DOS CARAS DE UN GOBIERNO

Ha trascendido que López Obrador (AMLO) intervino en el conflicto interno de Morena, para obligar a las partes que se disputaban la presidencia del partido, a realizar una reunión del Consejo Nacional el próximo 30 de noviembre en donde se definirá que la presidenta actual Yeidckol Polevnsky, cuyo mandato interino termina mañana 20 de noviembre, permanezca en el cargo hasta seis meses más; así como la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, y el de la Comisión de Honestidad y Justicia, Héctor Díaz Polanco.

De la misma manera, la dirigencia de Morena está solicitando al INE y al tribunal electoral, una extensión del plazo de 90 días para limpiar y corregir su padrón electoral, y elegir a su nueva dirigencia nacional y a las estatales.

Se supone que dentro de 6 meses, cuando expire la extensión del mandato de las actuales autoridades partidistas, se celebrará un Congreso Nacional en donde se incluirá en los estatutos la figura de la “encuesta” para elegir a los dirigentes del partido, haciendo caso así a la “sugerencia” del presidente López Obrador.

¿Qué significa todo esto? Es un triunfo arrollador de los grupos de interés, de los conciliábulos cercanos al presidente de la República y de aquellos que quieren matar por completo la vena izquierdista y más vinculada del partido a sus bases en territorio.

En suma, los arribistas identificados con el PRD, el PRI, el PAN, el PVEM y el PES, se harán ahora con la estructura formal de Morena, purgarán (a través del padrón y mediante “encuestas”), a las bases y a los dirigentes que dieron origen a este movimiento social y político de izquierda, y lo llenarán de organizaciones clientelares, al estilo de las que proliferaron en los gobiernos priístas y perredistas.

Polevnsky, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán han derrotado así a Bertha Luján en la lucha por la esencia misma del partido, y ahora lo convertirán en un cascarón al servicio de los intereses políticos y económicos de siempre; de los representantes del statu quo ante.

Y lo peor de todo es que AMLO se convirtió en el enterrador de su propia creación, es decir de Morena. Ya no le interesa más que como aparato electoral y no como defensa de un proyecto de transformación; como matriz de nuevos políticos y funcionarios públicos para gobiernos progresistas; ni como impulsor de una conciencia social y política entre las masas del país, para transformarlo de fondo.

La realidad es que AMLO tiene pavor a los cambios profundos, reales de las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Quiere reformas que quiten algo de poder a los grupos oligárquicos y a ciertos grupos políticos a nivel regional; pero en su perspectiva, la forma en que mantenía la “paz social” y el crecimiento económico el viejo PRI de los años cincuenta del siglo pasado (no por nada, uno de sus ídolos es Adolfo Ruiz Cortines), es el modelo que debe seguir su gobierno. Y, por lo tanto, el partido en el poder no debe tener vida propia, sino ser sólo un apéndice del Poder Ejecutivo Federal.

Por ello, AMLO ha decidido abandonar a las bases militantes y a los dirigentes más comprometidos con los cambios de fondo, y ha optado por los “moderados”, los “negociadores”, los que le van a aplaudir cualquier decisión, correcta o errónea que tome; aquéllos que no van a espantar al grupo de oligarcas con los que ha hecho alianza (ni a la potencia hegemónica a la que tanto teme).

Esta es la cara derechista de AMLO, que se ha reafirmado estos días con su acercamiento con el hombre más rico de México, Carlos Slim; con el próximo anuncio del programa de obras que serán construidas por un selecto grupo de hombres de negocios, y con su sumisión ante Estados Unidos, aceptando que hasta 40 miembros del FBI se hagan cargo de la investigación del asesinato de los niños y mujeres pertenecientes a la familia-secta Lebarón (eso de que van a “acompañar” la investigación de la Fiscalía General, no se lo cree nadie; y eso de que van a estar “desarmados” tampoco, ya que en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se permite a los agentes de seguridad de gobiernos extranjeros, portar sus armas de cargo en el territorio nacional).

La cara izquierdista de AMLO se ha reflejado en una parte de la política exterior, al incomodar a Washington en el ámbito de la política latinoamericana, negándose a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela; acercándose al recientemente electo presidente de corte progresista de Argentina, Alberto Fernández; y, sobre todo, dando asilo y poniéndose manifiestamente de lado del depuesto presidente Evo Morales, después del golpe de Estado que se verificó en Bolivia.

Estas posiciones tienen histérica a la derecha mexicana y a sus corifeos en los medios de comunicación. Y de la misma forma, la manera en que AMLO está tratando de remodelar los organismos autónomos, que fueron creados en los gobiernos anteriores, para mantener la misma estructura de dominación política y económica, ha provocado una intensa campaña en su contra por querer “capturar” y prácticamente demoler a estos organismos.

En este sentido, se está planteando la próxima elaboración de una reforma fiscal, que si bien se buscaría aprobar hasta 2021, tendrá que ir negociándose con los grupos de poder, desde ahora.

Todo indica que esa reforma será un durísimo golpe contra la exigua clase media del país, pues se elevarán los pagos de predial, las tarifas de agua, energía eléctrica y muy probablemente de gas y gasolina.

También se establecerá el IVA para alimentos y medicinas; aumento del IESP; y es posible un aumento del ISR para clases medias y altas.

De la misma forma se establecerán impuestos (todavía más) a las transacciones financieras; y ya se habla de un impuesto a las herencias.

En suma, será un paquete supuestamente dirigido contra los sectores más adinerados, pero en esencia sólo afectará a la delgada clase media del país, pues los millonarios y multimillonarios sacarán la mayoría de sus fortunas del territorio nacional (a paraísos fiscales) y buscarán los mecanismos contables y legales adecuados, para protegerlas. Los pobres, o no pagan impuestos (60% de informalidad), o pagan muy pocas contribuciones; así que el 80% del peso de la reforma fiscal recaerá, como siempre, en ese pequeño segmento de profesionistas, empleados y pequeños empresarios que conforman a la clase media, y que están cautivos y sin medios de defensa ante este tipo de “reformas fiscales”, que se convierten en un robo en despoblado, para estos sectores de la población.

Esta reforma, que se aprobará una vez que pasen las elecciones intermedias del 2021 y la consulta para definir si AMLO continúa o no como presidente, tendrá el efecto de alejar a esa parte de la clase media que votó y confió en AMLO para terminar con un régimen corrupto, provocador de pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia e impunidad.

A cambio recibirá más impuestos; la casi confiscación de sus propiedades, la no solución a las crisis de inseguridad, violencia e impunidad; y para colmo, la acusación de ser criticones, desagradecidos y conservadores.

Por supuesto, ello llevará a que esa clase media que comenzaba a percibir en 2018 que un gobierno progresista podía ser benéfico para el país en su conjunto, se tornará agresivamente en su contra, y se convertirá nuevamente en la base social de la derecha política, es decir del PAN.