RETOS PARA MÉXICO
EN EL 2022
El año que
iniciará el sábado próximo será crucial en muchos sentidos, para el proyecto
personal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que pretende pasar
a la historia como el mejor primer mandatario que ha tenido nuestro país.
Primero,
enfrenta una inflación desatada, la más alta en los últimos 20 años, de entre 7
y 8% anual, que por ahora no hay forma de controlarla, dado que proviene de los
problemas en las cadenas internacionales de suministro, en las que nada puede
influir el gobierno mexicano; y el Banco de México, con todo y su nueva
gobernadora, se limitará a subir las tasas de interés, lo que sólo restringirá
más el crédito a una economía que comienza a mostrar problemas en su camino a
la recuperación.
Si bien el
año que termina, 2021 el crecimiento económico podría llegar al 6%, con la
caída de 8.5% en 2020 y de 0.1% en 2019, arroja aún un saldo negativo en el
periodo gubernamental de – 2.6%.
Se especula
que en el 2022 la economía pueda crecer un 3%, con lo que en los cuatro años
del gobierno (2018-2022) se tendría un crecimiento acumulado de sólo 0.4%, lo
que equivale a un 0.1% anual, el peor dato desde la crisis económica de los
años 30 del siglo pasado.
A raíz de la
pandemia y los cierres obligados de la economía, aumentó la pobreza en estos
tres años en 3.7 millones de personas, y eso el gobierno de AMLO lo considera
un logro, pues argumenta, contra factualmente que hubiera podido ser peor, de
no ser por los programas sociales implantados por la actual administración. La
misma explicación que daban los gobiernos neoliberales a los que se les
criticaba el aumento de la pobreza durante sus administraciones, y de la misma
forma argumentaban que “hubiera sido peor” de no haber aplicado sus programas
de ajuste. Nada nuevo bajo el sol.
Si bien ha
habido una histórica recuperación del salario mínimo; con el aumento de la
inflación, se ha anulado dicho incremento para 2022, y en el caso de los
salarios contractuales tuvieron una caída real de menos 2.14% en 2021.[1]
Gracias a las
remesas, inversión extranjera directa y las exportaciones agropecuarias, la
balanza de pagos del país, al menos al tercer trimestre del 2021, no resultó
tan deficitaria, al llegar a -4,070 millones de dólares.
Así también,
se ha visto una recuperación en el empleo, aunque para el último trimestre del
año parece perder dinamismo.
De lo
anterior se desprende que el gobierno de AMLO va a tener que buscar darle
solidez a la recuperación económica, basada en gran medida en su sector exportador,
que como se sabe está vinculado al aparato productivo de Estados Unidos.
Por ello,
AMLO ha anunciado que en los próximos días, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramirez
de la O, anunciará el Plan México, que tiene como objetivo proponer al gobierno
de Estados Unidos una estrategia para afianzar las cadenas de suministro entre
ambos países y promover la relocalización de empresas estadounidenses desde
China hacia México; todo ello con objeto de que en nuestro país se mantenga
elevada la inversión extranjera directa, la creación de empleo y así se impulse
la recuperación de la economía.
Sin embargo,
este plan no embona con la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas,
que son las que crean hasta el 70% del empleo formal en el país, y que para
2022 no recibirán ni un solo peso de apoyos de parte del gobierno federal.
Si a esto se
le suma el encarecimiento del crédito por el alza de las tasas de interés y la
permanencia de la violencia criminal, la inseguridad, el “cobro de piso”, etc.
que afectan desproporcionadamente a los pequeños empresarios, llegamos al
escenario en que el Plan México se va a quedar en puros buenos deseos; sobre
todo si le aunamos la desconfianza de los inversores estadounidenses en la
política energética del gobierno de AMLO, que impulsa una mayor autosuficiencia
en la producción de hidrocarburos y la rectoría del Estado en la generación y
distribución de la electricidad.
En lo que
respecta a la inseguridad, los 106 mil asesinatos en lo que va del sexenio, ya
constituyen un récord; la impunidad sigue siendo del 96%, los desaparecidos
suman casi 100 mil personas, y la estrategia de seguridad sigue centrada
exclusivamente en la presencia de los 100 mil elementos de la Guardia Nacional,
que no pueden controlar los enfrentamientos entre grupos criminales, la
violencia permanente en diversos estados del país y el creciente desplazamiento
de población, especialmente en el medio rural y en pequeñas poblaciones, que es
expulsada por los grupos criminales.
Así, para
2022, el que se logre la modificación constitucional mediante la cual la
Guardia Nacional quede definitivamente encuadrada en la Secretaría de la
Defensa Nacional, no resolverá nada, en la medida en que las policías, los ministerios
públicos y los juzgados sigan siendo insuficientes, mal preparados, rebasados
por la cantidad de casos que deben atender y en muchísimos casos intimidados y
cooptados por el crimen organizado.
En materia
de migración la crisis continúa y no parece existir una estrategia para ordenar,
regular y absorber una creciente migración indocumentada que busca llegar a
Estados Unidos, lo que se ha visto agravado por la política de “quédate en
México” y las expulsiones mediante el título 42 de la Unión Americana a nuestro
país, lo que sigue generando una crisis humanitaria en la frontera entre ambos
países.
La pandemia
sigue, y en nuestro país ya se llega a un total de 300 mil muertos (el cuarto
lugar mundial), y si bien se ha moderado el crecimiento de los contagios, aún
con la nueva variante ómicron, falta del esquema completo de vacunación, casi el
40% de la población; no hay planes para vacunar a los menores de 15 años y es
muy posible que se tenga que vacunar con una tercera dosis de refuerzo a los ya
inoculados.
Como cada año
huracanes, sequías, incendios forestales y emergencias como las explosiones por
pirotecnia o por robo de combustible, seguirán golpeando al país, y por ahora
sólo la Sedena con el Plan DN-III y la Semar con el Plan Marina, se encargan de
la mayor parte de la responsabilidad en estos eventos catastróficos, dado que
la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ha relocalizado los
recursos para hacer frente a estos fenómenos en varias secretarías y
organismos, lo que hace más difícil la respuesta rápida que se requiere para
apoyar a la población afectada.
El
presidente sigue obsesionado con que la mayor parte de los recursos, atención y
esfuerzo gubernamentales se centren en sus proyectos preferidos como el Tren Maya,
la Refinería de Dos Boca, el Aeropuerto Felipe Angeles y el Proyecto del Istmo
de Tehuantepec, así como en ampliar los programas de ayuda directa a la
población más pobre del país.
Ello
significa que otras prioridades como la educación, los temas de salud
adicionales al Covid-19, la inseguridad, el deterioro ambiental, las violaciones
a los derechos humanos, la vivienda y otras obras de infraestructura necesarias
como, por ejemplo, en materia de agua y drenaje, quedarán rezagadas o sub financiadas,
con lo que la atención de problemas relevantes, en distintas regiones del país,
será menor a la requerida.
En lo
político, el presidente y su gobierno están enfocados en que se realice la
consulta para la revocación de mandato, con lo que esperan reforzar el
liderazgo de AMLO para la segunda parte de su periodo gubernamental; lograr la
reforma constitucional en materia de energía eléctrica, para lo que requieren
el apoyo del PRI en el Congreso de la Unión y ganar la mayoría de las 6
gubernaturas que están en juego a mitad del año.
Hay muchos
otros temas, pero estos parecerían de los más relevantes para la actual
administración y para el país en el año que inicia este sábado.
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