Ayer Morena presentó su proyecto alternativo de Nación[1]
ante sus consejeros nacionales; y los partidos que integran el Frente Ciudadano
por México su plataforma para competir en las elecciones del 2018, ante el
Instituto Nacional Electoral[2].
En ambos casos hay un énfasis en el combate (Morena llega a
afirmar que la erradicará) a la corrupción, con generalidades en ambos casos, y
en otros con propuestas un poco más aterrizadas.
En ambas propuestas se considera que las políticas públicas
gubernamentales, aplicadas con honradez y eficacia, y sumándoles algunas
innovaciones, podrán disminuir las brechas entre clases sociales y mejorar el
nivel de vida de la mayoría de la población.
En el caso del Frente, destaca su intención de reformar al
sistema político, quitando atribuciones al jefe del Poder Ejecutivo,
fortaleciendo al Congreso y creando instancias intermedias como un Consejo
Económico y Social.
Asimismo, los dos planteamientos (con mayor amplitud y
precisión el de Morena, dado que ya es un proyecto y no sólo la plataforma
política, como es el caso del Frente), asumen el reto de la pobreza como una de
las principales prioridades que deberán atender; y con diferente énfasis,
establecen una participación relevante del gobierno en ese rubro (Morena pone
énfasis en una política social comprometida con los más vulnerables; el Frente
resalta más la trasferencia de recursos, a través de un ingreso garantizado y
el aumento a los salarios mínimos).
Sería muy largo enumerar las propuestas de Morena, que están
más detalladas; y en todo caso habrá que esperar a que el Frente aterrice más lo
que propone en su plataforma.
Pero lo que sí resulta absolutamente claro en ambos casos es
que el modelo económico neoliberal queda casi intocado. Sólo Morena expresa sus
dudas sobre las reformas estructurales, pero señala que las pondrá a consideración
de la población. Esto parece totalmente fuera de lugar, ya que si lo que
pretende Morena es preguntar a la gente si se mantienen o no dichas reformas,
primero tendrá que establecer los mecanismos legales para que la consulta
sea vinculatoria y por lo tanto los legisladores federales y locales, estén obligados a legislar en consecuencia.
De lo contrario, sólo serán ejercicios políticos que pueden fortalecer la
posición contraria de un eventual gobierno “morenista” a las reformas, pero en
esencia éstas se mantendrían, en tanto una mayoría de legisladores (2/3 partes)
en el Congreso y una mayoría simple en las legislaturas estatales, no decidan
echarlas para atrás y cambiar la Constitución, en donde ya están plasmadas (esa
fue la jugada de los neoliberales y con Peña lo lograron, precisamente para
evitar que un gobierno contrario a las reformas, las pudiera echar abajo con
una mayoría simple en el Congreso).
En ambos casos se señala que se debe mejorar el salario de
los empleados y trabajadores, y con ello fortalecer el consumo y el mercado
interno.
Pero por ejemplo, en el caso de Morena se señala que la “reingeniería”
fiscal, para reasignar partidas y el combate a la corrupción permitirá ahorros
hasta de 400 mil millones de pesos al año, con lo que se financiará el
desarrollo.
Esto con objeto de no aumentar los impuestos a las empresas y
a la población. Sin embargo, no menciona nada sobre cobrar los impuestos
diferidos, o la eliminación de la consolidación fiscal, que las grandes
empresas utilizan cada año para no pagar hasta 700 mil millones de pesos en
impuestos.
Se entiende que Morena sea cauteloso en ese aspecto, pues
está tratando de demostrar a los oligarcas y a las trasnacionales que no está
en contra de ellos, y sólo les pide que no alimenten más la corrupción.
En suma, “sigan saqueando al país, pero no más bájenle un
poquito”.
Del Frente sólo se puede comentar que intenta disminuir algo
la brecha entre ricos y pobres, y para ello le roba una propuesta que ya había
hecho Morena hace algunos años, para establecer un ingreso garantizado para
todas las familias, lo que es un reconocimiento de que el sistema capitalista
actual nunca logrará el “pleno empleo”; y de hecho, tiende a desplazar cada vez
más personas del mercado de trabajo, por los avances tecnológicos, por lo que
la única forma de mantener la tasa de ganancia es inventarse dinero de la nada,
pero en vez de regalárselo a los de siempre (el 1%), ahora sí se repartiría un
poco entre los millones de jodidos del país, para que sigan consumiendo algo.
Incluso Morena señala que aunque el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), no ha sido del todo beneficioso para México,
especialmente para los productores de escasos recursos en el campo mexicano, es
necesario mantenerlo.
Así, los principales opositores al gobierno actual, no
pretenden asustar a los dueños del dinero, en México y el mundo; y por el contrario,
sus propuestas son sólo pequeños ajustes a un modelo económico depredador, que
así seguirá esencialmente intocado, en
vista de que los políticos de oposición saben que cualquier propuesta que
efectivamente ponga en riesgo al sistema de explotación imperante (como por
ejemplo, relativizar la autonomía del Banco de México, atando sus decisiones a
las necesidades y proyectos de desarrollo económico y político del país; y no
como ahora, que responde a las directrices de los organismos financieros
internacionales y de los especuladores-usureros de Nueva York), implica su “acta
de defunción” política, pues los oligarcas y las trasnacionales (con sus
aliados tecnócratas) pueden hundir al país en una crisis económica profunda, cerrándole
los créditos internacionales, provocando fuga de capitales y generando rumores
y críticas en su contra en los circuitos financieros y económicos mundiales.
Triste la realidad de este país.
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