LÓPEZ OBRADOR EN LA ENCRUCIJADA MIGRATORIA

Después de la visita de la exembajadora Roberta Jacobson a México, encargada de los asuntos de la frontera sur del gobierno de Joe Biden, para tratar el tema del desmesurado aumento de la migración indocumentada de centroamericanos a Estados Unidos, especialmente de menores no acompañados, está claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quedó nuevamente en medio de dinámicas que no puede dirigir, ni controlar.

Por un lado, tiene en sus vecinos del sur, el llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), una permanente salida de miles de personas que buscan mejorar su vida, ante las escasas posibilidades de empleo y una existencia digna en sus países; recurrentes fenómenos naturales (huracanes, tormentas tropicales, terremotos, sequías), que devastan las actividades productivas que les dan sustento; una violencia criminal (pandillas y cárteles), que los mantiene sojuzgados y en constante peligro; y gobiernos ineficaces, corruptos y en general indiferentes a su sufrimiento, que poco o nada hacen para intentar mejorar la situación de la mayoría de la población, y así generar incentivos para que se queden y no emigren.

Del otro lado, está el país que genera la mayor atracción migratoria del mundo, pues gracias a que es la primera economía del planeta, la superpotencia hegemónica y a su persistente propaganda presentándose como el país más desarrollado, democrático y bondadoso (excepto durante de la presidencia de Trump), genera incentivos enormes para que las miserables poblaciones de países de todo el orbe, y en especial de los que están más cercanos geográficamente como México y Centroamérica, decidan correr numerosos riesgos al intentar entrar de manera irregular a Estados Unidos; y ahora, intentando convencer a su gobierno de que son “perseguidos” o que “corren riesgos extremos” en sus respectivos países, para que sean aceptados como refugiados.

Nuestro país se encuentra en medio de ambos polos y debe plantear una política coherente que, por un lado, mantenga la ficción, pues no es otra cosa, de que está comprometido con una “migración ordenada, regular y segura”; y al mismo tiempo, que no es una frontera abierta por la cual pueden llegar todos los migrantes del mundo que desean alcanzar el ya muy devaluado “sueño americano”.

Así también, el gobierno de AMLO quiere convencer a los mexicanos, de que no hay ningún tipo de quid pro quo con el gobierno de Biden, en el sentido de que nuestro país se compromete a hacer más para detener la migración desde el sur (no se puede comprometer a detenerla por completo, pues no cuenta con los recursos para ello); a cambio del “préstamo” que el gobierno de Estados Unidos hará al de México de 2.5 millones de dosis de la muy criticada vacuna de Astra Zeneca contra el Covid-19.

En todo caso, nuestro país no encuentra una solución aceptable mediante la cual se pueda contener el flujo constante de migrantes desde el sur (a veces explota como en estos últimos meses, debido al cambio de política migratoria de Biden, que es menos represiva en comparación con la establecida por Trump); y al mismo tiempo presentarse como un país respetuoso de los derechos humanos de dichos migrantes. Combinado con una política de coordinación con Estados Unidos para regular dicho flujo; y en un largo plazo, que promueva mejores condiciones económicas y sociales, que convenzan a una parte de la población de esos países, a no arriesgarse a una migración forzada que enfrenta numerosos riesgos.

En el corto plazo, la solución que se logre será imperfecta y por lo tanto lo más probable es que el gobierno de Biden, ante las presiones internas, ya no sólo del campo republicano, sino incluso de su propio partido el Demócrata, tendrá que regresar a medidas más restrictivas, como las establecidas por Trump, para desincentivar la llegada de migrantes. Y en el mismo sentido, presionar a México para que, como lo hizo durante los dos primeros años del gobierno de AMLO, se asigne a miles de miembros de la Guarda Nacional y de las fuerzas de seguridad para detener y deportar a los migrantes centroamericanos y de otros países que entran a México, para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos.

Seguramente será un ir y venir de políticas contradictorias en los próximos años, entre incentivos y desincentivos para la migración, en que los gobiernos de México y Estados Unidos quedarán por lo general mal parados (no convencerán a los que favorecen la migración y menos a aquellos que están en contra de ella); y los gobiernos centroamericanos seguirán como pasivos espectadores de lo que hagan o dejen de hacer sus vecinos del norte, pues su interés principal es “escurrir el bulto” en este problema; que para ellos no lo es, pues la salida de sus habitantes más pobres del país les resulta benéfico, ya que así se desentienden de sus múltiples necesidades de empleo, seguridad, educación, salud, etc. Y, además, se convierten en aportadores de muy necesitados dólares para esas economías, cuando envían remesas desde Estados Unidos.

Por ello, el problema de la migración irregular seguirá presente por muchos años en la agenda, sin una solución de fondo previsible.