LA POLÍTICA ENERGÉTICA MEXICANA Y ESTADOS UNIDOS
El gobierno
de Estados Unidos ha solicitado el mecanismo de consultas (así como el gobierno
de Canadá), al gobierno de México, en el marco del Tratado México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC), debido a que considera que las acciones de política
pública y regulatorias del Estado Mexicano han impactado negativamente a las
empresas estadounidenses del sector energético, para beneficiar a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), al violar
capítulos como acceso a mercado, inversión y Empresas propiedad del Estado.[1]
El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha rechazado que
nuestro país esté violando el T-MEC en el sector energético, y para ello ha
argumentado que el capítulo 8 del mencionado acuerdo, posibilita a México a
definir soberanamente su política en materia energética.
“CAPÍTULO 8
RECONOCIMIENTO
DEL DOMINIO DIRECTO Y LA PROPIEDAD INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS DE LOS HIDROCARBUROS.
Artículo
8.1: Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e
Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos.
1. Según lo
dispone este Tratado, las Partes confirman su pleno respeto por la soberanía y
su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo
de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno
ejercicio de sus procesos democráticos.
2. En el
caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme
a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que: (a) México se reserva su
derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y (b)
México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de
todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la
plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar
territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su
estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.”[2]
Para el
presidente está más que claro que este capítulo le reconoce a México la
facultad de modificar su política energética soberanamente, sin que ello
implique una violación del tratado comercial y de inversiones firmado con
Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo,
para los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, otros capítulos del Tratado
restringen la capacidad soberana de los tres países para decidir sobre sus
políticas públicas, si con ello se produce un trato discriminatorio contra las
empresas de los otros dos.
Esto es, la
política energética del gobierno de AMLO pone a la CFE y a PEMEX por encima de
las empresas energéticas estadounidenses y canadienses, con lo que viola
diversas estipulaciones y artículos del T-MEC, por lo que el capítulo 8 no
puede esgrimirse como justificación para ignorar otras disposiciones del
tratado.
Obviamente,
para el gobierno mexicano esto es debatible, por lo que las consultas deberían
ayudar a clarificar si el capítulo 8 da tanta manga ancha al gobierno mexicano
como para ignorar y/o violar otras disposiciones del tratado, en las que se
especifica que no se pueden dar ventajas a empresas (sean públicas o privadas)
de un país, sobre las de los otros dos firmantes del tratado, sin incurrir en
violaciones al mismo.
El problema
es de origen, ya que el tratado fue negociado por la burocracia neoliberal de
la Secretaría de Economía del gobierno de Peña Nieto, que entonces encabezaba
el hoy diputado federal del PRI, Ildefonso Guajardo, y que para complacer a
Trump, aceptó una serie de cláusulas y disposiciones ampliamente favorables
para los intereses de Estados Unidos, en detrimento de México.
Sin embargo,
no toda la responsabilidad cae en el gobierno de Peña, ya que el impresentable e
incompetente representante de AMLO (que ya era presidente electo) en las
negociaciones con Estados Unidos y Canadá, el hoy embajador en China (incluso condecorado
por AMLO), Jesús Seade, dejó pasar todas esas disposiciones contrarias al
interés nacional, tanto en el capítulo de acceso a mercado, como en inversión,
como en empresas del Estado, como en solución de controversias (en donde se
quedaron los nefastos paneles, en los que Estados Unidos y Canadá siempre
terminan derrotando a México).
Y peor aún,
AMLO, no se tomó la molestia de leer todo el tratado (no lleva más de 2 horas),
ni de preguntar sobre lo que no sabía o entendía a diversos especialistas en
materia de comercio exterior, una vez firmado por Peña Nieto en el último día
de su mandato.
AMLO y la
mayoría de su partido Morena, en el Senado tenían la obligación de revisar a
fondo el tratado, para decidir si se ratificaba o no; y, seguramente durante un
análisis prudente y serio hubieran podido identificarse las contraposiciones
entre el capítulo 8 y otros capítulos del tratado, con lo que México hubiera
podido exigir una renegociación de los capítulos que pusieran en entredicho su
facultad soberana de definir su política energética.
Pero AMLO,
en su infinita ignorancia y arrogancia, instruyó al Senado mexicano a
ratificarlo en sólo ¡2 días! Ni siquiera lo leyeron los patéticos senadores
oficialistas y de la oposición, y por lo tanto el tratado fue ratificado con
las disposiciones que anulan el capítulo 8; o que por lo menos lo ponen en
duda.
Eso de
creerse un sabelotodo tiene serias consecuencias para el país; y lo sucedido en
el 2018, cuando AMLO disfrutaba de todas las alabanzas y servilismo que concita
la llegada al poder, le están pasando la factura al país en estos momentos, lo
que podría provocar que México acabe perdiendo el famoso panel de controversias
(o dos paneles, si Canadá abre consultas por su parte) con sus dos socios del
T-MEC, que podrían costarle a los mexicanos hasta 30 mil millones de dólares en
aranceles punitivos para sus mercancías.
Pero AMLO
siempre cree que sabe más que todos y asegura que nada malo pasará, y que a
pesar de que él y su patético negociador Jesús Seade han puesto al país en una
situación gravísima ante Estados Unidos y Canadá, México no sufrirá ningún
perjuicio derivado de esta controversia; que ahora AMLO la quiere explotar
políticamente como un asunto de defensa de la soberanía, patrioterismo ramplón
y para atacar a sus adversarios políticos internos.
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