Ildefonso Guajardo (secretario de Economía) y los
representantes del sector empresarial mexicano se llenan la boca diciendo que
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en
inglés) ha sido beneficioso para los tres países participantes; que ha
aumentado el comercio, la inversión, que se han creado en la región 40 millones
de empleos en los 23 años de vigencia del mismo; en fin que es una maravilla,
casi creada por Dios mismo, para beneficio de los pueblos de Norteamérica.
Y por ello, la renegociación del tratado debe ser para “modernizarlo”,
para que se adecúe al siglo XXI y para seguir expandiendo el comercio y la
inversión, sin traba alguna.
Pero cuando se les preguntó a los representantes
empresariales mexicanos, después del inicio de la primera sesión de renegociación
en Washington, si la misma podría implicar un aumento de los salarios de los
trabajadores en México, entonces como coro señalaron: ¡NO! ¡IMPOSIBLE! En todo
caso, eso sucederá con “el tiempo” (ya van 23 años de vigencia del tratado y no
ha habido convergencia salarial entre México y sus socios; seguramente se
necesitarán otros 25, 50 ó 100 años; o nunca).
Además, argumentan que los trabajadores mexicanos requerirán “sofisticarse
y capacitarse más”, para ganar mejores salarios y aprender las “nuevas
tecnologías”. Eso que los propios empresarios de México y Estados Unidos
afirman que es la única causa por la que Estados Unidos pierde empresas
manufactureras en favor de México: ahora la explicación es que la tecnología es
la que quita trabajos, no los bajísimos salarios en México; no las nulas
regulaciones ambientales; no el exiguo pago de impuestos; no la inexistente
protección a los consumidores mexicanos.
Obviamente las trasnacionales estadounidenses, los oligarcas
mexicanos y los tecnócratas que representan a ambos, están luchando con todo lo
que tienen porque se mantengan esas “ventajas comparativas” que tiene México
respecto a Estados Unidos, y que permiten a esas corporaciones y a esos
oligarcas tasas brutales de ganancia, que no obtendrían en países en donde
existieran organizaciones sindicales fuertes y gobiernos que hicieran valer la
negociación colectiva, los derechos laborales, el reconocimiento en el salario
a los aumentos en la productividad; así como regulaciones ambientales y
protección adecuada al consumidor; con impuestos razonables, pero acordes con
los niveles de ganancia de esas empresas.
Con toda razón (en este punto), el gobierno de Trump señala
que México saca ventaja injustificada (y no es México, son las trasnacionales
asentadas en nuestro país, la mayoría de ellas estadounidenses), al pagar
salarios de hambre, abonar bajísimos impuestos; y, no aplicar en los hechos las
regulaciones para proteger el medio ambiente, los derechos laborales y los del
consumidor, con lo que las empresas manufactureras logran una reducción
gigantesca de sus costos, y por ello prefieren emigrar a nuestro país, dejando
regiones enteras de Estados Unidos en el abandono.
Para los negociadores mexicanos y sus asesores empresariales,
la clave del NAFTA es mantener esa situación en la que se puede seguir
explotando inmisericordemente al trabajador mexicano y los recursos naturales
del territorio, sin molestas regulaciones y menos aún la “convergencia salarial”
entre los tres países.
Pero si el equipo de Trump considera que esas ventajas
injustas de México son la clave que explican la migración de empresas fuera de
territorio de Estados Unidos y con ello una buena parte del déficit comercial
de ese país, júrenlo que no lo va a dejar pasar y va a intentar establecer
aranceles u otro tipo de barreras no arancelarias en los sectores (todos) en
los que esas diferencias salariales y regulatorias provocan una clara
desventaja a la economía estadounidense; con lo que seguramente se le dará el “tiro
de gracia” a este malhadado tratado, que sólo ha beneficiado a las élites
económicas de ambos países, y en mínima parte a no más del 20% de la población
mexicana que está enganchada en el consumismo (porque lo puede costear), pero
no así el otro 80% que sufre los estragos de la política económica neoliberal,
depredadora y expoliadora, impuesta al país durante los últimos 35 años.
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