Bolivia: potencia plebeya y
tensiones futuras
Katu Arkonada
https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/016a1pol
El MAS-IPSP obtuvo en las
elecciones pasadas 3 millones 394 mil 52 de votos, 55.11 por ciento del padrón
electoral, con lo cual superó en ocho puntos y más de medio millón de votos los
resultados de 2019. Por otro lado, Carlos Mesa obtuvo ocho puntos menos (pasó
de 36.51 a 28.83 por ciento) y casi medio millón de sufragios menos que en 2019
(un millón 775 mil 953).
No hay
una traslación de votos exacta entre Carlos Mesa y Luis Arce, pero es cuanto
menos curioso que de un hipotético fraude para ganar con toda la maquinaria del
Estado a su favor en 2019, el MAS logre muchos más votos un año después en
medio de un golpe de Estado y represión contra el proceso de cambio.
Si
analizamos los sufragios departamento por departamento, la mayoría del aumento
del voto viene de tres regiones, La Paz, Cochabamba y Oruro, la región andina y
valles, donde se concentra la identidad aymara y quechua, el núcleo duro del
proceso de cambio, el movimiento indígena-originario-campesino.
En Santa
Cruz el MAS fue segunda fuerza, pero es de destacar la voluntad de Camacho para
mantener su candidatura cuando ya habían declinado los golpistas Tuto Quiroga
o Jeanine Áñez para dejarle el camino libre a Mesa. Este elemento fue
determinante para impedir una candidatura de unidad, dándole la victoria en
primera vuelta a Luis Arce y David Choquehuanca, pero al mismo tiempo le ha
permitido consolidar una bancada propia que le instaura como principal fuerza
en Santa Cruz, frente a las élites tradicionales encarnadas en
los demócratas de Rubén Costas (que hasta el golpe de Estado venían
pactando con el MAS de Evo), y que le proyectan en el objetivo de construir una
fuerza política nacional.
Son tres
los motivos que llevaron a la que probablemente es la primera vez en la
historia que un golpe de Estado ha sido derrotado en las urnas en el plazo de
12 meses.
En primer
lugar, la mala gestión golpista. Así como durante 2019 y especialmente entre la
elección del 20 de octubre y el golpe el 10 de noviembre la gestión
gubernamental de la crisis fue mala, una vez que tomaron el poder, los
golpistas no supieron gestionar el Estado. Quisieron, de manera apresurada y
torpe, entregar los recursos naturales y privatizar todo lo que pudieran, para
terminar reprimiendo y asesinando a quienes protestaban, y robando de manera
burda el dinero público, incluso el destinado a la compra de respiradores para
enfrentar la pandemia. La cercanía con las elecciones estadunidenses provocó
que el eje ordenador de la política opositora transformada en gobierno, la
embajada de Estados Unidos, soltara la dirección provocando el caos interno.
En
segundo lugar, la mala gestión de la economía, no únicamente fruto de la crisis
por la pandemia: la caída de 11 por ciento del producto interno bruto y el
aumento del desempleo, que pasó de 4 a 30 por ciento, hizo que la clase media
urbana, que mediante la movilización justificó el golpe de Estado en 2019,
pasara en 2020 a no votar por Mesa e incluso, en menor porcentaje, a votar por
el MAS.
Y,
finalmente, como elemento más importante, la potencia plebeya desplegada en la
década de los 90 mediante marchas indígenas en defensa del territorio y de los
2000 en defensa de los recursos naturales, que se había replegado durante los
primeros meses de golpe y represión, volvió a tomar las calles logrando que los
golpistas dieran marcha atrás en su intención de posponer las elecciones hasta
2021, provocando una insurrección en las urnas.
El
escenario no será sencillo, a partir de ahora Luis Arce tendrá que recuperar la
economía haciendo equilibrios para gobernar entre dos fuerzas enfrentadas que
representan el proceso de cambio boliviano. Por un lado, el ex canciller y
actual vicepresidente David Choquehuanca, quien probablemente comience a mirar
desde ahora a 2025, con control, ya sin invitados de la clase media, de una buena
parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también va a presidir. Por
otro, Evo Morales que vuelve a Bolivia como jefe político del MAS-IPSP, y que
ha mantenido la comunicación y el control sobre buena parte de los cuadros
intermedios del proceso, además de tener estrecha relación con el nuevo
presidente del Senado, el politólogo y dirigente campesino Andrónico Rodríguez,
quechua del Trópico de Cochabamba, la base cocalera de Evo.
El
movimiento indígena-originario-campesino va a ser fundamental para sustentar, y
empujar hacia la izquierda al nuevo gobierno de Luis Arce, quien va a tener que
apoyarse permanentemente en David Choquehuanca y Evo Morales para impulsar los
cambios que se necesiten hacer.
Entre
ellos, es fundamental no sólo recuperar la economía e impulsar los cambios
pendientes del proceso en materia de salud, educación o reforma de la justicia,
sino también construir un sistema de medio público, no golpistas y una
estructura de formación política en defensa del proceso de cambio, sin dejar de
pensar en una reforma de la policía y fuerzas armadas que elimine de una vez
por todas sus pulsiones golpistas.
Y todo
ello, después de encarcelar a los responsables materiales e intelectuales del
golpe de Estado.
A las
hermanas y hermanos caídos en Senkata, Sacaba, Pedregal, Río Abajo y Betanzos;
a todos los compañeros y compañeras que tuvieron que dejar sus casas e irse al
exilio o refugiarse en embajadas, con el deseo que se haga justicia.
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