LA DESTRUCCIÓN DEL PRI Y DESPUÉS SU FUSIÓN CON MORENA

En estos meses hemos presenciado en México como el gobierno de López Obrador (AMLO), a través de diversos medios, está tratando de desmantelar definitivamente al que fue durante más de 70 años en el siglo XX el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A lo largo de su administración, AMLO ha jugado con “el palo y la zanahoria” con el PRI, pues por un lado ha mantenido la amenaza de investigar la corrupción desmesurada del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que había significado el regreso del PRI al poder, después de 12 nefastos años de gobiernos panistas (Fox y Calderón).

Mientras por otro lado, ha atraído hacia su gobierno a miembros de ese partido, ya sea gobernadores y/o legisladores para que apoyen sus políticas públicas, con la promesa de integrarlos a su administración, una vez que terminen sus encargos públicos; y/o no perseguirlos por posibles actos de corrupción.

Varios han sido “convencidos”, como los ex gobernadores de Sonora (ahora la cónsul en Barcelona), Sinaloa (ahora embajador en España) y Campeche (ahora embajador en República Dominicana), que aceptaron no intervenir en favor de los candidatos del PRI en sus respectivos estados, dejándole el campo libre a los candidatos de Morena (varios de ellos, en distintos estados, ex priistas reciclados como morenistas), con lo que el partido en el poder ha logrado convertirse en el dominante, con un total de 20 gubernaturas (más otras dos, gobernadas por partidos aliados al gobierno de AMLO), de un total de 32.

Asimismo, López Obrador intentó atraerse a los legisladores del PRI para que aprobaran su propuesta de modificación constitucional en materia eléctrica; pero las negociaciones con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fracasaron, lo que motivó que la iniciativa no alcanzara los dos tercios de los votos requeridos y fuera desechada en la Cámara de Diputados.

Ello detonó las represalias contra el dirigente del PRI, a través de la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dando a conocer grabaciones ilegales en las que el dirigente del PRI se auto incrimina, al dar a conocer en las mismas, el uso de recursos ilegales para campañas políticas y desvíos para sus cuentas personales.

Así, AMLO mandó el mensaje al PRI de que tiene dos opciones, o se subordina a las prioridades de su gobierno, a cambio de lo cual los miembros prominentes de ese partido pueden seguir en la impunidad por distintos casos de corrupción y abuso de poder que plagan a los principales dirigentes y líderes priistas; o de lo contrario, sufrirán las consecuencias, siendo investigados y eventualmente juzgados por sus actos de corrupción.

En esa misma tesitura, ayer en la conferencia “mañanera” del presidente, por órdenes de AMLO, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, dio cuenta de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por la transferencia, probablemente ilegal, de más de 26 millones de pesos a cuentas en el extranjero; así como el hecho de que el ex presidente y familiares suyos forman parte de un conglomerado de empresas, que durante su periodo presidencial recibieron contratos del gobierno por más de 10 mil millones de pesos.

El mensaje al grupo más poderoso que queda en el PRI, el grupo Atlacomulco en el Estado de México (del cual forma parte Peña Nieto), es que igual que otros gobernadores del PRI, el actual, Alfredo del Mazo no debe operar en favor de dicho partido en las elecciones del próximo año para renovar la gubernatura, dejándole el campo libre a Morena; de lo contrario, la investigación contra Peña Nieto podría ampliarse a buena parte de la clase política priista del Estado de México.

En cambio, si el grupo Atlacomulco acepta entregar la “plaza” sin pelear, tanto la investigación contra Peña Nieto, como en caso de iniciarse, contra otros miembros del mencionado grupo, significativamente el actual gobernador Del Mazo, bien podrían llevar años en la muy complaciente Fiscalía General, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que una y otra vez es defendido por el presidente, ante el cúmulo de evidencias de que el fiscal utiliza facciosamente su puesto, para favorecer las causas que le son cercanas a él o para llevar los procesos con tal lentitud y falta de interés que acaban favoreciendo los intereses de aliados políticos y/o económicos del propio fiscal o del actual gobierno federal.

Así, si el gobierno de AMLO logra doblar al PRI, especialmente para las elecciones del Estado de México y Coahuila el próximo año, y sigue la desbandada de priistas hacia Morena, habrá logrado no sólo desmantelar a uno de los dos principales partidos de oposición (el otro significativo es el PAN), sino que también podrá disolver una posible alianza entre PRI, PAN y el ya casi desaparecido PRD, para contender con un candidato presidencial para las elecciones del 2024.

De hecho, AMLO está impulsando la candidatura de aliados suyos que nominalmente aún están en el PRI, como los salientes gobernadores de Hidalgo (Omar Fayad) y Oaxaca (Alejandro Murat), que entregaron sus estados sin dar pelea, a Morena; como posibles “candidatos” presidenciales del PRI.

Con ello AMLO desbarataría una posible alianza opositora en contra del candidato(a) de su partido, y al mismo tiempo acabaría por desaparecer a un PRI que sería ampliamente derrotado en las elecciones presidenciales.

Morena terminaría absorbiendo a toda la estructura y a los políticos prominentes del PRI, con lo que acabaría por fusionarse la clase política tradicional con la supuestamente nueva de Morena, que en la realidad no existe, pues en su gran mayoría, el partido gobernante está integrado por las estructuras y los grupos de interés que dieron vida y poder al Partido Revolucionario Institucional.

Que todo cambie, para que todo siga igual.