Realismo político y judicialización de la política
José Steinsleger
La embestida del Poder Judicial contra Cristina Fernández de Kirchner
empezó a inicios de 2015, pocos meses antes del triunfo de Mauricio Macri.
Ofensiva que desde entonces es minuciosamente monitoreada por las embajadas de
Washington y Tel Aviv en Buenos Aires.
En Sinceramente (Planeta, 2019), Cristina explica los
fantásticos entretelones de un poder del Estado cuya misión, teóricamente,
consiste en oficiar de guardián de las garantías constitucionales que
corresponden a todos los ciudadanos por igual:
“A la distancia –escribe– entendí que la difusión de datos falsos en los
medios hegemónicos oficialistas y la judicialización de ciertas decisiones de
gobierno […], se transformaron en un método de persecución que iba más allá de
los estrados judiciales”.
Cristina hace hincapié en la campaña de ataque y demonización a
escala regional contra las figuras que habían liderado los procesos nacionales,
populares y democráticos en América del Sur durante la última década, y que con
sus políticas habían cambiado favorablemente las condiciones de vida de
millones de hombres y mujeres (p. 51).
Tales fueron los casos de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y
de ella misma, así como los de Jorge Glass y Amado Boudou, ex vicepresidentes
de Ecuador y Argentina, y decenas de funcionarios de gobiernos progresistas
encarcelados luego de juicios plagados de irregularidades.
Cristina se refiere a la persecución permanente de ex gobernantes,
políticos y luchadores sociales, en el marco de una nueva táctica de guerra no
convencional que se conoce con el nombre de lawfare (o guerra
jurídica). Táctica que en la dimensión mediática, un editorialista del
diario Clarín definió como periodismo de guerra.
El diputado del Parlasur Óscar Laborde sostiene que el concepto de lawfarefue
empleado por primera vez en Unrestricted Warfare (1999), libro
de estrategia militar escrito por dos coroneles chinos, y que en 2001 empezó a
ser manejado en ámbitos diferentes al militar tras la publicación de un artículo
escrito por el general de la Fuerza Aérea Charles Dunlap, de la Duke Law
School.
Laborde explica que Washington ha sido uno de los principales
proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América
Latina, y el Departamento de Justicia ha estrechado los vínculos con los
poderes judiciales de la región en la lucha anticorrupción.
Una de las acciones más importantes –dice– fue el llamado proyecto
Puentes, que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del
Poder Judicial de Brasil, y otros países de la región. El alumno estrella fue
el juez Sergio Moro, quien impulsó la causa Lava jato, y condenó a Lula a doce
años de prisión.
En sintonía con Laborde, el experto Guido Croxatto observa que los
tribunales de América del Sur vienen cruzando hace tiempo lo que el filósofo
alemán Jurgen Habermas llama una barrera de fuego: la legalidad jurídica,
la distorsión de la legalidad estricta o debido proceso.
Dice: “El neoconstitucionalismo (no positivista) tan de moda, que
legitima el activismo judicial conservador (del juez Moro, o el juez que
persigue a Cristina, Claudio Bonadio), bebe en las fuentes del realismo
jurídico norteamericano. En el ‘no garantismo’ […] La novedad es que en América
Latina el derecho positivo ha dejado de existir como lo conocíamos […] La creciente
judicialización de la política es un corolario necesario del realismo jurídico
[…] El realismo va de la mano del análisis económico del derecho, otro enfoque
de moda en las aulas de abogacía”.
Añade: “Este es el enfoque legal que proviene de la Escuela de Leyes de
Chicago, donde también se gestó gran parte del modelo neoliberal aplicado en la
región, con fuerza en Chile y Argentina en los 90, cuando se expanden las
universidades privadas que lo replican. El ‘realismo’ y ‘law and economics’ van
de la mano” (La judicialización de la política, Página 12, 14/7/18).
En suma, una matriz mundial de corrupción y delincuencia que a
escala nacional, Cristina identifica en “…los rostros de los que se quieren
presentar como cruzados contra la corrupción, son los mismos que formaron parte
de la ‘Patria contratista’, y su apellido estuvo indisolublemente ligado a
escándalos y negociados con el Estado: los Macri”.
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