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Zapata

martes, 17 de noviembre de 2020

 

NO RECONOCIMIENTO DE BIDEN A CAMBIO DEL RETORNO DEL GENERAL CIENFUEGOS

Quid pro quo

Hoy la Fiscalía General de la República anunció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos “ha tomado la decisión de desechar los cargos criminales”[1] contra el General Cienfuegos (ex secretario de la Defensa Nacional entre 2012 y 2018) “para que pueda ser investigado y en su caso acusado bajo las leyes mexicanas”.

Este anuncio es de la mayor relevancia en la historia reciente de las relaciones México-Estados Unidos, pues usualmente la superpotencia no concede estos favores a países que considera sus vasallos (como México), una vez que se tomó la decisión de encarcelar, por el motivo que consideren conveniente, a funcionarios o exfuncionarios del país subordinado en cuestión.

Varios factores se alinearon para que esto pudiera suceder.

Primero, el gobierno de López Obrador (AMLO) ha sido un fiel vasallo del gobierno de Donald Trump durante los últimos dos años, aceptando sin dudar todo tipo de exigencias, presiones y órdenes que ha dado el presidente estadounidense al mexicano; el cual ha querido caracterizar ese vasallaje como “amistad y respeto”, de parte del mandatario más abusivo y agresivo contra nuestro país, en los últimos cien años.

Este hecho, le ganó “puntos” a López Obrador ante Donald Trump, que a pesar de denostar un día sí y otro también a México y a los mexicanos, no insultó, ni denigró a López Obrador; por el contrario, siempre habló bien de él en lo personal, lo que AMLO ha confundido con “amistad y respeto” hacia México y los mexicanos, lo que evidentemente no sucedió así en estos 24 meses (ni desde 2016, durante la campaña presidencial que llevó a Trump a la presidencia).

Ahora AMLO está utilizando esta buena disposición, para pedirle un favor de despedida a su amigo, a través de las gestiones del canciller Ebrard, que fue quien realmente llevó a cabo las negociaciones para que se desestimaran los cargos contra Cienfuegos en Estados Unidos (la Fiscalía tiene que aparecer, pues es la que formalmente llevará a cabo la investigación sobre el General Cienfuegos en México), con objeto de evitar que las Fuerzas Armadas Mexicanas resultaran todavía más afectadas en su imagen, durante el largo juicio que se llevaría a cabo en Nueva York; y ello acabara lastimando también las relaciones cívico-militares en México, así como la confianza (yo diría subordinación) que se ha construido durante las últimas tres décadas, entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (especialmente ésta) y el Pentágono.

Segundo, es muy factible que dado el papel cada vez más relevante que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen en distintos ámbitos del quehacer público de México, y dado que las instancias de seguridad de Estados Unidos requieren del apoyo de ellas para asegurar su flanco sur; la presión de ambos institutos armados, el mexicano y el estadounidense, a sus respectivos comandantes supremos, para resolver de una manera menos ríspida este enojoso asunto, seguramente también jugó un papel fundamental para que se llegara a la decisión, insistimos inusual, de que el Departamento de Justicia desestime las acusaciones contra el ex secretario de la Defensa Nacional.

Tercero, recordemos que el General fue detenido en Los Angeles, California, el 15 de octubre pasado, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre, y desde ese momento las altas esferas del Ejército Mexicano manifestaron en privado a AMLO su enojo, por lo que seguramente éste instruyó a Ebrard para que iniciara negociaciones con las autoridades estadounidenses, en específico con William Barr, el procurador de Justicia, quien ha sido el mensajero del presidente Trump para que el gobierno mexicano cumpla con las órdenes que le envían desde Washington; con objeto de traer de vuelta al militar mexicano.

Ahora resulta más claro porqué AMLO se negó (y lo sigue haciendo) a reconocer el triunfo de Biden sobre Trump en las elecciones presidenciales, ya que el asunto Cienfuegos seguía pendiente, y no quería enfurecer a Trump con una apresurada felicitación a Biden, que podría tirarle la negociación para traer de vuelta a Cienfuegos (y así apaciguar a las Fuerzas Armadas mexicanas).

Seguramente, una vez que Cienfuegos esté en México, se verá la forma de mantener en investigación por mucho tiempo al General, y en su momento se decidirá si presentar o no cargos formales en su contra; pero mientras tanto, ya no estará encerrado en un calabozo en Nueva York; ya no habrá un juicio que agriaría las estratégicas relaciones de seguridad entre ambos países; ya no se manifestará la permanente molestia de los militares mexicanos con su jefe, que los tiene abrumados con infinidad de tareas que no tienen que ver con su función principal de defensa de la soberanía e independencia nacionales.

Es decir, esta delicada negociación le quita mucha presión a AMLO, pero a cambio, ha tenido que comenzar con el pie izquierdo su relación con la nueva administración estadounidense.

El riesgo de no lograr este acuerdo con el gobierno de Trump, al que le demostró durante dos años su lealtad, era que iba a resultar mucho más difícil conseguirlo de parte de Biden, pues tendría que empezar de cero para demostrarle su subordinación, y meses después poder pedir a cambio el retorno del militar mexicano; lo que quizás ya no sería factible, una vez iniciado el juicio. La ventana de oportunidad era muy corta.

La que sí recibe un golpe contundente es la DEA, que ya se relamía los bigotes con el juicio de Cienfuegos, en donde esta vengativa agencia sentaría en el sillón de los acusados, no sólo al General, sino a todo el gobierno mexicano (a los anteriores y al actual). Por lo que es factible que el enojo dentro de los miembros de esta agencia esté al máximo, tanto contra los políticos de Washington, como contra el gobierno mexicano, por lo que no se puede descartar que en los próximos años, la DEA maquine alguna otra operación mediante la cual se pueda cobrar esta afrenta.

Para AMLO, su presidencia y la permanencia de su proyecto, al menos durante un sexenio más, depende de mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas (para que no se conviertan en promotores y ejecutores de un golpe de Estado); del gobierno de Estados Unidos, para evitar que desde Washington se instigue y se promueva un cambio de régimen (de ahí la subordinación de AMLO a todas las exigencias del gobierno estadounidense); de una parte de la oligarquía mexicana (Slim, Salinas Pliego, Miguel Alemán, entre otros), para quebrar la alianza plutocrática que evitó en dos ocasiones anteriores, su llegada a la presidencia (2006 y 2012); y el respaldo de sus bases populares, que reciben apoyos directos (transferencias, subsidios, etc.), y que constituye la masa poblacional que vota por sus candidatos a puestos de elección popular, que se moviliza en su favor y que AMLO espera que, en caso de necesitarlo, saldría a defenderlo, si hubiera intentos golpistas por parte de los que él llama conservadores y considera sus enemigos (la mayor parte de la oligarquía y los medios de comunicación que ésta controla; los partidos de oposición y prácticamente todas las clases medias del país).

Así, para AMLO las Fuerzas Armadas son un puntal fundamental de su proyecto personal para trascender en la historia; y por ello está dispuesto a hacer las negociaciones que sean necesarias e incluso a poner en la balanza, al menos en un inicio, su relación con la nueva administración estadounidense, con tal de mantener a los altos mandos castrenses volcados en favor de él y de sus políticas.



[1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/eu-desestimara-cargos-contra-salvador-cienfuegos-para-que-sea-juzgado-en-mexico


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