La reformitis es una enfermedad de la política mexicana. Cada sexenio se cree que con cambiar ad nauseam la Constitución y las leyes, por arte de magia el país se transforma. Sólo basta ver la cara de circunspección y de éxtasis de diputados/senadores y sobre todo de diputadas/senadoras, cuando se aprueba una nueva modificación al texto constitucional o a una ley considerada importante, para darse cuenta que se sienten realmente los padres y madres de la patria. Eso, a pesar de que el 95% de ellos ni siquiera leen lo que aprueban, y el 99% no participa en la elaboración y redacción de dichas reformas, pues esos diputados y senadores son puestos ahí por la cúpula de sus partidos, por gobernadores, secretarios de estado, grandes empresas y por supuesto por el círculo cercano del presidente en turno, para que aprieten el botón o levanten el dedo cuando se les indique, y aplaudan o abucheen cuando se les diga; pero no para ejercer su responsabilidad de representar con lo mejor de sus capacidades (que no son muchas) a la ciudadanía que teóricamente los eligió, y que generosamente les paga sus altísimas remuneraciones a través de los impuestos.
Normalmente los grupos de presión, especialmente las grandes empresas, tienen un enorme poder de cabildeo para que se aprueben reformas que les favorezcan, y para obstaculizar las que no les conviene.
Así, en la nueva ley de telecomunicaciones, las grandes empresas de televisión abierta lograron que sus canales sigan cobrándosele a los abonados en la tv de paga, a pesar de que ello es a todas luces un abuso. Sin embargo, ello no cambió gracias al poder de las dos grandes televisoras que dominan en el país.
Los bancos también lograron en la reciente reforma financiera, unas condiciones verdaderamente aterradoras para la ciudadanía, en el caso del cobro de adeudos, pues ahora hasta cárcel y congelamiento de todas sus cuentas y bienes pueden aplicar contra los deudores: En cambio, la enorme cantidad de fraudes, robos de identidad y abusos de estas instituciones usureras y explotadoras nunca es investigado por las autoridades y mucho menos castigado. En suma, todo el peso de la ley para el débil, y todas las ventajas para el fuerte. Esa fue la parte relevante de la reforma financiera; olvídense de que aumente o se facilite el crédito, ahí no van a dejar de apretar estos hijos de Shylock.
En la reforma educativa, si bien se le da una necesaria corrección a los excesos del sindicato magisterial, a través de la nueva ley de profesionalización docente, el gobierno y los grandes empresarios se extralimitaron al convertir la evaluación en un instrumento de control político, mediante el cual tendrán amenazada a la planta docente con la posibilidad del despido, en vez de utilizarla como un incentivo para el mejoramiento de las capacidades y habilidades de los maestros.
En el caso de la reforma energética, la propuesta gubernamental (ya no hablemos de la del PAN), implica no un fortalecimiento de Pemex y CFE, sino su debilitamiento ante las grandes empresas transnacionales, que ahora podrán competir por contratos, sin que las dos empresas paraestatales cuenten con los instrumentos jurídicos y con el financiamiento necesario para hacer frente a dicha competencia. Es decir, se les pone a competir con una mano amarrada a la espalda, enfrentando a pesos pesados, mientras que Pemex y CFE, cuando mucho llegan a peso ligero.
En resumidas cuentas, una cosa es hacerle caso a la interminable y persistente propaganda gubernamental sobre la maravilla de las reformas, y otra muy distinta es ver dichas reformas en su verdadera dimensión, esto es, a quién van a beneficiar principalmente. Como dice el dicho "el que hace la ley, hace la trampa". Y los mexicanos, una vez más, hemos caído en la trampa que nos tienden, un día sí y otro también, los poderosos y abusadores de siempre.
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