La ruta del dinero
(todavía) no lleva a ninguna parte
Eduardo
Guerrero Gutiérrez
En
medio del desastre en materia de seguridad, algo se puede reconocer al gobierno
de AMLO: arrancó con la convicción de que había que cambiar las cosas. Más de
una década de capturas, abatimientos y operativos militares no dieron buenos
resultados. Llegamos a 2018 con más violencia y con más muertos que nunca. Ni
la gente dejó de sentirse insegura en las calles, ni los policías recuperaron
la confianza de los ciudadanos. Ante el fracaso de los gobiernos previos, la 4T
renunció a la locura. Se dejó de hacer lo mismo y esperar resultados distintos.
El viraje del nuevo gobierno tuvo su lado retórico en la promesa de “abrazos,
no balazos”.
Sin
embargo, no todo en la estrategia inicial de López Obrador fueron slogans
ingenuos y gestos pacifistas. También se intentó, tal vez con más ahínco que
nunca, seguir “la ruta del dinero” y golpear las estructuras financieras del
crimen organizado. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se convirtió en una de las caras
protagónicas en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción.
Los anuncios de congelamiento de cuentas, tanto de aquéllas vinculadas a grupos
criminales como a políticos corruptos, se volvieron frecuentes. Sin embargo, en
lo que a crimen organizado se refiere, todavía no queda claro que las acciones
de la UIF estén haciendo una diferencia. Hay dos limitaciones que, por lo
pronto, hacen imposible llegar muy lejos en el combate al lavado de dinero.
La
primera limitante tiene que ver con la naturaleza de nuestra economía. La
realidad es que los criminales en México podrían prescindir casi completamente
del sistema financiero para manejar sus negocios y gastar sus ganancias. El
grueso del dinero del crimen organizado ni siquiera se “lava” propiamente.
Ingresa al país en efectivo y se diluye en el océano de la economía informal.
En pocos países del mundo es tan fácil y tan habitual, por ejemplo, tener gente
trabajando sin contrato y sin generar registro ante ninguna autoridad: ni
laboral, ni fiscal, ni local. Se habla mucho de inteligencia financiera y de
las empresas formales que establecen algunos de los capos más prósperos. Sin
embargo, hasta donde sé, nadie se ha dado a la tarea de investigar cómo se
gasta el dinero que ingresa al crimen organizado y qué porcentaje de ese dinero
podría llegar a ser rastreado. Sospecho que, para golpear en serio al crimen
organizado a través de su estructura financiera, primero sería necesario
avanzar en la formalización de la economía y convertir en indispensable tal
estructura.
Dicho
la anterior, el combate al lavado de dinero no es irrelevante. También es
cierto que hay organizaciones criminales que sí han construido andamiajes
sofisticados para lavar e invertir una parte de sus ingresos. Si bien desmantelar
dichos andamiajes no supondría un golpe definitivo a las organizaciones en
cuestión, hacerlo sí podría servir para debilitarlas en momentos estratégicos.
Las transferencias bancarias se mueven más rápido y más lejos que el efectivo.
El rápido acceso al dinero en cuentas puede ser clave, por ejemplo, para echar
a andar la maquinaria de sobornos y presiones que permite a muchos criminales
evadir la justicia en las horas y días posteriores a su captura.
Desafortunadamente,
la UIF también enfrenta una importante limitante legal: no es Ministerio
Público y, por lo tanto, los congelamientos de cuentas que hace no cumplen con
las formalidades que serían necesarias dentro de un proceso penal. Además, por
resolución de la SCJN, la UIF sólo puede congelar cuentas en el supuesto de que
exista una obligación de México frente a otros países u organizaciones
internacionales para hacerlo (un supuesto que rara vez se cumple).
Peor
todavía, hay claras diferencias entre Santiago Nieto y el Fiscal General de la
República, Alejandro Gertz Manero, sobre la legalidad del congelamiento de
cuentas. Estas diferencias ya eran evidentes desde hace tiempo, pero salieron a
relucir en un debate que Gertz Manero sostuvo hace algunas semanas con el
investigador Edgardo Buscaglia. En resumen, a Gertz Manero le parece: 1) que
Santiago Nieto está más interesado en el show mediático que en dar resultados;
2) que la UIF no está facultada para congelar cuentas; y 3) que ni la UIF ni
las otras áreas de la Secretaría de Hacienda le están proporcionando la
evidencia que sólo ellas pueden generar, y que sería crítica para armar casos
firmes en materia de lavado de dinero.
Gertz Manero habla con autoridad y es
probable que tenga razón en muchos de sus argumentos. Sin embargo, en su
posición también se advierte un cierto fatalismo, como si pensara que no hay
mucho que se pueda hacer para combatir de forma eficaz las redes financieras de
la delincuencia. La ruta del dinero, por lo pronto, no lleva a ninguna parte.
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