MÉXICO: FRONTERAS ABIERTAS

El paso de la segunda caravana de hondureños por el país durante este año (la primera fue en abril), ahora con cerca de 9 mil integrantes, ha generado un indispensable debate sobre la posición que el gobierno y la sociedad mexicanas deben asumir en tema tan relevante para México y para la comunidad internacional.

Desde que nuestro país perdió más de la mitad de su territorio con Estados Unidos en 1848, todos los gobiernos mexicanos (unos más, otros menos), han intentado proteger a la población mexicana que primero, quedó de aquel lado después del conflicto; y que después, por diversas circunstancias (guerras civiles en nuestro país; conflictos políticos; la Revolución Mexicana; crisis económicas; violencia criminal, simple búsqueda de mejores oportunidades de vida), han llegado a Estados Unidos de manera legal o ilegal (según la narrativa mexicana, serían indocumentados, no ilegales).

Así, para los gobiernos mexicanos cualquier descalificación de nuestros migrantes por parte de las autoridades estadounidenses y/o de diversos sectores sociales de ese país, siempre se equiparó a xenofobia, racismo y discriminación laboral. Por lo que, a lo largo del último siglo desplegaron una red de 50 consulados a todo lo largo y ancho del territorio estadounidense para asistir y asesorar a nuestros connacionales, que en su gran mayoría van a Estados Unidos a buscar mejorar su nivel de vida y enviar dinero a sus familias que quedan en México.

Sin embargo, como México es el paso obligado por tierra de muchos millones de otros ciudadanos de diversos países, que también van buscando mejorar su vida, emigrando a los Estados Unidos, especialmente de los centroamericanos y caribeños, nuestras autoridades han tenido que lidiar con un flujo constante, y al paso de los años, creciente de personas que ingresan ilegalmente al país, con objeto de cruzar la frontera norteamericana.

Esto ha sido aprovechado por autoridades federales, estatales y municipales; y por grupos delincuenciales, como fuente de extorsión para obtener ingresos de estos migrantes, ya sea mediante robos, secuestros, explotación laboral y/o sexual; y como pretexto para malos tratos, violaciones a los derechos humanos y discriminación para los migrantes que pasan por territorio mexicano.

Por ello, tiene décadas que los gobiernos de Centroamérica han acusado al nuestro de ser “luz de la calle y oscuridad en la casa”, pues demanda trato digno y humanitario para sus migrantes en Estados Unidos, pero no lo otorga para los que se internan de manera ilegal en su territorio.

Además, recordemos que desde los gobiernos de la posrevolución y hasta los neoliberales que han dirigido al país los últimos 36 años, se utilizó la emigración de mexicanos a Estados Unidos como una “válvula de escape” de la economía mexicana, que nunca ha podido dar empleo suficiente y bien pagado a los habitantes del país; y al mismo tiempo, como fuente de divisas para la siempre emproblemada balanza de pagos nacional, a través de las remesas que envían los residentes legales e ilegales en Estados Unidos.

Ahora el gobierno saliente de Peña Nieto, ante las presiones del gobierno estadounidense, ha señalado que los migrantes hondureños de la caravana (y al parecer ya también guatemaltecos y salvadoreños), deben ingresar y permanecer en el país de manera legal; justamente la misma exigencia que han hecho los gobiernos estadounidenses al nuestro desde hace décadas, y que ha sido rechazada por el nuestro, esgrimiendo el derecho humano de nuestros migrantes a desplazarse para ganarse la vida y a que se respeten sus derechos humanos.

En cambio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha manifestado que no sólo se debe permitir la entrada de los migrantes y respetar sus derechos humanos, sino incluso otorgarles permisos para trabajar.

La realidad es que el gobierno mexicano, a pesar de que siempre le ha hecho el “trabajo sucio” a Washington en materia de deportaciones de los centroamericanos (los últimos años el promedio es de 200 mil deportados por año, por parte de las autoridades mexicanas), no tiene la capacidad para controlar los flujos migratorios de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Asia y Africa; pues ahora llegan de todas partes del mundo, con el objetivo principal de utilizar a México como plataforma para entrar a Estados Unidos, ya sea pidiendo asilo o de manera ilegal.

Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia del país vecino, se ha verificado un claro endurecimiento de la política migratoria y de la de seguridad, dificultando la entrada a Estados Unidos, así como la migración legal a través de reunificaciones familiares o loterías y generando el aumento de las deportaciones; lo que ha hecho muy improbable que todo este flujo de migrantes logre su objetivo de entrar y quedarse en Estados Unidos.

Por ello, la mayoría de ellos se está quedando en México en condiciones precarias, presa del hambre y la desesperación, lo que fácilmente los puede hacer caer en las redes de los grupos delincuenciales, que los utilizarán como su “mano de obra”.

¿Qué hacer?

El actual gobierno seguirá con su narrativa dual, de por un lado no criminalizar a los migrantes y tratar de evitar que se les maltrate y extorsione; y por el otro lado, insistir en que “regularicen” su situación en el país (ya sea pidiendo refugio o una visa temporal), lo que evidentemente no está siendo considerado como una opción por la mayoría de ellos.

La verdadera pregunta es qué hará el gobierno de AMLO, pues los flujos migratorios van a continuar y a agravarse; las presiones estadounidenses para que los detengan, se incrementarán; y el gobierno mexicano deberá asumir una posición en ambos casos.

La realidad es que México no tiene, y nunca ha tenido, la capacidad para evitar la llegada de cientos de miles de indocumentados al país, y menos de deportarlos a todos ellos.

Por otro lado, México tampoco tiene, ni ha tenido la capacidad (y a veces, como en esta época), ni siquiera la voluntad de oponerse a las órdenes de Washington en temas de migración y seguridad. Y AMLO ha dejado muy claro que él quiere llevarse bien con Trump a como dé lugar.

Así que todo indica que la única opción para el siguiente gobierno es: fronteras abiertas para todo el que quiera venir a México.

Los que quieran venir al país sólo tendrían que llenar un pequeño cuestionario de entrada para fines estadísticos y nada más.

Desaparecería el Instituto Nacional de Migración, y sólo quedaría una Dirección de Migración dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para la contabilidad de personas, nacionalidades y género de quienes entran a territorio nacional.

¡Que van a entrar terroristas y delincuentes de toda laya! Seguramente. Pero nuestras autoridades de todas formas no castigan, ni previenen el delito en el país. Existe una absoluta impunidad, así que no parece que los criminales, que de todas formas entran como se les antoja al país (ahí está el caso de los colombianos, que asaltan a placer en todas las colonias de clase media de la Ciudad de México), vayan a generar un caos peor del que ya existe.

Por ese lado, el gobierno mexicano ya no tendría las críticas, ni la presión internacional sobre su maltrato a los migrantes que entran al país, pues con fronteras abiertas, todos podrían hacerlo legalmente (lo de traer o no pasaporte también podría quedar como algo optativo).

El problema sería Estados Unidos, que demandaría un control, al menos de los probables terroristas. En ese caso, en vista de que ya se les permite a los miembros de las agencias estadounidenses moverse a su antojo en el país; recabar la información que deseen y estar armados; bien se podría aprobar que fueran ellas las que ejercieran el control en aeropuertos y puertos terrestres y marítimos, sufragando los gastos requeridos para realizar el trabajo.

Ante la magnitud del reto, muy probablemente los estadounidenses declinarían tan generosa oferta.

Así que la única opción que tendrían sería construir el muro en la frontera; concentrar varias decenas de miles de agentes de la patrulla fronteriza y miembros de la guardia nacional en la misma; y mantener drones, aviones y helicópteros de manera permanente en ella, para evitar los masivos flujos de migrantes que intentarían entrar a los Estados Unidos desde México.

Claro que esta generosidad mexicana con los migrantes del mundo acabaría por colmar la paciencia de Washington (incluso de un gobierno demócrata); y las relaciones entre ambos países se hundirían rápidamente en acusaciones mutuas. Y tarde que temprano en las sanciones estadounidenses a nuestro país, como ya lo está haciendo Trump contra los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Ahora bien, si AMLO decide mantener la ambigua política de permitir la entrada de migrantes al país, prácticamente sin restricciones -lo que generará el incentivo para que lleguen millones de todo el mundo, esperando cruzar en algún momento a Estados Unidos; y a la vez, quedar bien con Washington, se tendrá que comprometer entonces a mantener a esos migrantes en México. Es decir, darles trabajo, subsidios, vivienda, educación, salud, etc. con objeto de que disminuya su deseo de pasar al otro lado.

Y esa política implicaría contar con cientos de miles de millones de pesos del presupuesto, lo que cortaría los fondos para los generosos programas sociales que AMLO ha prometido; así como para los proyectos de infraestructura que ha planteado.

Por ello, tendría que pedir prestados o a través de algún tipo de inversión, esos miles de millones de dólares a los Estados Unidos (y en menor medida a Canadá), para poder mantener a los migrantes en México, sin quebrar las finanzas del país.

Es factible que Washington y Ottawa pudieran aportar algo, pero las enormes cantidades que se requerirían para sostener a los millones de migrantes del todo el mundo que llegarán a México, no saldrán de la comunidad internacional, sino de los mexicanos. Y eso a la larga (y a lo mejor en el corto plazo), va a ocasionar insatisfacción y hasta odio hacia los migrantes de la mayor parte de la sociedad mexicana.

En fin, a ver qué camino toma la siguiente administración, en un tema que va a definir las relaciones entre los países en los próximos años; y que puede ocasionar guerras y disoluciones de sociedades nacionales enteras.