¿Qué
propondrá el gobierno de López Obrador?
El gobierno
que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a partir del 1º de diciembre
próximo, está por dar a conocer su plan en materia de seguridad y al parecer
dos leyes relativas a las víctimas de los delitos; así como a la amnistía.
AMLO
insistió durante la campaña presidencial que se requería “perdonar”, para
pacificar al país; sin que nunca quedara del todo claro a quién se debía
perdonar y qué consecuencias jurídicas tendría ese perdón. Aunque hizo énfasis
en que debían ser las víctimas y las familias de las víctimas, las que tendrían
que otorgarlo en primera instancia.
La amnistía[1] se entendió como un “perdón”
a todo tipo de criminales y corruptos, con objeto de limpiar así el camino a la
nueva administración, evitándole tener que comprobar las culpas y seguir los
procesos judiciales de los cientos de miles de delitos, principalmente los
graves, que se han cometido en las últimas décadas; por lo que generó un
rechazo muy extendido en la sociedad.
Después se
intentó limitar el concepto a un perdón sólo a aquellos jóvenes, mujeres y/o
campesinos, que se vieron forzados a delinquir por el crimen organizado, ya sea
como distribuidores de droga al menudeo; o como cultivadores de marihuana y
amapola; o incluso a aquellos presos por posesión de cantidades relativamente
menores de drogas. Pero en ningún momento se aterrizó del todo esta última
idea.
La amnistía
también se pudo entender como el perdón a miembros de grupos armados
subversivos (EPR, ERPI, etc.) y a integrantes de las fuerzas armadas y cuerpos
policiales, por la comisión de delitos en su encargo, con objeto de reintegrar
a los primeros a la sociedad; y de evitar un mayor deterioro en la confianza en
las instituciones armadas y de seguridad, en el segundo caso. Pero tampoco se
precisó si la amnistía se refería a esto.
De ahí que
la propuesta de ley (o leyes) sobre las víctimas (reparación del daño, derecho
a conocer la verdad, comisiones al respecto, etc.); y en su caso, sobre la
amnistía, puede comenzar a aclarar estas dudas.
AMLO también
insistió (aunque su equipo encargado del tema de seguridad, nunca lo avaló del todo)
en la creación de la Guardia Civil (no se sabe cómo se coordinará o
complementará con la Gendarmería, las Fuerzas Federales de la Policía Federal; con
los Cuerpos de Defensa Rurales, etc.) con integrantes del Ejército, la Marina y
la Policía Federal.
Y en materia
de inteligencia, ya se estableció que el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, hasta ahora dependiente de la Secretaría de Gobernación, pasará a la
reestablecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, con todos los
inconvenientes que tiene el mezclar dos tipos diferentes de inteligencia, como
la relativa a la seguridad nacional, con la enfocada a la seguridad pública.
Ahora se ha
hablado también de dividir al país en 260 secciones o cuadrantes, para hacer el
diagnóstico y el combate a la criminalidad en cada uno, disponiendo de hasta
mil elementos federales (entre soldados, marinos, guardias civiles, gendarmes,
policías federales, etc.) en cada uno de ellos. Es decir, un total de 260 mil
elementos,[2] lo que implicaría que
prácticamente la totalidad de las fuerzas armadas estaría integrada a labores
de seguridad pública; o en su caso, se requeriría contratar a decenas de miles
de nuevos reclutas, lo que implicaría una enorme erogación presupuestaria.
De las
políticas públicas que ya se han puesto en práctica en el país, aún no se sabe
cuáles de ellas se mantendrán, cuales se reformarán y cuáles se eliminarán (capacitación
permanente y certificación de policías locales y estatales; mejorar sueldos y
prestaciones de cuerpos policiales; mejorar equipos humanos y técnicos
forenses; funcionamiento de C4 o C5; establecimiento de mandos únicos en cada
entidad; mantener y mejorar el sistema de estadísticas, la coordinación interinstitucional
y la cooperación internacional; homologación de códigos penales; aumento de
penas en delitos graves; aumento del número de personal calificado destinado a
la procuración y administración de justicia; incentivar la denuncia de los
delitos; mejorar la prevención de los mismos; etc.).
AMLO ha
puesto una gran importancia en estrechar la cooperación interinstitucional,
tanto a nivel de las dependencias federales, como entre estas y los estados y
municipios; y para ello ha señalado que él encabezará todos los días una
reunión de madrugada, con los altos mandos de las fuerzas armadas y de las
secretarías encargadas de la seguridad, para supervisar esa coordinación y que
las decisiones que se tomen ahí, efectivamente se lleven a la práctica.
También se
ha planteado la despenalización del uso de la marihuana, no sólo con fines
medicinales y/o terapéuticos, sino tambien incluso recreacionales; y también el
cultivo de la amapola, con objeto de disminuir la violencia vinculada al
tráfico y consumo de las drogas. Ambas medidas, de intentar llevarse a la práctica,
seguramente generarán rechazo en diversos sectores sociales, y especialmente en
el gobierno de Estados Unidos; que acaba de promover, en el marco de la
realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un nuevo acuerdo de
lucha contra las drogas, principalmente centrado en la prohibición y en la
represión del consumo y la oferta de drogas.
Tantos temas
en un problema tan complejo, que ya constituye el principal para el conjunto de
la sociedad mexicana; la que, por ejemplo, sólo en 2017 registró un millón de
heridos en asaltos, quienes perdieron en los mismos un total de 1,928 millones
de pesos; mil millones de los cuales fueron para curar sus heridas.
México es el
país con la cifra negra (delitos no denunciados) más alta de América Latina con
94%[3], debido a que: la gente
considera que es una pérdida de tiempo denunciar (31%); desconfianza en la
autoridad (16%); consideran que el delito que sufrieron es de poca importancia
(11%); falta de pruebas (11%); trámites largos y difíciles (9%); por miedo al
agresor (8%); por actitud hostil de la autoridad (3%); y, otros (10%).
De ahí que
si el nuevo gobierno no presenta un plan coherente, integral (vinculación con
la sociedad civil y la internacional; coordinación entre órdenes de gobierno e
interinstitucional; adecuación pertinente del marco legal; reforma del sistema
penitenciario, tanto a nivel federal como de los estatales; modernización de la
procuración y administración de justicia; presupuesto suficiente y exento de
derroches y corrupción; evaluación permanente y transparencia de toda la
política pública relativa al tema de la seguridad) y que considere tanto el
combate a la criminalidad en el corto y mediano plazos; así como las
condiciones socio económicas y políticas que se necesitan para prevenir y
disminuir la violencia y la inseguridad en el largo plazo; la ciudadanía no va
a dar cheques en blanco, ni va a tener paciencia.
La sociedad,
en caso de que el nuevo gobierno no dé resultados satisfactorios en este tema
(no más de dos años sería un plazo razonable), responderá armándose y organizándose
por su cuenta (autodefensas; policías comunitarias), con todos los riesgos que
ello implica (desconocimiento de la autoridad; violaciones del marco legal
vigente; linchamientos, etc.); y buscará líderes que le propongan salidas
fáciles y por lo general autoritarias (tipo Bolsonnaro en Brasil); incluso “cuasi
fascistas”, lo que puede acercar al país muy rápidamente a una dictadura
militar, si el gobierno civil no sabe o no puede responder a la principal
demanda del pueblo de México:
ALTO A LA
INSEGURIDAD Y A LA VIOLENCIA. ALTO A LA IMPUNIDAD Y A LA CORRUPCIÓN. NI
PERDONES, NI AMNISTÍAS, SI NO HAY JUSTICIA PRIMERO.
[1]
La amnistía se tiene que otorgar a través de una ley, que extingue los
antecedentes y la responsabilidad penal de aquellos que cometieron un delito.
En cambio, un indulto es un acto administrativo del Poder Ejecutivo, que no
elimina ni antecedentes penales, ni la responsabilidad del culpable de un
delito. Lo que hace el indulto es perdonar la pena impuesta por la comisión de
un delito. La amnistía elimina al delito por completo.
[2]
Las fueras armadas mexicanas cuentan con 267,500 elementos y la Policía Federal
con 40 mil.
[3]
Seguido de El Salvador con 90%; y Brasil y Ecuador con 80%.
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