Los secretos incómodos de
García Luna: así funcionó en México una oficina privada de seguridad que usó a
funcionarios de la guerra contra el narcotráfico
Documentos y testimonios obtenidos por Univision muestran que, en 2012,
un grupo de oficiales de seguridad trabajó en una oficina privada propiedad de
un grupo empresarial de amigos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, mientras aún estaban en funciones de gobierno.
CIUDAD
DE MÉXICO.- El domingo 15 de noviembre de 2015, Genaro García
Luna –el exsecretario de seguridad pública de México– fue multado por
pasarse una señal de alto en una calle de Miami cuando conducía una camioneta
plateada Mazda tipo SUV.
En el formulario de la multa, el oficial de la policía registró
como dirección de García Luna una mansión de cuatro baños, cuatro cuartos y
embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de
dólares.
La multa, hasta hoy desconocida, contiene una prueba clave de una
relación de la que García Luna no ha querido hablar por años: su nexo con un
corporativo de inteligencia que gozó de cuestionados privilegios en México
cuando él estaba cargo de la Secretaría de Seguridad, según lo logró establecer
Univision en asocio con el periodista Julio Roa del portal En la Politika. La
corporación fue además favorecida con un contrato de adquisición de un programa
para rastrear información e interceptar comunicaciones.
Los registros de residencia consultados por Roa prueban que García
Luna se mudó allí en febrero de 2013, tres meses después de haber dejado su
puesto como funcionario. Otros registros muestran a García Luna y su esposa
como residentes de otro pent-house de lujo valuado en 2.3 millones de dólares,
en Aventura, Florida, entre 2016 y 2018.
Ambas propiedades pertenecían en ese momento a un grupo
empresarial propiedad de la familia Weinberg. El grupo, con presencia en
Israel, Panamá, México y Estados Unidos, es uno de los principales
proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.
Los Weinberg y García Luna son viejos conocidos. En
una larga entrevista con Univision en Ciudad de México el cuatro de marzo, el
empresario Alexis Weinberg dijo que su padre, Samuel Weinberg, conocía al
exfuncionario desde la década de los 80, cuando García Luna comenzaba su
carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México
(Cisen).
"Mi papá conoció a Genaro desde que trabajaba en el Cisen,
hace más de 30 años, desde que él era casi el que abría la puerta allí. Era un
ingeniero que trabajaba en esa época como técnico", dijo Weinberg.
El empresario aceptó que García Luna había vivido en sus casas
cuando se mudó a Miami al terminar su encargo público.
"La casa era parte de nuestras inversiones en Miami. Nosotros
se la rentamos a Genaro. Hicimos un contrato y él nos hacía depósitos. Cuando
pusimos en renta la casa, nos rentó el departamento e hicimos lo mismo",
afirmó.
Weinberg aseguró que enviaría a Univision una copia del contrato y
de algunos pagos de renta, pero no lo hizo. Negó que hayan sido socios en
algún negocio, que hayan obtenido contratos o hayan sido beneficiados en algún
modo por su amistad con García Luna.
Los
Weinberg son propietarios de una compañía llamada Icit, que tiene presencia en
Panamá, México y Estados Unidos. La filial mexicana utilizó el trabajo de
funcionarios e información privilegiada de la Secretaría de Seguridad Pública
al mando de García Luna para distribuir reportes de seguridad o ganar clientes
para otras áreas de su compañía, según lo relataron algunos exservidores
públicos de esas dependencias en extensas entrevistas con Univision.
José Antonio Polo era entonces coordinador de asesores de García
Luna. Al mismo tiempo, según los testimonios, era el jefe en Icit. En una
entrevista con Univision, él admitió que conoció esa situación, pero se negó a
ofrecer detalles “por una cuestión de confidencialidad”. Él dijo que nunca
trabajó para Icit mientras estuvo como servidor público en el gobierno.
Sin que existiera un contrato entre Icit y la Secretaría, según
los testimonios, la empresa enviaba los reportes a clientes especiales
como bancos o empresarios basándose en información suministrada por debajo de
la mesa por la Secretaría de Seguridad, agregaron los exfuncionarios y otros
entrevistados que también trabajaron en la firma.
"Sí contratamos a exfuncionarios, pero no mientras seguían en
sus cargos", dijo Weinberg en la entrevista. Más tarde en la conversación,
añadió: "quizá hicieron algo para nosotros en fines de semana o en sus
horas libres".
La firma utilizaba al menos un programa de seguridad israelí
llamado NiceTrack que se vende a gobiernos y sirve, según su propio sitio
web, para rastrear información, interceptar comunicaciones y rastrear a
usuarios en su ubicación física.
Según documentos obtenidos por Univision, NiceTrack fue
vendido en 2008 por la familia Weinberg a la Secretaría de Seguridad Pública, a
través de su división de Policía Federal. Weinberg y su socio Natan Wancier lo
aceptaron durante la entrevista para esta investigación. Sin embargo, negaron
que se usara de manera anómala para acceder a datos confidenciales.
“Compramos para nuestro propio uso una versión de NiceTrack que se
usa solo para rastrear información pública, como una búsqueda de Google. Es
diferente a la que vendimos al gobierno’’, dijo Wancier. Univision no tuvo
acceso para saber con seguridad qué versión específica de NiceTrack se utilizó
en sus oficinas.
De acuerdo con varios correos obtenidos por Univision, Icit
trabajaba simultáneamente con información pública y confidencial. Uno de
los exempleados de Icit dijo que cuando se producía un arresto importante, lo
sabía primero la empresa de seguridad que cualquier medio de comunicación.
“Que
nos digan cuál es el cliente a quien le vendíamos esa información. Ese negocio
de los reportes no nos funcionó. Perdimos mucho dinero”, replicó Wancier.
Una de las entrevistadas, que pidió no ser identificada por temor
a represalias, explicó que a finales de 2011 varios empleados de la Secretaría
fueron enviados a trabajar en un bunker de Icit en Ciudad de México. La nueva
asignación se conocía entre ellos solamente como el "proyecto
secreto".
“Los que eran tus compañeros ya no te hablaban, iban solamente un
rato y otros ya nunca iban. Todos hablaban sobre el proyecto secreto”, dijo la
exfuncionaria. “Me reclutaron poco después y supe que el proyecto secreto
consistía en que yo seguía cobrando en la Secretaría, pero ahora estaba todo el
día en una oficina y trabajando para unos señores”.
Los
señores eran Mauricio y Alexis Weinberg, además de Natan Wancier, quienes son
socios en más de una veintena de compañías en varios países. Ellos han sido
beneficiarios de contratos de seguridad con el gobierno mexicano y son parte de
un conglomerado de inteligencia que en 2010 vendió un programa de espionaje al
gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá, según documentos obtenidos por
Univision en colaboración con reporteros de La Prensa de Panamá.
"En Panamá vendimos un equipo. Si lo usaron bien o mal eso no
depende de nosotros. El gobierno firmó un certificado de usuario final ante el
gobierno de Israel y se comprometió a que sería un uso oficial y no
privado", dijo Wancier sobre el contrato panameño.
“Un caso tan claro de colusión y de utilización de herramientas
tecnológicas del Estado para fines privados, en beneficio comercial privado,
creo que no se ha documentado hasta ahora”, dijo a Univision Luis Fernando García,
director de R3D, al conocer cómo funcionaba la oficina alterna que operó Icit
con funcionarios de seguridad de México.
R3D es una organización que ha documentado mal uso de
software de seguridad contratado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas
y activistas.
Ninguno de los entrevistados entregó algún documento que pruebe
que García Luna conocía que sus subordinados trabajaron al mismo tiempo en el
gobierno y en una oficina privada de sus amigos.
García Luna no respondió a peticiones de entrevista de Univision.
Desde febrero pasado, la secretaria en su oficina ha respondido: sabemos de su
solicitud de entrevista, por favor espere a ser contactado. Su compañía no ha
respondido mensajes de Univision. En 2017, cuando Univision los buscó por primera
vez para hablar de este tema, dijo que él negaba cualquier vínculo comercial
con los Weinberg y que no había cometido actos de corrupción.
Su más reciente pronunciamiento se produjo en noviembre
pasado luego de que él fue mencionado en el juicio contra el
narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York. El testigo del
gobierno Jesús El Rey Zambada, aseguró que García Luna recibió al menos 56
millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa. En una carta a los
medios, él dijo que eran falsas las acusaciones en su contra.
El
proyecto secreto
La
oficina utilizada para el “proyecto secreto” era un búnker con estrictas
medidas de seguridad. La locación era discreta: un edificio residencial en el
barrio de Polanco, en la capital mexicana. Antes de contratar a otra de las
empleadas entrevistadas por Univision le dijeron, según ella, que su trabajo
consistiría en recibir información de seguridad, analizar publicaciones y
elaborar informes para los clientes.
Poco
tardó en enterarse de que las síntesis informativas que recibía eran las mismas
que leía el presidente de México.
"La
información de la Secretaría nos la proporcionaban a nosotros vía correo
electrónico”, recordó la mujer. “Era información sobre todo de narcotráfico y
crimen organizado, información que no estaba en los medios”.
La
exempleada dijo a Univision que le tomó casi seis años decidirse a contar su
historia. Aún tiene miedo al relatar cómo participó de un negocio privado en el
que trabajaron las personas de mayor confianza de García Luna, entonces
identificado por el gobierno como el adalid de la guerra contra el narcotráfico
en México.
Según
los testimonios y documentos, Icit operó con funcionarios de la Secretaría
durante el año 2012, cuando al menos diez de sus empleados aún eran servidores
públicos de varias oficinas de gobierno dentro de esa Secretaría.
"El
lapso de la ley es de un año. Existe una restricción legal para que los
funcionarios públicos que dejan el cargo no utilicen la información que tenían
bajo su cuidado o bajo su custodia para obtener beneficios privados propios o
de sus parientes más cercanos", dijo Fernando Martínez, actual director de
responsabilidades administrativas en la Secretaría de la Función Pública.
Univision
habló con seis fuentes, tres de ellas exfuncionarios del gobierno, que
trabajaron en Icit durante el último año del gobierno del expresidente mexicano
Felipe Calderón.
Al
ser contactado por Univision para hablar de este caso, Calderón respondió: “No
conozco la empresa que mencionas, tampoco recuerdo haberla oído mencionar,
tampoco tengo conocimiento de que los hechos que mencionas hubiesen ocurrido.
Por lo mismo tampoco me gusta especular ni opinar sobre situaciones que no
conozco que sean ciertas, aun hipotéticamente”.
La
fuentes confidenciales entregaron a Univision transferencias de pago de
sueldo, documentos y correos electrónicos que muestran cómo los funcionarios
daban instrucciones de trabajo en Icit desde sus correos electrónicos oficiales
en el gobierno, en días y horas laborales.
De
acuerdo con una de las fuentes, parte de los trabajos solicitados consistió en
destruir carpetas de negociación de contratos del sistema penitenciario,
controlado por Seguridad Pública, en septiembre de 2012.
"Cuando
comenzamos a triturar era de día, después de la comida. Terminamos ya muy
noche. Destruimos tantos documentos que se rompió la máquina trituradora”,
relató. Otras dos fuentes añadieron que esto sucedió en medio de un pasillo en
la Secretaría, a la vista de muchas personas.
Esta
operación ocurrió como parte de su trabajo regular en la Secretaría, pero la
fuente asegura que se sintió en la obligación de hacerlo, porque formaba parte
del “proyecto secreto”.
Personas,
información y software
Las
oficinas de Icit estaban distribuidas en tres localidades de los barrios de la
Condesa y Polanco en Ciudad de México. Los servidores públicos se integraron a
las divisiones de análisis, datos y control de confianza. Los testimonios
coinciden en que en todas las áreas usaban información, recursos y personal del
gobierno.
Por
ejemplo, si una empresa privada requería de pruebas de confianza de sus
empleados, Icit utilizaba el mismo personal que practicaba dichas pruebas a
policías federales, así como los formatos de evaluación y los proveedores,
según las fuentes.
De
acuerdo con los exfuncionarios, la división era dirigida por Vanesa Pedraza, en
ese momento encargada de la misma área de control de confianza en la
coordinación de asesores de Seguridad Pública. Dos fuentes confidenciales
dijeron que ella era la encargada en la Secretaría de invitar a los
funcionarios para integrarse al “proyecto secreto”. Ella no contestó una
solicitud de entrevista de Univision.
"Nosotros
compramos nuestros propios polígrafos, nuestro propio material. Por supuesto,
los contratamos a ellos porque sabían hacerlo, pero después de que terminó el
sexenio”, aseguró Wancier.
La
sección de análisis producía fichas personalizadas a los clientes para tomar
decisiones sobre socios potenciales y riesgos de las zonas donde planeaban
instalarse.
Dos
personas que trabajaron con esa área de Icit afirmaron que una parte de la
información de esas fichas la obtenían de Plataforma México. Esta plataforma
era la gran base de datos de los organismos de seguridad nacional mexicana.
Durante
la entrevista con Univision, Weinberg y su socio negaron enfáticamente que
tuvieran conocimiento de que en su compañía se hubiera utilizado información de
Plataforma México. “Que nos muestren que nosotros les hayamos ordenado hacer
eso. Si lo hicieron, fue a nuestras espaldas”, dijo Wancier.
Los
correos electrónicos muestran que en esa área de Icit trabajó Jorge
Uribe. En esos meses, Uribe también dirigía proyectos de investigación en
la coordinación de asesores de la Secretaría. Uribe respondió en un primer
momento mensajes para una entrevista, pero dejó de hacerlo después de saber que
sería sobre su trabajo en Icit.
Después
de trabajar en Icit, él volvió a la administración pública para dirigir la
unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Ahora trabaja en una firma
privada de seguridad.
En
un correo electrónico de septiembre de 2012, Uribe enlista a los empleados bajo
su cargo en Icit. Especifica que una de ellas estaba encargada de fuentes
cerradas, el nombre con el que se le conoce comúnmente a los datos que
administran las agencias de inteligencia.
La
persona que estaba a cargo de datos cerrados en Icit había sido empleada del
gobierno en áreas de seguridad desde 1994. Según registros públicos, en ese
momento de 2012 coordinaba análisis de información en el sistema de desarrollo
policial de la Secretaría.
En los correos obtenidos para esta investigación se observa que
cada mañana, Polo, el entonces coordinador de asesores del secretario García
Luna, enviaba a los operadores en Icit las síntesis informativas que
llegaban de la Secretaría o de Presidencia a su oficina, para que se basaran en
ellas y alertaran a sus clientes. Polo actualmente dirige la organización civil
Causa en Común.
"Lo
que leía el presidente de México era lo mismo que leían los clientes, nada más
se refrescaba en la oficina y se modificaba un poco. No nos daba tiempo a más.
Éramos tres gatos y querían que funcionáramos como una redacción”, añadió otra
fuente.
"Mi
oficia no estaba a cargo de cuestiones operativas ni administrativas, mi gente
no manejaba información confidencial”, dijo Polo en entrevista.
Una
exsubordinada de Polo explicó que fueron invitadas a trabajar a Icit con una
promesa laboral.
"Nos
convencieron diciéndonos que nos estaban cuidando para que no nos quedáramos
sin trabajo cuando terminara el sexenio”, dijo.
Software
para gobiernos
Los
empleados de Icit usaban NiceTrack, un software de análisis de datos israelí
que se vende a gobiernos, de acuerdo con las comunicaciones obtenidas para esta
investigación.
"No
podían comprarlo directamente, pero lo compró la Secretaría y nosotros lo usábamos
en Icit”, dijo otra persona que estuvo en ese año.
En
un correo electrónico de 2012, Uribe indicó a los empleados de Icit que pronto
vendrían asesores desde Israel para orientarlos en las búsquedas en
NiceTrack y que podrían “generar reportes diarios o con la frecuencia que
lo requieran”. En esa misma comunicación, explicó que el sistema operaría
“desde un acceso remoto, en otro edificio”.
Las
instrucciones fueron para los empleados de Icit que no formaban parte del
gobierno y que no estaban familiarizados con la herramienta, explicó uno de los
entrevistados.
"Éramos empleados simples, nunca habíamos recibido
capacitación de seguridad ni nada por el estilo", dijo una de las
empleadas de Icit que fue parte del proyecto pero nunca trabajó para el
gobierno.
Los Weinberg habían vendido este programa en 2008 a la Secretaría a
través de una de sus empresas llamada Nunvav, que comparte oficinas en México y
Panamá con Icit.
"Somos amigos (de García Luna), pero no por eso tuvimos
contratos en el gobierno. Nosotros vendimos tecnología a la Policía Federal,
vendimos a otras áreas, pero nunca hemos cobrado una comisión más alta que en
el resto del mundo’’, aseguró Weinberg.
Luis Fernando García, director de R3D explicó que este programa
permite en un primer momento la localización geográfica de personas y de
dispositivos de comunicación. También podría permitir la intercepción de
comunicaciones y de tráfico de Internet, añadió.
“Es bastante preocupante que una herramienta con estas
potencialidades estuviera siendo utilizada por personas que no son parte del
servicio público, o que sí lo son, pero siendo utilizada para fines privados’’,
señaló García. “Genera muchos cuestionamientos respecto de la potencial
criminalidad de esta operación”, agregó.
Nunvav es la misma compañía que en 2010 y 2011 cobró 14 millones
de dólares por la venta en Panamá del software PSS, utilizado por el gobierno
de Ricardo Martinelli para espiar a opositores y diplomáticos, según documentos
judiciales.
Wancier aseguró que ellos fueron investigados en Panamá pero nunca
resultaron inculpados por el caso Martinelli.
Responsabilidades
legales
Nunvav
ha vendido equipo y software de seguridad en México durante la última década y
aún tienen algunos contratos vigentes y en espera de cobro, según dijeron a
Univision. En los últimos años, se convirtió en proveedor oficial del gobierno
de Nuevo León y de Tamaulipas. En septiembre de 2016 firmó un contrato de
capacitación sobre el sistema penal acusatorio y competencias policiales
básicas con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.
Una
de las entrevistadas que trabajó solo en Icit y no en el gobierno dijo que
renunció a su trabajo cuando entendió que corría un riesgo legal. “Un día
después de una discusión pregunté a mi jefe si lo que estábamos haciendo era
ilegal y si nos podíamos ir a la cárcel y me dijo que sí. Ese día supe que
tenía que irme”, relató.
Otros
entrevistados salieron de la compañía entre finales de 2012 y mediados de 2013.
Ellos dijeron que el estrés de haber trabajado allí fue tal que debieron
pasar después varios años en terapia psicológica.
"En
35 años que tenemos con la empresa nunca nos han encontrado ninguna
ilegalidad", dijo Weinberg. Hasta ahora, no hay indicios públicos de que
estas empresas hayan sido investigadas por ninguna actividad criminal.
La
ley en México establece que las faltas administrativas pueden ser investigadas
solo en los cinco años posteriores a que fueron supuestamente cometidas.
Univision consultó los detalles de este caso con la Secretaría de
la Función Pública, la autoridad encargada de vigilar el actuar de los
servidores públicos en México. El director de responsabilidades de esa
institución, Fernando Martínez, dijo en entrevista que el caso podría ser
investigado, aunque haya sucedido en 2012, por la permanencia de las
compañías en otros negocios posteriores.
Afirmó: “La investigación se hace incluso cuando ya no son
funcionarios o servidores públicos, pero en el momento en el que se cometió la
posible falta administrativa sí eran servidores públicos y por lo tanto les
aplica la ley”.
*Gerardo
Reyes y Alejandra Pérez contribuyeron con esta investigación.
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