La primera
vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala realizadas ayer,
prefiguran que habrá una segunda vuelta entre la candidata presidencial de la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres (25.27% de los votos) y el
candidato del partido Vamos, Alejandro Giammattei (14.08%), con el 94% de los
votos contados.[1]
Todo indica
también que UNE será el partido más votado para el Congreso y en la mayoría de
las alcaldías.
UNE es un
partido de tendencia social demócrata, que proviene de estratos medios de la
sociedad guatemalteca, con presencia principalmente en zonas rurales y que
logró la presidencia en 2007 con Alvaro Colom (2008-2012), ex esposo de Sandra
Torres (a quien se le negó la posibilidad de competir por la presidencia en
2011, porque se divorció del presidente para poder evitar la prohibición de que
los familiares directos del mandatario en turno puedan postularse a dicho
puesto). Torres se volvió se postular para la presidencia en 2015, pero cayó en
segunda vuelta ante el actual presidente Jimmy Morales.
Giammattei
se considera el representante de grupos de derecha, que continuamente forman
partidos políticos para cada ciclo electoral, con objeto de postular a
representantes de la oligarquía y/o del estamento militar, para mantener el
poder político y económico, evitando que sectores medios y o de la muy
debilitada izquierda guatemalteca, puedan acceder a la presidencia.
Para la
segunda vuelta, la previsión es que los varios partidos políticos de derecha
que presentaron candidatos presidenciales impulsarán el voto en favor de
Giammattei[2] como representante de los
sectores empresariales y conservadores del país.
En
Guatemala, después del fin del conflicto interno que dejó 200,000 muertos
(1960-1996), la élite económica (la antigua del sector agrícola; y la nueva, de
los sectores industrial y comercial) ha mantenido una alianza, difícil en ocasiones,
pero más o menos permanente con la cúpula militar, para acotar los compromisos
democráticos y en materia de derechos humanos que se convinieron en los acuerdos
de paz de 1996 con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
La
aplicación de la política neoliberal en Latinoamérica, a instancias de Washington;
el mantenimiento del poder económico en una minoría y la concentración del poder
político en los centros urbanos, dejando a la mayoría de pueblos originarios y
campesinos olvidados y fuera del radar de las políticas públicas, ha reforzado
la división de la sociedad guatemalteca en una minoría urbana, educada y con un
nivel de vida medio y alto; y una gran mayoría pobre y marginada que no se ve
reflejada, ni en los partidos políticos, ni en las políticas públicas
desarrolladas por los sucesivos gobiernos.
Pero ahora
Guatemala se enfrenta a una disyuntiva más severa, que sus élites económicas y
políticas no quieren ver. En los últimos 3 años, uno de los cultivos
fundamentales de la agricultura guatemalteca, el café, se ha enfrentado a dos
situaciones de extrema gravedad: una caída del precio internacional, debido a
la sobreproducción (especialmente en Brasil), y una concentración en pocos
consorcios de la compra del producto; aunado a problemas ambientales (sequías
y/o inundaciones), que han dejado a miles de productores fuera del mercado y
endeudados, generando una mayor emigración del campo guatemalteco hacia las
ciudades y hacia Estados Unidos (vía México).
Si a esto se
le suma la endémica violencia criminal en el país, que amenaza la seguridad de
miles de jóvenes, los cuales ante las escasas oportunidades de trabajo y/o los
bajos salarios, también prefieren emigrar[3], Guatemala se encuentra
frente a un éxodo de su principal fuerza de trabajo, que se va a encontrar, por
primera vez en muchos años, con dos muros que difícilmente podrá superar: el cierre de la
frontera sur mexicana, por órdenes de Trump (dócilmente aceptadas por el
gobierno mexicano); y con ello, la búsqueda de zonas más peligrosas para pasar,
con lo que el crimen organizado tendrá a su merced a más migrantes a quienes
explotar, secuestrar, violar y matar.
Aún no
dimensionan en Guatemala lo que el cierre de la frontera sur mexicana y el
mayor endurecimiento de la política migratoria estadounidense (con muchas más
deportaciones) va a significar para la sociedad guatemalteca, pues la crisis
del café, de la violencia y de la migración, van a generar una presión
mayúscula para las frágiles instituciones guatemaltecas, que pueden llevar a un
colapso mayor a ese país.
Las élites
guatemaltecas, como las mexicanas, hondureñas y salvadoreñas, han visto la
emigración de pobres y desempleados, como su válvula de escape, para quitar
presión a sus débiles economías, con lo que se quitan responsabilidad, dejando
la problemática a los países hacia donde se dirigen los migrantes. Pero ahora
con el tapón con el que se van a encontrar en las fronteras sur y norte de
México, la presión social en los países del Triángulo Norte puede llegar a ser
intolerable.
Pero las élites
de estos países confían en que México y eventualmente Estados Unidos se sigan
haciendo cargo de los migrantes y los gobiernos centroamericanos puedan
mantener su posición de que se les respeten los derechos humanos a sus
ciudadanos, pero nada más.
Si estas
élites no intentan reformar de fondo sus sistemas políticos, económicos y sociales,
y mantienen su desinterés en la suerte de la mayoría de sus habitantes, la
crisis que puede generarse en sus países bien podría llevar a levantamientos
sociales, protestas masivas, resurgimiento de grupos guerrilleros y nuevamente
el establecimiento de dictaduras militares, con todas sus nefastas
consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos
de población y crisis económica. Aún hay tiempo de rectificar.
[2]
Un médico que fue director del
Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007 durante la presidencia de Oscar Berger;
y quien estuvo preso en 2010, acusado de la ejecución extrajudicial de 7 reos
durante su gestión en dicho sistema penitenciario; es la cuarta ocasión que se
postula para la presidencia,
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