Si bien el gobierno de Peña Nieto, el PRI, PAN, PRD y los
partidos bonsái (PVEM, PANAL y PES) coinciden en mantener y profundizar el
modelo económico neoliberal y la dictadura disfrazada de democracia que existe
en México; así como la asociación de la subclase política corrupta con el
crimen organizado, y la subordinación y lacayismo respecto a los Estados Unidos,
difieren en la forma de mantener este esquema de expoliación y depredación del
territorio, los recursos financieros y humanos del país; y especialmente, están
en franca competencia por ver cual facción va a ser la encargada de administrar
el saqueo y la destrucción del país los siguientes seis años.
Esa lucha descarnada por el poder político es lo que explica
las diferencias crecientes entre el gobierno de Peña y el PRI, con el PAN. Poco
o nada tiene que ver que la dirigencia nacional del PAN esté en contra de que
el PRI imponga al actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes,
como Fiscal General para los siguientes 9 años. Eso es sólo el pretexto.
La verdadera lucha entre Peña y la dirigencia panista,
representada ahora por el joven e inexperto Ricardo Anaya, tiene que ver con
cuál de ambas facciones pueden garantizarle mejor a los oligarcas nacionales, a
la tecnocracia y a las trasnacionales, la continuidad y de hecho, la
sobrevivencia del modelo neoliberal y de la democracia disfrazada que existe en
el país.
Por supuesto que ambas facciones también están luchando por
el poder político (Peña y el PRI por mantenerlo, el PAN por recuperarlo), pues la
cantidad de dinero que por medio de la corrupción, los abusos y la asociación
con el crimen organizado les genera el estar en la cúspide del poder político
en México (esto es, el Poder Ejecutivo Federal), es monstruosa.[1]
El gobierno siempre ha sabido de la corrupción de sus propios
miembros y de la de sus aliados y enemigos. Por ello no resulta nada extraño
que le esté apretando las tuercas al joven Anaya, exponiendo como en sólo 14
años, desde que fue secretario particular del entonces gobernador de Querétaro,
hasta que se convirtió en el dirigente nacional panista, el patrimonio de su
familia creció exponencialmente, a través de adquisiciones inmobiliarias, que
pasaron de 21.4 millones de pesos en 2003 a 308 millones de pesos en la
actualidad. Y todo ello convenientemente difundido por uno de los diarios
aliados del gobierno, El Universal.
Hay varias cuentas pendientes que el gobierno peñista le está cobrando a Anaya.
Primero, el dirigente panista se comprometió a que en el Estado de México
dejaría pasar el fraude electoral en favor de Alfredo del Mazo; pero no
cumplió, al presentar impugnaciones contra la elección, tal como lo hizo Morena
(la “bestia negra” de la coalición gobernante), aduciendo que se atacó a su
candidata, Josefina Vázquez Mota, por los recursos que recibió (1000 millones
de pesos) del gobierno, supuestamente para ayudar, a través de una asociación
civil, a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y especialmente, porque la
PGR no la deslindó de las acusaciones de corrupción que surgieron en la prensa,
sino hasta la última semana antes de la elección.
Así también, Anaya aduce que no “le cumplieron” en las
elecciones de Coahuila, en donde esperaba un triunfo panista, pero la
maquinaria priísta del fraude, logró imponer a su candidato, y hasta el momento
las autoridades electorales no han anulado la elección, como también lo exigía
Anaya.
En suma, Anaya estaba esperando que Peña le diera el apoyo
necesario a su gestión como presidente del PAN, con objeto de fortalecerse
internamente y así lograr la candidatura presidencial, derrotando a la facción
calderonista, que lleva como propuesta a Margarita Zavala; y a la declinante
opción que representa el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
Así, al ver Anaya que Peña no iba a servir como la palanca
para lograr la candidatura panista, decidió presionar, empezando por lanzar con
la muy debilitada presidenta del PRD, Alejandra Barrales; la idea del Frente
Amplio Opositor, como una opción distinta dentro del bloque neoliberal, para
enfrentar el reto que representa Morena y su candidato Andrés Manuel López
Obrador.
Y ahora está enfrascado en la batalla por obstaculizar el
nombramiento de Cervantes como Fiscal General, pues es su última carta para
presionar a Peña con objeto de que se realice una nueva elección en Coahuila,
que le abra la oportunidad al PAN de ganar en esa entidad federativa; para que
el gobierno deje de presionarlo a él y a su familia, con su enriquecimiento,
bastante explicable, estos últimos años; y con objeto de que pueda fortalecerse
internamente para conseguir la candidatura presidencial, considerando que el
Frente Amplio Opositor no lo consideraría como opción para ser candidato, y lo
más probable es que dicho frente se desbarate en la búsqueda del candidato
presidencial “de consenso”, en vista de las múltiples ambiciones, egos y
envidias que va a generar esa designación.
En suma, las facciones dentro del bloque neoliberal no se
están poniendo de acuerdo para enfrentar a su principal opositor, Morena; que
por su parte ha debido asumir serios costos internos y externos por el muy
desaseado proceso para designar a su candidata a la jefatura de gobierno en la
ciudad de México, lo que ha evidenciado que dentro de dicho partido, no están
contemplados los mecanismos democráticos para seleccionar a sus abanderados.
La corrupción alcanza el 10% del PIB, es decir 100,000
millones de dólares, o 1,795,000,000,000 de pesos anuales, al tipo de cambio
actual. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas.html
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