abril 3, 2019
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A 4 meses del cambio de
gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) opera con el 99 por ciento
de los 3 mil 600 empleados que trabajaban en el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), órgano de inteligencia responsable del espionaje
político durante los gobiernos priístas y panistas.
Al mantener al
mismo personal y sólo cambiar a la cabeza, este “nuevo” Centro hereda
prácticamente los viejos vicios del Cisen: opacidad y falta de transparencia,
espionaje (escuchas ilegales), exorbitantes salarios, falta de control y
vigilancia, abusos y derroche del presupuesto público, que por cierto este
último asciende a 2 mil 490 millones 693 mil 791 pesos (16 por ciento menos que
el año pasado) para 2019.
Ese espionaje
político que viene de gobiernos anteriores ha quedado al descubierto con la
apertura de expedientes de la Galería Uno del Archivo General de la Nación
(AGN), en donde se integraron 1 mil 937 versiones públicas del espionaje a
personas, organizaciones e instituciones, elaborados por la Dirección Federal
de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación.
Esos expedientes,
con 3 mil 201 legajos actualizados a julio de 2018, contienen información de
escritores, intelectuales, periodistas, actores, empresarios, luchadores
sociales, líderes sindicales, políticos extranjeros, narcotraficantes,
expresidentes y funcionarios públicos mexicanos espiados por esas dependencias.
También hay
documentos sobre empresas, organizaciones populares, guerrillas, partidos
políticos, organizaciones religiosas e instituciones públicas como policías y
gobiernos estatales, embajadas y universidades públicas.
La “nueva” estructura de CNI
Con una obesa
plantilla laboral, aún permanecen en puestos clave cinco de siete coordinadores
generales del antiguo Cisen y un contralor interno a modo que
permitió abusos y excesos en ese órgano de inteligencia.
Lo más grave es que
algunos de esos funcionarios que provienen de la vieja estructura del Cisen y
que ahora ocupan cargos relevantes en el “nuevo” Centro de Inteligencia están a
cargo de la seguridad nacional del país, y cuentan con amplios equipos de
trabajo que en años anteriores fueron responsables del espionaje y persecución
ilegal en contra de la población.
En la estructura
del CNI aparecen 11 mandos superiores, de los cuales siete mantienen
privilegios, tales como elevados salarios y otras prestaciones que les fueron
asignados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, el sueldo integrado
de esos funcionarios supera los 200 mil pesos mensuales y en algunos casos
llega a los 250 mil, cuando la instrucción que salió de Palacio Nacional es que
nadie puede ganar más que el presidente de la República, cuyo salario asciende
a 108 mil pesos netos por mes.
Como es público, al
frente del CNI está el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, con 70 años
de edad y la mayor parte de su vida activo en las Fuerzas Armadas, en donde
también realizó una maestría en administración militar para la seguridad y
defensa nacional, además de ser profesor de tácticas militares en la Escuela
Superior de Guerra. Con ese expediente podemos decir que este general experto
en seguridad tiene méritos suficientes para ocupar ese cargo y recibe un
ingreso de 107 mil pesos al mes.
Pero los problemas
empiezan con el segundo hombre al mando del Centro de Inteligencia, el abogado
José Ángel Ávila Pérez, quien sin experiencia alguna en materia de inteligencia
o seguridad nacional fue designado secretario general del CNI, con el único
“mérito” de estar vinculado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, con quien fue secretario de gobierno en el Distrito Federal, además de
ser “amigo” del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
Algunos en dicho
Centro aseguran que Ebrard recomendó a Ávila con el general Audomaro, para así
tener acceso a información de inteligencia que le permita perfilarse a una
posible candidatura presidencial dentro de 5 años; otros afirman con mayor
certeza que Ávila cayó de la gracia de Marcelo y que fue el secretario Alfonso
Durazo quien lo infiltró en el CNI, para tener un control de la sensible
información que allí se procesa.
Esta segunda
versión de cómo llegó Ávila Pérez a ocupar un importante cargo en el CNI puede
ser la de mayor credibilidad, sobre todo por algunos antecedentes ocurridos
entre el general Audomaro y Alfonso Durazo.
El año pasado,
cuando ya era presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hubo un fuerte
enfrentamiento entre ambos funcionarios que por poco llega a los golpes.
Ocurrió por el mes de octubre de 2018: entonces, el general reclamaba a Durazo
su negligencia y negativa de cooperar con la nueva responsabilidad que le había
encargado el presidente.
Por eso, nada
extraño sería que ahora Durazo recomendara a Ávila Pérez para un puesto que no
tiene experiencia ni conocimiento, pero sí para reportarle lo que pase al
interior de ese Centro de Inteligencia. Un espía, pues. Además, al interior del
CNI han escuchado decir al secretario general que sólo civiles deberían de
ocupar los cargos más importantes.
La designación de
Ávila Pérez nos recuerda al nombramiento de Eugenio Ímaz al frente del Cisen en
el sexenio pasado, pues también sin experiencia alguna en las áreas de
inteligencia y seguridad ocupó con desparpajo la Dirección General, con las
consecuencias de un desmantelamiento de ese órgano y su uso faccioso para
beneficiar a grupos políticos de los estados de México y de Hidalgo.
Pero lo que nadie
puede explicar, es cómo Ávila Pérez, sin experiencia alguna en áreas de
inteligencia y seguridad, pudo colarse hasta la Secretaría General del CNI,
pues su experiencia laboral se limita a ocupar una curul como diputado
plurinominal y haber sido secretario de gobierno en la capital del país con su
entonces jefe Marcelo; además cuenta con un diplomado en derecho electoral por
la Universidad Iberoamericana, lo cual tampoco le alcanza para ser el segundo
al mando de ese nuevo Centro de Inteligencia. Sabrá esto el presidente Andrés
Manuel López Obrador, porque ocupar un cargo público tan relevante y
especializado sin tener la experiencia necesaria también es corrupción.
Aunque será en los
siguientes meses cuando se pueda empezar a analizar su trabajo como secretario
general, el abogado Ávila Pérez aspira a sustituir al general Audomaro si éste
sale del CNI para irse a dirigir la Guardia Nacional, lo que de ocurrir sería
doblemente grave, pues en los últimos gobiernos del PRI y el PAN hubo sólo
improvisados al frente de la seguridad nacional y las consecuencias de ello
ahora se viven con una mayor violencia en todo el país, el crecimiento del
crimen organizado, una corrupción desbordante en los tres Poderes de la Unión y
un alto nivel de injusticia e impunidad agravante para todos los mexicanos.
Lo único positivo
del nombramiento de Ávila Pérez es que el salario de este funcionario es menor
al del presidente de la República y al de su jefe el general Audomaro.
En la estructura
bajo el mando de Ávila Pérez está la Dirección de Control de Confianza, a cargo
de Luz del Carmen Díaz Galindo –quien se encarga de examinar que los 3 mil 600
empleados tengan facultades aptas (tanto intelectuales como técnicas) para
trabajar en este órgano de inteligencia–, una vieja conocida en el antiguo
Cisen, pues desde el gobierno panista de Felipe Calderón asumió esa misma
Dirección y allí no hay cambio alguno, a pesar de que muchos empleados del antiguo
Cisen y ahora del CNI, no reúnen los requisitos para trabajar alli ni han pasado
los exámenes de control de confianza.
Antes de trabajar
en el Cisen, Díaz Galindo se desempeñó como titular del Centro Nacional de
Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Para seguir con la
estructura bajo control de Ávila Pérez, están la jefa del Departamento de
Control de Gestión, Alejandra Cruz Escamilla; la subdirectora de Control y
Seguimiento, Blanca Muñoz Cabrera, y la subdirectora de Evaluación, Martha
Patricia Lara Díaz.
Miguel Badillo
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