se enfade, porque nuestro país,
por una vez, intenta controlar las acciones fuera de la ley de sus agencias de
seguridad, que siempre han visto a México como un lugar en el que pueden actuar
sin restricciones, ni siquiera las que les imponen en su propio territorio.
Así, por
ejemplo, la DEA y el FBI tienen “autorización” de violar el Derecho
Internacional (según la opinión de los abogados del Departamento de Justicia)[1], es decir aplicar su ley
extraterritorialmente, con objeto de hacer cumplir su legislación sobre individuos
que estén fuera del territorio estadounidense (recordemos el secuestro del Doctor
Alvarez Macháin en Guadalajara, por el caso Camarena).
Para el
gobierno de Estados Unidos, nuestro país no tiene derecho a inmiscuirse en la
operación de sus agencias, según su entender, ni siquiera en el propio
territorio mexicano, al que siempre ha considerado su “patio trasero”.
El gobierno
de López Obrador, en sus dos primeros años, siguió actuando igual de
subordinado a los intereses y órdenes de Washington, como lo hicieron los
gobiernos neoliberales, en todos los temas de la relación bilateral.
La única excepción
fue el tema de Venezuela, en el que nuestro país no se alineó con los vasallos
de Estados Unidos en Latinoamérica, para boicotear, sancionar e incluso
promover un golpe de Estado en contra del legítimo gobierno de ese país.
Pero fuera
de eso, en política comercial, migratoria, de seguridad y ahora también en la
laboral, el gobierno de AMLO se alineó con el de Trump.
Por ello, el
que ahora, a raíz de la crisis que generó en las relaciones de seguridad entre
ambos países el arresto del Gral. Cienfuegos en Los Angeles, a instancias de la
DEA, nuestro gobierno haya decidido establecer un marco mínimo para la
actuación de dichas agencias estadounidenses (y en general extranjeras) en el
país, es una muy buena señal, en el sentido de que no tienen porque aceptarse
todas y cada una de las exigencias, ordenes y políticas que provengan de
Washington.
Si bien es
cierto que las modificaciones a la citada ley, por sí solas no van a detener
las acciones ilegales de estas agencias, al menos ya se cuenta con un marco
legal del que se puede echar mano para amenazar y en su caso actuar en su
contra, en caso de que se valore que dicha actuación esté afectando gravemente
la capacidad del Estado Mexicano para actuar de manera soberana en el tema de
la seguridad.
Y es que la
DEA, la CIA, el FBI, etc. actúan en México para obtener información, o incluso
en operaciones de detención de personas, pero no para coadyuvar a la seguridad
de ambos países, sino exclusivamente en favor de los intereses de su gobierno,
sin importar que su actuación en territorio nacional no produzca ningún
beneficio tangible para los mexicanos.
A estas
agencias lo único que les importa es cumplir con sus objetivos, que tienen que
ver con los intereses hegemónicos de Estados Unidos, y lo que menos les importa
es coordinarse, colaborar o compartir información con las autoridades
mexicanas, a las que considera como corruptas y poco confiables.
Por ello,
esos estúpidos argumentos de la oposición y de los representantes del Deep State
estadounidense en nuestro país, de que las modificaciones a la Ley de Seguridad
Nacional van a provocar que ya no se comparta información, son una burla, por
que dichas agencias normalmente no comparten información, se la quedan; pero
eso sí, exigen tener acceso a toda la información del gobierno mexicano, sin
que exista reciprocidad.
Por ello las
modificaciones planteadas, al menos dejan en la ley la obligación de estos
agentes de presentarse ante las autoridades, rendir informes y coordinarse con
ellas. Seguramente no lo harán, pero al no hacerlo, se harán acreedores a su
expulsión, y ello le dará al Estado Mexicano una palanca con la que no contaba
para presionar a dichas agencias, para que efectivamente compartan información
con el gobierno, y no sólo estén en el país como espías.
Ojalá ésta
sea la primera de varias medidas que puedan acotar la enorme influencia y peso
que el aparato de seguridad de Estados Unidos tiene sobre el de México, lo que
no se ha traducido en una mejoría para la seguridad de la población mexicana,
sino únicamente ha servido para mantener el dominio estadounidense sobre su
vecino del sur.
No
confundamos la “cooperación” estadounidense, interpretada por ellos, que significa
“haz lo que te digo, para favorecer mis intereses”; a una verdadera cooperación
en beneficio de ambos países, que debería ser “definamos juntos nuestros
intereses comunes y trabajemos en consecuencia”.
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