La reciente
firma de los acuerdos adicionales al T-MEC, festejada por el gobierno de López
Obrador (AMLO) como un triunfo para México, que ha derivado en una andanada de
críticas contra él y su principal negociador, Jesús Seade (subsecretario para
América del Norte), debido a que en la Ley de Implementación del “acuerdo”, el
gobierno de Estados Unidos incluyó la figura de “agregados laborales” adscritos
a la embajada de Estados Unidos en nuestro país, con facultades no establecidas
en los acuerdos firmados por los tres países, demuestra una vez más, que el
gobierno de Donald Trump está aprovechando al máximo la debilidad, la
impreparación y el miedo del gobierno mexicano, para sacar la mayor cantidad de
ventajas en la relación bilateral.
AMLO insiste
en que la relación es de “cooperación”. ¿Pero cómo puede ser de cooperación si
una de las partes se la pasa amenazando con represalias económicas, jurídicas y
políticas sobre la otra, si ésta última no asume los compromisos y las
exigencias de la primera? Eso no es cooperación, es imposición, es un chantaje
continuo que pretende ser presentado como una relación normal entre dos países
soberanos; sólo que el nuestro es el único que cede en todo, a cambio de que no
le apliquen sanciones de distinto tipo y naturaleza.
Nuestro
gobierno ha tenido que acceder a que el de Estados Unidos califique la política
migratoria de México (una certificación), para así no aplicarle un aumento en
los aranceles de los productos que exportamos, haya o no tratado de libre
comercio de por medio. Así, no sirve en realidad de nada el T-MEC, pues si para
las autoridades de Estados Unidos, nuestro gobierno no está haciendo lo
suficiente para detener la migración indocumentada, se aplicarán los aranceles,
sin importar lo que diga el T-MEC.
Ahora
también el gobierno de Estados Unidos se arroga el derecho de designar a los
cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, en el momento que
considere que nuestro gobierno no hace lo suficiente (y en los términos que
quiere Estados Unidos), para combatir el narcotráfico; de lo contrario, hará la
tal designación, con la posibilidad de aplicar medidas unilaterales en este
tema (que de todas formas las realiza cuando se le da la gana).
Y ahora en
el tema laboral, los “agregados laborales” designados unilateralmente por ellos
darán un informe trimestral sobre la aplicación de las leyes laborales en
nuestro país, y si no les parece en el gobierno y en el legislativo
estadounidense la situación, podrán aplicar sanciones comerciales a las
empresas que no estén cumpliendo con dicha legislación.
En resumidas
cuentas, Estados Unidos es el juez de las políticas económica-comercial, de
seguridad, migratoria y laboral de México, sin que exista reciprocidad de
ningún tipo, ni tampoco la posibilidad de que México le pueda exigir cuentas a
Washington sobre el enorme consumo de drogas de su población, que es el motor
principal del narcotráfico; o la venta de armas a los cárteles del narcotráfico;
o el lavado de dinero en su territorio; o la discriminación, el racismo y las
violaciones a los derechos laborales de nuestros connacionales en territorio
estadounidense, entre otras cosas.
Así que es
una falacia eso de la “cooperación”. México es ya un protectorado de Estados
Unidos.[1]
[1]
Soberanía parcial que un estado
ejerce sobre un territorio que no está incorporado por completo a esa nación y
que posee autoridades propias.
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