La insurgencia plutocrática y la LSI

Carlos Fazio

La Jornada 31 de Diciembre de 2017

En 2011, Robert J. Bunker señaló que “la insurgencia plutocrática (…) involucra a las élites globales y carece de los rasgos tradicionales de una insurgencia; es decir, la lucha armada. Es la contraparte del concepto insurgencia criminal, desarrollado inicialmente por John Sullivan con dedicatoria a México. Sin embargo, en vez de estar basada en economías ilícitas y de naturaleza ascendente, de abajo hacia arriba (bottom up), deriva de economías libres de cualquier soberanía (sovereign free), y es de naturaleza descendente, de arriba hacia abajo (top down).”

Según Bunker, profesor del Instituto de Investigaciones Estratégicas del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, los ganadores de la globalización−representados por las corporaciones multinacionales y la clase capitalista trasnacional− buscan retirarse de la autoridad reguladora, fiscal, y –en última instancia− política de los Estados (mientras utilizan a sus instrumentos coercitivos por excelencia: las fuerzas armadas, policiales y de espionaje, así como a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para transformarlo e instrumentalizarlo en su favor).

El mecanismo utilizado para ello es promover una economía allende la soberanía del Estado nación (extra-sovereign) usando paraísos fiscales foráneos; jugando a poner a los países unos contra otros para maximizar utilidades; convirtiéndose en ciudadanos no residentes con la finalidad de no pagar impuestos, y empleando a una bandada de abogados y cabilderos dentro de los Estados para obtener privilegios especiales y ventajosas consideraciones económicas.

A su vez, como señala Nils Gilman, una de las tendencias globales más importantes de las últimas décadas ha sido la proclividad de las élites acaudaladas a enquistarse en enclaves amurallados. Para ellas, la función primaria de la sociedad es servir como fuente de mano de obra barata, servil; como un recurso a ser explotado.

Por otra parte, las comunidades amuralladas son una pauta más extensa de los enclaves económicos extraídos del Estado nacional y habilitados para jugar acorde con un conjunto de reglas fundamentalmente distintas de aquellas imperantes en un territorio circundante. Por sí mismas, añade Gilman, esas comunidades amuralladas no equivalen a una insurgencia plutocrática; pero éstas emergen donde quiera que uno ve a las élites financieras y económicas utilizando tales enclaves como base estratégica a partir de la cual librar la guerra en contra de los bienes públicos.

Ése es el atributo definitorio político-económico de una insurgencia plutocrática: el intento por parte de los ricos para dejar sin fondos el aprovisionamiento de bienes públicos con el propósito de dejar sin dientesa un Estado que amenaza sus prerrogativas, pero al que utilizan como instrumento policiaco-securitario en defensa de sus intereses.

A diferencia de la cleptocracia, que involucra a las instituciones del Estado para saquear a la población, la insurgencia plutocrática desea crear un Estado a modo para facilitar la desposesión o el despojo generalizados (utilizando incluso la guerra híbrida). Aunque en la práctica, ambas modalidades pueden entremezclarse.

No existe en la actualidad autoridad soberana capaz de hacer frente a la insurgencia plutocrática, consecuencia no intencionada del capitalismo depredador y criminal, que resulta en crecientes desigualdades económicas en los Estados occidentales. Una insurgencia que durante los últimos 11 años se disfrazó de guerra a las drogas en México, con el salto conocido, y que en su nueva fase podría utilizar legalmente a las fuerzas del orden para suprimir protestas y manifestaciones antiplutocráticas.

En ese contexto, conviene tomar en cuenta las declaraciones de Joseph Mark Mobius, un germano-estadunidense radicado en Singapur y presidente ejecutivo de Templeton Emerging Markets Group −una división de Franklin Templeton Investment, el mayor fondo de inversión del mundo para mercados emergentes, México incluido− en el sentido de que “el mejor momento para comprar es cuando hay sangre en las calles (…) incluso si es tu propia sangre”, porque usualmente, cuando hay guerra, revolución o problemas políticos y económicos, los precios de los valores bursátiles bajan, y esa gente, que compró cuando aquellos habían tocado fondo, ganó mucho dinero.

Como otra faceta del mismo fenómeno, Emir Sader dice que los gobiernos de derecha, todos neoliberales, se dedican a cuidar a los ricos. Ya no les basta ser ricos, tienen que ser cuidados para que no abandonen (totalmente) sus países por algún paraíso fiscal en las Islas Vírgenes, Panamá, Luxemburgo, Nevada o Delaware (en EU), o alguna de las 30 empresas fantasmas del Barclays Bank de Londres.

México no es la excepción: los intereses de la plutocracia local también deben ser cuidados en sus antiguos y nuevos enclaves económicos hidrocarburíficos, eléctricos, mineros, agroindustriales y maquiladores, incluidos los que irrumpirán en breve en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del sur-sureste del país.

Con el añadido de que a los cuidadores de la plutocracia también hay que cuidarlos. A eso responde la Ley de Seguridad Interior (LSI) de Enrique Peña Nieto, quien pasará a la historia como el autor intelectual de un esperpento jurídico diseñado bajo presión de los mandos de las secretarías de Defensa y Marina por algunos leguleyos civiles y militares del régimen.

Porque por más que ahora Peña Nieto pretenda utilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como condón, tapadera y cómplice de su torpe y anticonstitucional iniciativa, sobre él recaerá la responsabilidad histórica del nuevo paradigma punitivo del Estado que regulariza el estado de excepción y supedita a las autoridades civiles a mandos militares por tiempo indefinido y sin la obligación de éstos de rendir cuentas a nadie.

Toda decisión de seguridad integrará institucionalmente a las fuerzas armadas en el proceso informativo, deliberativo y ejecutivo. Como afirma la propia ley, el papel de los militares no será el de suplantar a la policía, sino resolver problemas de seguridad interior en términos militares. Visto así, la LSI es un extraordinario éxito desde la óptica plutocrática y de sus fondos de inversión. Expandir la aplicación de lógicas de guerra como instrumento preponderante de gobierno derivará en una mayor perpetración de crímenes de lesa humanidad. Con ello, Peña habrá cerrado el trágico ciclo de absolutismo, violencia estatal, corrupción, simulación e impunidad impuesto por Felipe Calderón desde 2006.

MEXICO’S CRISIS OF JUSTICE

How a U.S.-backed effort to fix Mexico’s justice system led to turmoil

By Joshua Partlow Photos by Michael Robinson Chavez Dec. 29, 2017

OCOTLAN, MEXICO — One morning in this grim farming town, a Mexican judge who carries a rubber-bullet gun for protection strode into his courtroom to consider the matter of the 11-inch knife.

Slumped at the defendant’s table was David Ramos, a day laborer charged with attempted homicide for participating in a drunken knife fight. Ramos had already spent 16 days in jail. But Judge Juan Antonio Rubio Gutiérrez had discovered a glaring irregularity.

In the initial paperwork, no one mentioned where police found the plastic-handled blade. When the point had been raised, the missing information suddenly appeared in a new shade of blue ink. Rubio Gutiérrez decided that the information was dubious and that the defendant could walk.

“Procedurally speaking, a knife no longer exists,” the judge told Ramos in the courtroom earlier this month. “Today, you have recovered your freedom.”

https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/world/torn-apart-by-drug-violence-mexico-aims-to-reform-justice-system/?utm_term=.eee326024faf

Corruption Is Mexico’s Original Sin

Personal enrichment has always been central to Mexico's political system — and only a revolution can change that.

BY LUIS RUBIO

 | DECEMBER 26, 2017 foreignpolicy.com

On Dec. 20, a political operative of Mexico’s ruling Institutional Revolutionary Party (PRI), Alejandro Gutiérrez, was arrested on charges of embezzlement and illegal use of public funds for his party. It was a relatively high-profile arrest, but one shouldn’t get carried away about its meaning. Mexico’s corruption problem has indeed become dysfunctional. But corruption remains an integral part of the country’s political system and, absent a political revolution, is unlikely to fade away anytime soon.

During the 20th century, corruption helped Mexico attain the political stability that allowed it to achieve long periods of economic growth. It also remains the glue that holds the country’s establishment together. The system is so entrenched that even when the longtime opposition party, the National Action Party (PAN), took power during the administrations of Presidents Vicente Fox and Felipe Calderón, it quickly fell into line.

Mexico’s corruption problem is not a product of chance. Mexico’s political system was created in the 1930s to consolidate the political power of the winners of the country’s 1910 revolution and to provide them with access to government posts and money. The resulting system was based on a simple transaction: loyalty to the president, across all political and judicial institutions, in exchange for access to wealth and political power.

Since then, government posts, both elective and by appointment, have been given out as part of an endless process of negotiations to maintain the political class’s control over the country and its spoils system. Functionaries have long seen their positions as opportunities to make money. Some office holders were provided with nonpublic information that allowed personal gain, while in other cases their appointments facilitated outright robbery. They were only prosecuted when they broke the golden rule — when they opposed the president or ceased to be perceived as loyal. There has been no distinction between political parties in these endeavors; the PRI, which was the only game in town for most of the 20th century, and the PAN have been equally implicated.

The current administration of President Enrique Peña Nieto has been a perfect case in point. Although Peña Nieto campaigned as a reformer, since taking power he has attempted to restore the country’s political system to the 1950s, a time when the federal government’s paramount goal was economic growth, which it achieved with an average growth rate of 7 percent. It was also a time when corruption served to secure loyalties throughout the political arena at virtually no cost in terms of popularity.

Over the past five years, Mexico has thus lived through two contrasting processes. On the one hand, Peña Nieto has overseen legislative approval of some major liberalizing reforms, particularly in energy, telecoms, and education. All of these reforms were accomplished through graft, with votes that were duly purchased, while allowing favored economic and political actors to profit from access to privileged information. At the same time, corruption suddenly became the raison d’être of the country’s activist community.

Both these processes went together. The economic reforms were approved through an arrangement among the three major political parties. That agreement resulted in both PAN and the Democratic Revolutionary Party (PRD), the two major opposition parties, losing their credibility, as they ended up being perceived by the public, most likely correctly, as having sold their principles — and their legislative votes — in order to benefit from the ancestral corruption of the PRI system. All three parties are now seen to be one and the same, at least as far as corruption goes. It’s no wonder that the PRI is now fielding a presidential candidate, José Antonio Meade, in next year’s election with impeccable personal credentials who is not a member of the party.

Corruption has become the nodal leitmotif of Mexican politics, at least in rhetoric. It is the subject around which public discussion, electoral processes, decisions on savings and investment, and — however much they deny it — politicians’ calculations gyrate.

And so the political class did recently pass anti-corruption legislation to please activists. The new legislation creates the office of a special prosecutor for corruption charged with choosing and investigating cases of corruption. Thus, at least in appearance, the law provides an opportunity to prosecute cases of corruption. In this sense, the Mexican political establishment no longer enjoys absolute freedom to misbehave, as can be gleaned from the fact that several governors have been jailed or are being prosecuted.

Still, it’s easy to confuse facts with appearances. First, a special prosecutor has not yet been appointed. More broadly, the anti-corruption law mostly addresses the corruption epidemic’s symptoms, thus helping to preserve the status quo. It does not aim to eliminate the causes of corruption, starting with the arbitrary and unchecked powers that government functionaries, at all levels of government, use to extort the public. It also leaves too much power to decide what to investigate in the hands of appointed officials who are beholden to political bosses.

It’s important to remember that Mexico’s corrupt system hasn’t just included political institutions and parties but also the judicial system. The legal rules governing political institutions have always been defined in ambiguous and discretionary ways. This gives politicians and prosecutors the power to unmercifully punish perfectly legitimate and adequate actions when they find it convenient.

It also allows them to politicize corruption charges as they see fit. Charges of corruption have been used over the decades as a means to punish political enemies and maintain political discipline. Precisely because corruption is so rampant, it has always been the easiest way for those in power in Mexico to attack and undermine their political enemies.

The new fad in Mexico is for any political actor likely to be prosecuted to flee the country and then wait for a request for extradition; the extradition order is then negotiated so that the charges for which the extradited person can be prosecuted are minor. It thus appears that he or she is being subjected to the full weight of the law. But once the headlines shift to a different matter, the person leaves jail, and the entire matter blows away.

There is even plenty of evidence to suggest that many of the governors and other politicians who were recently convicted for corruption negotiated their indictments with prosecutors in order to secure a comfortable passage through the justice system, mostly without much jail time or a serious dent in their persona­l assets.

Mexican politicians know they can mostly ignore the politically active people in the country’s urban areas who are focused on the corruption problem, because they are hardly representative of the broader public. Most Mexicans have no access to the resources, benefits, or power of the political system — and, precisely for that reason, they are not much concerned with how it works. The concerns and interests of the average Mexican instead revolve around the more basic things in life, such as safety, jobs, and income.

Hence, the detention of Alejandro Gutiérrez in the state of Chihuahua makes headlines that add to the malaise that has characterized Mexicans’ mood for the last few years but is unlikely to change much. Those who assume that this, or a similar case of corruption, could unleash a political crisis that will lead to a reshuffling of the political order — of the sort that Brazil is currently experiencing — are bound to be disappointed.

Circumstances in Mexico and Brazil are radically different — not least because Brazil’s judicial system is far more advanced. Back in the 1970s, while Mexico was developing an extraordinary cadre of first rate economists and technocrats, Brazil concentrated on its justice system by developing a school of independent prosecutors. It is not by chance that Mexico has gone much further in reforming its economy while Brazil has made much more progress in developing an independent justice system.

Mexico’s political system isolates, and protects, politicians from the citizenry and provides them with extraordinary powers to do as they please. To be sure, elections these days are contested, and political parties alternate in government. But the system carries on. The only solution is a new political regime, under new rules of the game — that is, a new constitution that would hold government officials accountable through checks and balances enforced by independent institutions.

Absent such a revolutionary change, specific legal reforms can address the symptoms of corruption or other social problems, such as drug activity. But the core of Mexico’s problem isn’t corruption or drugs but the lack of a basic functioning government that is designed to address the needs of citizens rather than the interests of politicians themselves.

For now, the current case of embezzlement in Chihuahua, which follows the governor’s own political agenda against the PRI, may alter citizens’ perceptions of one or another candidate in the presidential race. But it will not, by itself, transform Mexico’s political system. The system itself, after all, is based on corruption.

Luis Rubio is chairman of the Mexican Council on Foreign Relations and of México Evalúa-CIDAC.

NAVIDAD

La noche del 24 de diciembre y todo el día 25 se festeja por parte de la mayoría del cristianismo el nacimiento de Jesús. La Iglesia Ortodoxa festeja el acontecimiento en enero, debido a que esta iglesia sigue el calendario Juliano, mientras el resto de los cristianos siguen el gregoriano, por lo que los ortodoxos celebran el nacimiento de Jesús, 13 días después de la Navidad.

Desgraciadamente estas fechas han sido secuestradas por el mercantilismo occidental, para presentar a la Navidad como la llegada de un tipo gordo, vestido de rojo (en Rusia lo visten de azul; en Francia los vestían de blanco), que llega la noche del 24 a dar regalos a los niños.

Santa Claus, Papa Noel o San Nicolás, surge de un personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno, que se une con la figura de un obispo cristiano, de origen griego, llamado Nicolás, que vivió en el Siglo IV en Anatolia (hoy Turquía).[1]

Nicolás de Bari, que así se llamaba este obispo, ayudaba a los pobres de los valles de Licia y al parecer la leyenda de los juguetes surgió porque en alguna ocasión un hombre con escasos recursos no podía dar dote a sus hijas para casarlas, por lo que Nicolás, secretamente puso monedas de oro en las calcetas de las muchachas que las habían puesto a secar, después de lavarlas.

Esta leyenda se fusiono con otra leyenda pagana, que venía del Imperio Romano, pues en diciembre se celebraban las fiestas en honor de Saturno (en Grecia era a Cronos), ocasión que se aprovechaba para darle regalos a los niños.

Estas dos tradiciones las tomaron los holandeses y llamaron al personaje Sinter Klass, el cual llevaron a la Nueva Amsterdam, que después sería Nueva York.

En el siglo XIX el escritor estadounidense Washington Irving, cambió el nombre a Santa Claus (lo “americanizó”), en su libro “Historia de Nueva York”, lo que dio motivo a que se popularizara la costumbre de que el hombre gordo vestido de rojo diera regalos a los niños en la Noche Buena.

Fueron las empresas comerciales estadounidenses las que se inventaron después el mito de que el viejo gordo vestido de rojo venía del Polo Norte y los duendes le ayudaban a fabricar los regalos.

El asunto es que el capitalismo ha convertido a la Navidad en la compra desenfrenada de regalos, en una cena (opípara para las minorías ricas; cada vez más raquítica para el resto de los cristianos) y en colocar luces en “árboles de Navidad”[2] alejándolo de su origen, es decir la celebración del nacimiento del que el cristianismo considera el Hijo de Dios.

Así también, los especuladores y usureros de Nueva York principalmente, han impulsado una campaña persistente y cada vez más exitosa, para eliminar del vocabulario la famosa frase “Feliz Navidad” (Merry Christmas), y cambiarla por la de “Felices Fiestas” (Happy Holidays), con la clara intención de enterrar definitivamente el origen cristiano de la festividad, y dejarlo únicamente como “fiestas”, para celebrar al viejo gordo vestido de rojo; y también con el pretexto de que al desear “Felices Fiestas” se logra cierta neutralidad hacia los que profesan otras religiones, especialmente los judíos, que vehementemente niegan que Jesús sea el Hijo de Dios.

Así, una fiesta para celebrar, en una religión particular (de 2350 millones de fieles), el nacimiento del fundador de dicha religión, ha sido secuestrado por intereses mercantiles e ideológicos específicos, que no tienen ninguna relación con el acontecimiento original que da lugar a estas festividades.

Y aunque en algunos lugares del mundo se han iniciado movimientos con objeto de recuperar la tradición original, y el mensaje de paz y amor que conlleva, más allá de lo que pueda significar para las jerarquías de las iglesias católica y ortodoxa, la realidad es que la maquinaria publicitaria del capitalismo tiene secuestrada a la Navidad, para impulsar el consumismo y una visión supuestamente “neutral” de estas fechas, con objeto de nulificar el mensaje de fraternidad que conlleva.

Pero igual les deseamos a todos Feliz Navidad y un año 2018 menos desastroso que el actual.

---

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1_Noel

[2] Costumbre del Norte de Europa, por medio del cual se adornaba el “árbol perenne”, para festejar el nacimiento del Sol y a la fertilidad.

Armed by Israel, Honduras’s illegitimate regime returns the favor at the U.N.

Middle East 

James North on December 21, 2017

http://mondoweiss.net/2017/12/hondurass-illegitimate-returns/

Once again, Israel is supporting a repressive regime in the Global South, this time in the poor Central American nation of Honduras — and Israeli activists are protesting vigorously.

Just after the November 26 election in Honduras, the results started to show a commanding margin for the pro-democracy opposition — until the vote-tabulating computers mysteriously went down. Many days later, the incumbent president, Juan Orlando Hernandez, had miraculously gained the lead, and Hondurans poured into the streets in nationwide peaceful demonstrations against the obvious theft.

The military and police have already killed 22 protesters, but the street demonstrations show no signs of stopping. The United States dishonestly endorsed the rigged results, even though observers from the Organization of American States had found so many irregularities that they recommended new elections.

Israel hides its arms exports. But last year, the Honduras regime revealed that it had bought $209 million worth of weapons from Israel, including surveillance drones for the army.

A representative of the Israeli activists, a courageous lawyer named Eitay Mack, sent a letter to the Israeli Defense Ministry asking it to freeze or cancel the arms sales. (Eitay Mack, who pushes for public scrutiny of Israeli security exports, has written for this site.)

Honduras just repaid Tel Aviv for the weapons sale — by casting one of the only 9 votes against the United Nations resolution condemning the U.S. recognition of Jerusalem as Israel’s capital. (Here, in addition to the U.S. and Israel, is the rest of the list: Guatemala, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, and Togo.)

EL VASALLO GOBIERNO MEXICANO SE ABSTIENE EN LA VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

Ya no es ninguna sorpresa que el vasallo gobierno mexicano se ponga de tapete ante el de Estados Unidos, y también ante el de Israel, como lo ha venido haciendo desde hace más de una década.

El lacayo Videgaray, que como hemos señalado en este blog, va una vez al mes a Washington a recibir personalmente las instrucciones que debe seguir en materia de política exterior, de seguridad y seguramente en materia comercial (recordemos que Videgaray y el propio Guajardo son los “caballos de Troya”, encargados de que México acepte todas las exigencias estadounidenses en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), ya había demostrado su subordinación con la expulsión del embajador de Corea del Norte de nuestro país y con su labor de “punta de lanza” contra el gobierno venezolano en la OEA.

Ahora también se inclina ante Israel, como ya lo había hecho antes el gobierno de Peña, cuando la canciller Ruiz Massieu cambió el voto de México de condena a las acciones israelíes contra los palestinos en Jerusalén (que falsamente los sionistas en el mundo señalaron que pretendía “romper los lazos de los judíos con el Muro de los Lamentos”), a la de abstención.

El gobierno mexicano, junto con otros 35 lacayos más[1], se abstuvo de votar en favor de la condena que hicieron 128 países en la Asamblea General de la ONU a la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, con lo que se confirma el definitivo rechazo de Washington a la posible creación de un Estado Palestino, con su capital en Jerusalén Oriental.

Sólo siete “países” apoyaron a Estados Unidos e Israel, entre ellos Honduras (que así agradece el respaldo estadounidense a las fraudulentas elecciones en las que el presidente Hernández se reeligió, pasando por encima de la prohibición constitucional en ese sentido); y el acorralado gobierno guatemalteco, debido a la serie de acusaciones directas contra el gobierno de Jimmy Morales por la corrupción, por lo que a través de este voto trata de salvar su pellejo, buscando el apoyo israelí y estadounidense.

Así también se demuestra que las amenazas de Trump y de la empleada de Netanyahu, Nikki Haley, a los gobiernos que votaran contra Estados Unidos (se les retiraría la “ayuda” y también se revisarían las aportaciones que hace a la ONU; 22% del presupuesto normal y 28% para los “cascos azules”) dieron resultado, pues varios países “aliados” de Washington o demasiado dependientes de Estados Unidos en Africa y Asia, prefirieron abstenerse o no asistir a la sesión, por temor a las represalias anunciadas.

Patético, triste y desolador panorama internacional, cuando el poder desnudo y duro hace su presencia, ya sin máscaras, ni eufemismos, en él máximo organismo multilateral y se comprueba que el mundo actual ha retrocedido a los días del peor colonialismo y depredación conquistadora de siglos pasados.

Se comprueba también, después de que abiertamente Estados Unidos señalara a Rusia y China como sus enemigos, y que desde su perspectiva pretenden arrebatarle su hegemonía mundial (eso es lo que sin ambages dice la Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer por Trump); que estamos en un período sumamente peligroso de la historia mundial, pues la potencia que ha dominado al mundo el último siglo, se siente “amenazada” por el surgimiento de una potencia económica equivalente (China), y el resurgimiento político-militar de una potencia con la capacidad para enfrentarse a ella en el terreno de las armas (Rusia).

La lenta e inexorable decadencia estadounidense (por más que la quieran disfrazar o negar en ese país), que bien puede durar décadas; representa una amenaza directa a la paz mundial, pues los dirigentes políticos y económicos de ese país, harán todo lo que crean necesario (incluida una III Guerra Mundial), para detener ese proceso.

Mientras tanto, Israel y sus poderosos subordinados en Estados Unidos (el Congreso, los medios de comunicación, Wall Street, el aparato de inteligencia y seguridad y el complejo militar- industrial), están más que satisfechos con todo lo que han obtenido de su marioneta, Donald Trump; y de todo lo que obtendrán de él en el futuro inmediato, como la guerra que iniciarán contra Irán el próximo año, sin que Israel tenga que gastar un solo dólar o poner en riesgo un solo soldado, pues Estados Unidos y los lacayos gobiernos de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Emiratos Arabes Unidos, Bahréin y Kuwait, serán los que financien y pongan los soldados para agredir a Irán; sin importar que la guerra se gane o no, pues de lo que se trata es de destruir a ese país con una nueva conflagración, como la que instigaron en su momento entre Irak e Irán en los años ochenta del siglo pasado.

Pues bien, ahora México es parte de esta coalición de países vasallos de Washington y de Tel Aviv, que están dispuestos a apoyar toda la desestabilización, el caos y las guerras que sean necesarias, para que Israel siga con su plan hegemónico en el Medio Oriente; esto es, expulsar a todos los palestinos y a los árabe-israelíes hacia Jordania, Siria, Egipto y Líbano; destruir al régimen de Teherán e intentar de nuevo, derrocar a Bashar el Assad en Siria; mantenerse como la principal potencia militar de la región y la única poseedora de armas nucleares; y romper definitivamente la que llaman la “creciente chií”, que va de Irán a Líbano.

Para los aliados israelíes en Estados Unidos lo más importante es destruir al régimen de Vladimir Putin en Rusia (que detuvo el plan del “caos deliberado” de Tel Aviv en el Medio Oriente); sumir a China en una gran crisis económica y política, para que ya no desarrolle su iniciativa de la nueva “Ruta de la Seda”; y destruir a los regímenes opuestos a la hegemonía estadounidense en todo el planeta, empezando por los de Corea del Norte, Irán y Venezuela.

Tendrán que ser Rusia y China en alianza los que detengan, o al menos  intenten detener este demencial plan de las arrogantes élites estadounidenses e israelíes, que se sienten con el derecho no sólo de dominar al mundo, sino incluso de llevarlo a su destrucción, en caso de no poder lograr sus objetivos.

---

[1] Otros 21 gobiernos decidieron no asistir a la sesión.

2017: lamentoso año

John Saxe-Fernández

La Jornada 21 de Diciembre de 2017

La Ofunam concluyó su Temporada anual con la lamentosa Sexta Sinfonía de Tchaikovsky. Fue un llamado al silencio, a la reflexión de la vida y la muerte; también sobre las enormidades existenciales que vivió y vive la humanidad en este 2017. Desde lo local, nacional a lo internacional y planetario, terremotos incluidos, fue un annus horribilis. Como nunca desde octubre de 1962 estamos todavía más cerca de una guerra nuclear. En 2017 el totalitarismo asomó su fea faz hitleriana cuando Trump, desde la Asamblea General, amenazó con su total destrucción a una nación asiática integrante de ese cuerpo, haciendo añicos la Carta de la ONU. También en 2017 el Comando Sur de Estados Unidos, con aval de Michel Temer y el silencio de los medios, realizó un gran operativo de ocupación/intervención militar sobre el Amazonas con la mira en los recursos naturales y en Venezuela, mientras en México el prianismo legalizó un desequilibrio civil-militar equiparable al ascenso de Victoriano Huerta, mientras se nos notificó la incongruente coalición electoral de Morena, mi partido, con el derechista Partido Encuentro Social (PES), negador de derechos sociales, del laicismo en asuntos de Estado que dio decisivo apoyo a la inconstitucional Ley de Seguridad Interior (LSI, sic).

En entrevista con Amy Goodman de Democracy Now para presentar su libro The Doomsday Machine Daniel Ellsberg, el primer gran filtradorde los Documentos del Pentágono, nos entera que para la guerra nuclear Estados Unidos siempre vio como mejor opción (¡ sic!) un primer ataque sorpresivo contra la URSS usando 25 mil ojivas dirigidas a todas las ciudades y aldeas de esa nación y a los centros de China. Las bajas estimadas en tiempos de Kennedy, con una población mundial de 3 mil millones, se calcularon en 600 millones. Las revelaciones de Ellsberg son más significativas a la luz de investigaciones científicas recientes no incluidas en sus análisis, dadas a conocer por la Academia Nacional de Ciencias estadunidense (PNAS 25/7/17), que corroboran que aun sin una tercera guerra mundial está en curso una masiva aniquilación de la biodiversidad.

Por otro lado, las amenazas industriales-extractivistas y militares que se ciernen sobre el Amazonas brasileño, la mayor área biodiversa y de agua dulce del planeta, recrudecieron en 2017. No son nuevas. En 2003 y ante los riesgos a la soberanía brasileña, el entonces presidente Lula vetó una iniciativa legislativa para que Estados Unidos usara la base de Alcántara (Amazonas). Ahora, desde que Temer invitó al gobierno estadunidense a que la use para lanzar satélites se acentuaron las gestiones y operaciones castrenses imperialistas. La más reciente, AmazonLog-2017, es objeto de un puntual y bien documentado trabajo de Santiago Navarro y Renata Bressi:The US Southern Command´s Silent Occupation of the Amazon (Truthout Report, Nov 9/2017) algunos de cuyos detalles abordaré en 2018.

De relevancia local, regional y mundial resaltan los planteos geopolíticos y advertencias sobre esa operación ofrecidos por Ana Esther Ceceña, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, citados en ese importante estudio: El despliegue de tropas dice Ceceña, facilita incursiones territoriales específicas y la realización de operaciones de respuesta rápida, implicando ambas el uso de fuerzas especiales, sean de Estados Unidos, locales o privadas en la triple frontera(Brasil, Perú y Colombia). Además, la Operación AmazonLog 2017 crea condiciones para operaciones futuras de tropas estadunideses en dos áreas estratégicas: la parte baja de Venezuela y a lo largo de la costa atlántica, donde ya Estados Unidos obtuvo acceso a la base militar de Alcántara (ibidem).

Finalmente y como broche de cierre de este lamentoso 2017, se juntaron el hambre con las ganas de comer: la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que rompe, como advirtió el senador Manuel Bartlett, la estructura política militarizándola y acentuando la tragedia humana. Se oculta el origen de esta violencia institucional, formalizándola por sumisión a Estados Unidos que exige que las fuerzas armadas se conviertan en policías dependientes del Comando Norte, para proteger el dominio de sus empresas sobre infraestructura, recursos y territorio mexicanos.(El Universal 14/12/17)

En ese ámbito está la inaceptable inclusión del PES en la coalición Morena-PT. El PES viene de la derecha cristiana ultra-pragmática. Está contra el aborto y el matrimonio gay y pasó por PRI, PAN y PRD. Va a Morena cuando Trump eleva esa derecha a los santuarios de la criminalidad de Estado (CIA-Pompeo). Malo para la democracia y lo que el prianismo va dejando de la laicidad del Estado. Bernardo Barranco, sociólogo de la religión lo advirtió (2014): La presencia evangélica del PES transgrede los principios formales de la laicidad contenidos en la Constitución. Por ello, la ambigüedad, los dobles discursos y la simulación vienen como malos augurios para un instituto que recién comienza.

Benito Juárez y Mauro Fernández Acuña, beneméritos, in memoriam

jsaxef.blogspot.com

Facebook: JohnSaxeF

A Good Year for Israel and Its Friends

A bad year for the U.S. Constitution

PHILIP GIRALDI • DECEMBER 19, 2017

http://www.unz.com/pgiraldi/a-good-year-for-israel-and-its-friends/

The unfortunate Donald Trump Administration decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel serves no visible American interest, in spite of what some of the always-loyal-to-Israel punditry has been suggesting. Israel is already moving to exploit the situation in its usual fashion. Immediately after the announcement was made, Israeli Ambassador in Washington Ron Dermer suggested that the decision on Jerusalem could now be extended to include other disputed areas, most particularly Syria’s Golan Heights that were occupied in 1967. And the decision on Jerusalem itself will quite likely prove elastic as the Israeli government has already prepared legislation to incorporate large chunks of settlements into the city limits, far beyond the historic boundaries.

The currently popular among Zionists argument that recognizing Jerusalem will somehow perversely accelerate a drive for a final peace settlement with Israel as it will demonstrate to the Palestinians just how hopeless their cause is has little merit as desperation is more likely to lead to increased violence than a political solution. A more intriguing reading suggests that Israel, the United States and Saudi Arabia are conniving at squeezing even more Palestinians into a slightly enlarged prison-camp in Gaza, leaving the rest of the West Bank open for absorption by Israel. Again, such an outcome is not very likely as the 2.5 million Palestinians remaining in the region will likely have some say regarding the issue no matter how much pressure is exerted by the Saudis and Jared Kushner for them to submit.

Nothing good will come out of the Trump decision as the situation in the region is already starting to unravel. The Turks are talking about opening an Embassy to Palestine in East Jerusalem and the 56 other Muslim countries in the Organization of Islamic Cooperation might follow suit. Israel, which has physical control of the entire city, would use force to prevent that, creating some interesting new points of conflict in the Middle East. The U.S. would, of course, become involved given its role as Israel’s patron and protector. The evolving situation is likely to develop into Israel and the United States versus the rest of the world, with unfortunate consequences as the conflict will spill over into normally unrelated issues like trade and otherwise innocuous international agreements, while American travelers and businesses will increasingly become targets for terrorism.

If you want to understand the reason why the United States cannot pursue sensible objectives in the Middle East or anywhere else, one has to look no farther than the all too often Israel-centric neocons who have become adept at advising nearly everyone in the government from the White House on down regarding what should be done, particularly in foreign policy. The Trump Administration’s slowness in filling senior positions has meant that there are many vacancies, which has opened the door to eager neoconservative-leaning nominal Republicans to re-enter government. At the State Department Brian Hook of the neocon John Hay Initiative is now chief of policy planning, courtesy of Margaret Peterlin, Tillerson’s chief of staff. They have recently hired David Feith, the son of the infamous Pentagon Office of Special Plans head Doug Feith, to head the Asia desk. And Wes Mitchell, whose policies are largely indistinguishable from his predecessor, has replaced Victoria Nuland as Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs. While Elliot Abrams, Eliot Cohen, the Kagans and other prominent neocons have been blocked, second-tier activists carrying less political baggage have quietly been brought in.

And Congress is to a certain extent the source of all evil, as its numerous committee meetings gorge on advice from experts who are frequently anything but, reflecting the hardline views of many of the legislators themselves with nary a contrary opinion in sight. A recent session of the Senate Armed Services Committee featured a statement by leading neocon Eric Edelman. His presentation is hawkish in the extreme, with particular focus on Iran and Russia. It can be summarized briefly by citing some of the section headings: “Adopt a post-ISIS Strategy for Syria and Iraq,” “Develop Credible Military Leverage Against Iran,” “Recognize Russia as an obstacle, not a partner,” “Increase internal pressure against the Iranian regime,” and “Enforce nuclear restrictions on Iran.”

So it’s garbage-in and garbage-out on how much of the government gets a large percentage of its information. And given the White House track record relating to Iran and Jerusalem over the past several months, one might also reasonably come to the conclusion that Israel will get whatever it wants, including a catastrophic war with Iran, because it’s also garbage-in at the White House by way of son-in-law Jared Kushner’s view of the Middle East.

But there is a second story playing out about Israel right here in the United States which should be even more concerning as what is happening on the ground in Palestine and Syria. You see, the problem that Israel has is that it is indeed an apartheid state based on race and religion. The 320,000 Palestinians attempting to hang on in and around East Jerusalem have no rights whatsoever and are being systematically forced out by being denied building permits and through arbitrary oversight by the Israeli military and police. Christian churches and foundations are also under pressure from the Israeli authorities but you won’t hear much about that from Congress or the White House.

The truth about Israel is quite unpleasant, so it has been necessary to construct a completely untrue but compelling counter-narrative which relies psychologically on cultivation of claims of perpetual victimhood linked repeatedly to the holocaust. The false narrative usually starts with the myth about Israel being the only democracy in the Middle East, that it is a tolerant place where all religions can worship and where everyone enjoys freedom under law. But, alas, poor Israel is treated unfairly by the international community solely because it is Jewish.

The reality of life in Israel is quite different if one bothers to ask any Palestinian Christian or Muslim who has the misfortune to live there. Or if one reads about the essentially racist de-humanization of Arabs by Israelis, which has led to the killing, beating and imprisonment of children as well as an army sniper’s recent shooting dead of a legless Palestinian protester in a wheelchair.

And once you construct the false narrative you have to protect it by making sure that no one can easily pose a challenge to it. Much of the national media is on board this effort, voluntarily limiting or eliminating any coverage that is negative about Israel. And major players in the alternative media community have come around also, with increasing direct censorship and other manipulation of material appearing on sites like Facebook and Google. The ultimate objective of the Israel Lobby is to follow the example in some European countries, where criticism of Israel is equated to anti-Semitism and is therefore categorized as a hate crime, with both civil and criminal penalties attached.

I have previously reported on how 24 states are now requiring statements pledging not to boycott Israel from those citizens and organizations that receive government funding or even seek local government employment. And there is the reported progress in Congress of the Israel Anti-Boycott Act and the Anti-Semitism Awareness Act, which constitute two major steps forward in the same direction. Both seek to define as anti-Semitism any criticism of Israel. On December 12th the Anti-Semitism Awareness Act was approved by the House of Representatives with 402 affirmative votes and only two libertarian-leaning congressmen voting “no.” The Israel Anti-Boycott Act that is also currently making its way through the Congress would far exceed what is happening at the state level and would set a new standard for deference to Israeli interests on the part of the national government. It would criminalize any U.S. citizen “engaged in interstate or foreign commerce” who supports a boycott of Israel or who even goes about “requesting the furnishing of information” regarding it, with penalties enforced through amendments of two existing laws, the Export Administration Act of 1979 and the Export-Import Act of 1945, that include potential fines of between $250,000 and $1 million and up to 20 years in prison. According to the Jewish Telegraph Agency, the Senate bill was drafted with the assistance of AIPAC.

Perhaps more dangerous than current and pending legislation, which is already being challenged in courts as a violation of First Amendment rights, are the bureaucrats being put in place by the Trump Administration to interpret and enforce laws and regulations. As we have discovered from the James Comey experience and the activities of some of his associates, senior bureaucrats have considerable freedom to interpret how they should carry out their responsibilities, making the “rule of law” standard for ethical government somewhat mythical. In that light, the recent naming of Kenneth Marcus as head of the Office of Civil Rights at the Department of Education should be raising red flags for those who are concerned about civil liberties.

Marcus is currently head of the Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, which he founded in 2011. The Center has been involved in serial litigation with one objective – stopping protests staged by students at colleges and universities against Israeli policies. Marcus is focused on silencing the non-violent Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS), which has been gaining in popularity among young Americans, and which the Israeli government sees as a major threat to its legitimacy. The Brandeis Center mission statement is clear: “The leading civil and human rights challenge facing North American Jewry is the resurgent problem of anti-Semitism and anti-Israelism on university campuses.”

For those who respond “So what? Marcus has a right to promote his viewpoints by whatever means,” the response might well be that his appointment is putting someone with a clear agenda in charge of an organization established to make sure there are no agendas relating to the civil rights of students. To be sure, Marcus has never won a case in court, but that is not what he is seeking to do. He is more interested in creating trouble, bad publicity and in driving up the costs due to litigation. As he describes it, “These cases – even when rejected – expose administrators to bad publicity… If a university shows a failure to treat initial complaints seriously, it hurts them with donors, faculty, political leaders and prospective students.”

Marcus will have the power and authority to deny federal funds to colleges and universities that do not meet his standards for action to quell the rising tide of Israel criticism, making him little different than the journalist who writes puff pieces on Israel or the politicians who takes PAC money and stands up twenty-nine times to applaud the monstrous Benjamin Netanyahu. Indeed, at Marcus’ confirmation hearing not one Senator asked him about his full-time advocacy for Israel.

Many universities are dependent on federal dollars and have already taken administrative steps to distance themselves from Israel criticism or to ban it altogether. Marcus will be able to move the bar even lower, putting pressure on colleges to drive the “Israel haters,” as he refers to them, out of the educational system. It is possible to foresee a future in which students will be free to criticize the United States on campus while discussing the foreign state of Israel with any candor will be forbidden.