La Ley de Seguridad Interior da un amplísimo margen al
Presidente de la República para definir en qué situaciones se presentan
“amenazas a la seguridad interior”[1],
y por lo tanto puede ordenar la intervención de las fuerzas armadas y de la policía
federal, por encima de las autoridades locales, e incluso suspendiendo las
garantías individuales.
Esto en la Alemania nazi era conocido como el
“fûhrerprinzip”, esto es el principio de la “supremacía del jefe”. Ningún
poder, llámese Legislativo o Judicial, está por encima de él, y sólo él define
en qué momento y bajo qué circunstancias está en peligro la nación, por lo que
sus decisiones son inapelables.
Así también, las indefinidas y amplias facultades que da la
ley a las fuerzas armadas para realizar investigaciones, reunir información y
realizar cateos de domicilios particulares, se equiparan a las acciones que
llevaron a cabo durante el nazismo las SS y la Gestapo; que con el pretexto de proteger
a la nación contra amenazas externas o internas, llevaban a cabo todo tipo de
abusos contra la población civil.
Y más relevante aún, tanto las SS, como la Gestapo, tenían la
función principalísima de quebrar la oposición al régimen. La citada ley da
facultades a las fuerzas armadas y a la policía federal para reprimir protestas
sociales o político-electorales si las considera “no pacíficas”; lo cual es muy
fácil de establecer, insertando a los consabidos provocadores pagados por el
gobierno en dichas protestas, para generar violencia y de esa forma justificar
la represión.
No cabe duda que las lecciones que dio el régimen nazi y que
las dictaduras sudamericanas aprendieron, reflejándolas en la “Doctrina de la Seguridad
Nacional”, que considera al “enemigo interno” como el objetivo de la actuación
de las fuerzas armadas y de seguridad, fueron bien aprendidas en México.
El Ejército y la Marina ahora están enfocadas a abatir al
enemigo interno, puesto que la defensa del país respecto de amenazas externas
recae en el Comando Norte de Estados Unidos. Suponiendo que alguna “potencia
extranjera” pudiera amenazar la seguridad del país, serán los Estados Unidos
los que se encargarán de ella. Esto ha quedado establecido tácitamente desde el
gobierno de Felipe Calderón, que rindió la soberanía nacional a Washington,
subordinando a las fuerzas armadas mexicanas a las estadounidenses, a través
del Comando Norte; y todo el aparato de seguridad e inteligencia, mediante la
Iniciativa Mérida.
Antes de eso las fuerzas armadas mexicanas todavía
consideraban como la principal amenaza a la seguridad nacional a los Estados
Unidos, por la historia de agresiones y guerras de conquista que realizaron en
nuestra contra. Los planes de defensa se basaban en la posibilidad de una
invasión estadounidense a nuestro territorio.
Pero desde que México se convirtió en una colonia
estadounidense, el peligro ahora ya no es el ejército de ese país, sino la
propia población mexicana, a la que se le considera como un potencial “enemigo
interno”, que puede poner en peligro la hegemonía estadounidense y el dominio
de la minoría política corrupta y del eje tecnócratas-oligarcas-trasnacionales
sobre el territorio, sus recursos naturales, financieros y sobre la población
misma.
Por ello era fundamental la aprobación “fast track” de la Ley
de Seguridad Interior, ante el desafío que representa la única oposición real
al sistema depredador y al régimen neo fascista que desgobierna al país, y que
es la de Morena y López Obrador; aún con su propuesta de proyecto alternativo
de nación, que prácticamente no toca ninguno de los puntos clave del modelo
económico neoliberal.
Lo que ahora sucede en Honduras, con la suspensión de
garantías individuales, el “toque de queda” y la represión de las fuerzas
armadas y la policía contra la población, es un ejemplo de lo que sucederá el
2018, cuando el régimen neo fascista de Peña lleve a cabo su fraude electoral
(como el que realizó el gobierno hondureño contra la oposición), y lance a las
fuerzas armadas y a la policía contra la población que proteste contra ese
atropello.
Y como en Honduras, ni la OEA, ni la ONU, ni las “democracias
occidentales”, o los gobiernos derechistas de Latinoamérica, la CNN o el
Departamento de Estado se indignarán, protestarán, amenazarán con sanciones o
denunciarán a los cuatro vientos las violaciones a las garantías individuales,
la represión gubernamental, el fraude electoral, etc., puesto que los gobiernos
dictatoriales de Honduras y de México son sus colonias, y ellos sí están “autorizados”
a hacer todo eso; pero que no se le ocurra a un gobierno “rebelde”, que no se
ha subordinado al imperio, defender la legalidad y usar a las fuerzas armadas y
a la policía para mantener el orden, porque entonces sí va todo el peso de la
propaganda y de las sanciones económicas en su contra.
La plutocracia internacional está decidida a mantener la
explotación demencial de los recursos naturales, financieros y humanos del
planeta, ya sin esconder, ni disfrazar sus políticas fascistas para lograrlo; y
por lo tanto, se le dio la orden a Peña de que haga lo mismo para el 2018,
con objeto de evitar que se pueda poner en peligro la hegemonía estadounidense
en su “patio trasero” y la de los oligarcas y políticos corruptos sobre el
amedrentado, manipulado y reprimido pueblo mexicano.
[1]
Supuestamente las “legislaturas estatales” también pueden solicitar tal
intervención, pero finalmente el que decidirá si se lleva a cabo no es el
Presidente.
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