Políticas Públicas
Como ya se
ha mencionado, la política pública primordial que siguió el Estado mexicano
para combatir la creciente criminalidad asociada a la distribución, trasiego y
consumo de drogas por y en el país, fue el enfoque represivo hacia toda la
cadena del negocio (producción, tanto en cultivos, como en laboratorios;
trasiego desde otros países hacia Estados Unidos; distribución en plazas del
país y hacia el exterior; y aumento del consumo interno).
Las
presiones estadounidenses, especialmente a partir del gobierno de Ronald Reagan
en los años ochentas (asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA en
Guadalajara); el establecimiento del proceso de “certificación” que realizó el
gobierno estadounidense a los países que colaboraban y asumían la política
represiva impulsada por Estados Unidos; y una falta de adecuación del aparato
policial, judicial y penitenciario del país a las nuevas circunstancias (en
buena medida condicionadas por la falta de recursos debido a la crisis
económica y a los programas de ajuste fiscal; así como a la endémica corrupción
asociada a los gobiernos surgidos de la Revolución), condicionaron la política pública
en la materia a las necesidades de la potencia hegemónica; sin considerar las
dinámicas sociales y económicas que alimentaban dicha actividad criminal, tales
como la falta de incorporación de los jóvenes al mercado laboral; una creciente
economía informal y salarios precarios en la formal; desaparición de la red de
protección social surgida durante la posguerra; un crecimiento económico
raquítico y una distribución del ingreso enormemente desigual entre las
distintas capas de la población y regiones del país.
A lo
anterior se sumó un Estado dominado por el Poder Ejecutivo, sin contrapesos
reales en los otros poderes; con una sociedad civil débil y poco organizada; y
un régimen político acostumbrado a aprovecharse de cualquier oportunidad para
enriquecer a sus dirigentes, sin importar el daño que pudieran hacer a la
estructura social (impunidad).
La globalización
económica y especialmente la financiera, facilitaron los negocios lícitos e
ilícitos, con lo que la ya de por sí enorme estructura del crimen organizado,
alimentada por el mercado internacional de drogas; y, por la aquiescencia de
buena parte de la estructura política y del aparato de coerción del Estado
mexicano para aprovechar esa circunstancia, como una opción extra para
enriquecer a sus miembros; se vio incrementada con la diversificación en el
tipo de actividades que se experimentó a raíz del ensanchamiento geográfico,
pero también tecnológico para realizar actividades ilegales (trata de personas,
cibercrimen, tráfico de órganos, de armas, de drogas; pederastia, fraudes,
contrabando tradicional; falsificaciones de documentos, de obras de arte, de
ropa; robo, estafas; secuestros; chantajes, extorsiones; robo de identidad,
etc.).[1]
¿Cuál ha
sido la respuesta del Estado mexicano?
Manteniendo
en términos generales la política represiva en el ámbito de las drogas; en la
más amplia gama de crímenes que se han desarrollado en las últimas tres
décadas, se han intentado aumentar las capacidades del Estado para hacerles
frente: actualizar el marco legal al nuevo tipo de crímenes (siempre de manera
atrasada); aumentar las penas; homologar códigos penales en todo el país (sigue
sin lograrse del todo); construcción de cárceles de máxima seguridad (que el “Chapo”
Guzmán, con sus fugas, ridiculizó una y otra vez); mejorar los equipos humanos
y técnicos forenses (siempre insuficientes y desbordados por el trabajo);
mejorar la inteligencia y el flujo de información (proliferación de cámaras de
seguridad y establecimiento de los centros de control, comando, comunicación,
cómputo y calidad o C5; y en su caso C4), en distintas entidades del país; establecimiento
de centros de control de confianza; capacitación a los cuerpos policiales (en
México y en el extranjero); creación de la Gendarmería; propuesta de
establecimiento de los mandos únicos en cada entidad; formalización de un
sistema de estadísticas en la materia; establecimiento de un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Gobernación para sentar las bases de coordinación y competencias
del gobierno federal, estados y municipios (Sistema Nacional de Seguridad
Pública).
Así también,
se han formalizado numerosos convenios de cooperación internacional con
gobiernos y organismos internacionales; y se ha aumentado enormemente el presupuesto
destinado a seguridad pública, incluyendo el de las fuerzas armadas que están
prácticamente dedicadas a este tema desde hace 12 años.
En el
gobierno de Peña Nieto se han gastado 1 billón, 455 mil 635 millones de pesos
en el rubro de seguridad pública; y sin embargo llegamos al final del sexenio
en el peor momento de inseguridad y violencia que haya registrado el país en el
último medio siglo (90 homicidios dolosos al día)[2].
¿Cuáles son
las propuestas del nuevo gobierno?
[1]
Naím, Moisés; Ilícito. Cómo traficantes,
contrabandistas y piratas están cambiando el mundo; Random House Mondadori:
Barcelona; Octubre 2006.
No hay comentarios:
Publicar un comentario