MÉXICO: Estados Unidos Mexicanos Jefe del Estado y del
gobierno, Enrique Peña Nieto.
Persistía la impunidad por
violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos,
las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Más de 27.000
personas permanecían desaparecidas o en paradero desconocido. Continuaban las
amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y
defensoras de los derechos humanos. La cifra de detenciones, expulsiones y denuncias
de abusos contra personas migrantes en situación irregular a manos de las
autoridades aumentó considerablemente. La violencia contra las mujeres seguía
siendo generalizada. Se llevaban a cabo proyectos de desarrollo en gran escala
y proyectos de explotación de los recursos naturales sin contar con un marco
jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
indígenas afectadas. La Suprema Corte de Justicia confirmó el derecho de las
parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.
INFORMACIÓN GENERAL. En 2015 el
presidente Peña Nieto alcanzó la mitad de su mandato de seis años. El Partido
Revolucionario Institucional, en el poder, mantuvo la mayoría en las elecciones
celebradas para renovar la cámara baja del Congreso; varios estados eligieron
gobernadores y otros representantes locales. En mayo se promulgó una nueva Ley
General de Transparencia que reforzaba la protección del derecho de acceso a la
información. El gobierno defendió sus reformas educativas frente a las
protestas masivas de Informe 2015/16 Amnistía Internacional 303 sindicatos de
docentes y movimientos sociales. Procesó a integrantes de sindicatos de
docentes en casos que parecían obedecer a motivos políticos, y en octubre
transfirió a cuatro acusados a un centro penitenciario de máxima seguridad. El
plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en
noviembre de 2014 tras la celebración de manifestaciones multitudinarias contra
la desaparición forzada de 43 estudiantes, dio lugar a que varios gobiernos
estatales asumieran el control de la policía municipal; además, el Congreso
estaba tramitando un proyecto de ley para crear zonas económicas especiales en
el empobrecido sur. Seguían pendientes de aplicación otras medidas del paquete,
como una nueva legislación sobre la tortura y sobre las desapariciones
forzadas. El porcentaje de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza
aumentó del 45,5 % al 46,2 % entre 2012 y 2014, según datos oficiales
publicados en julio. La cifra de personas en situación de extrema pobreza se
redujo del 9,8 % al 9,5 % durante el mismo periodo. En abril, la Suprema Corte
de Justicia resolvió que la detención preventiva sin cargos (arraigo) durante
40 días —práctica condenada por varios órganos de vigilancia de los tratados—
era constitucional en casos de delitos graves.
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD La
violencia relacionada con la delincuencia organizada seguía siendo motivo de
honda preocupación. A pesar de que las cifras oficiales informaban de un ligero
incremento en el número de homicidios, que pasó de 35.930 entre enero y
diciembre de 2014 a 33.017 entre enero y noviembre de 2015, dichas cifras
combinaban los homicidios no premeditados y los asesinatos, obviando el hecho
de que la cifra media mensual de asesinatos había aumentado. Aunque se
desplegaron menos soldados en operaciones destinadas a hacer cumplir la ley, se
siguieron atribuyendo numerosas violaciones de derechos humanos a las fuerzas
armadas. Había planes para incrementar la presencia de elementos de la Marina
que desempeñaran funciones de mantenimiento del orden público. Las violaciones
de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y la policía seguían siendo
habituales, especialmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero,
donde se llevaban a cabo grandes operaciones de seguridad. En abril, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos consideró que la reforma del Código de
Justicia Militar de 2014 no cumplía plenamente varias de sus sentencias
anteriores, ya que no excluía de la jurisdicción militar las violaciones de
derechos humanos cometidas contra miembros de las fuerzas armadas. El Congreso
no introdujo en el Código reformas adicionales para ajustarlo a las sentencias
de la Corte.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Los
autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de una impunidad casi
absoluta. Por segundo año consecutivo, las autoridades no publicaron
estadísticas sobre la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos
con la policía y las fuerzas militares en el contexto de la lucha contra la
delincuencia organizada. Según información publicada por periodistas, 16
personas desarmadas murieron a manos de agentes de la policía federal y otras
fuerzas de seguridad en Apatzingán, Michoacán, en enero. La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos ordenó una investigación sobre estas muertes. Más de 40
personas murieron en mayo en una operación policial en Tanhuato, Michoacán. Las
investigaciones sobre esos delitos no se hicieron públicas, y al finalizar el
año no se había procesado a nadie. En junio, la ONG Centro Prodh desveló que la
orden militar de “abatir delincuentes” (cuyo significado en ese contexto era
“matar”) fue fundamental en las operaciones llevadas a cabo en 2014 en
Tlatlaya, estado de México, en las que el ejército mató a 22 304 Informe
2015/16 Amnistía Internacional presuntos miembros de una banda. Las autoridades
afirmaron que se había tratado de un tiroteo con hombres armados, pero la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una comisión especial de
investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de los
fallecidos habían sido abatidos cuando ya no representaban una amenaza. Siete
soldados fueron arrestados, pero sólo tres seguían encarcelados en espera de
juicio al concluir el año. La Procuraduría General de la República no investigó
a ningún oficial del ejército ni a otras personas con responsabilidad de mando
que no habían impedido ni detenido dichos delitos.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS La
tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en el desempeño de
los agentes de investigación y los encargados de hacer cumplir la ley, y apenas
se avanzó en su erradicación. Las autoridades negaban la magnitud del problema,
mientras persistían las denuncias de tortura tanto en el ámbito federal como
estatal. El gobierno no pudo proporcionar información en relación con cargos
presentados o condenas impuestas en el ámbito federal. En abril, tres policías
fueron acusados de tortura en el estado de Baja California; los cargos fueron
sobreseídos por un juez, y el Ministerio Público apeló contra ese
sobreseimiento. Se anunciaron novedades legislativas y políticas para hacer
frente a la tortura, entre ellas la publicación de unas directrices de la
Procuraduría General de la República para la investigación interna de la
tortura. El 10 de diciembre, el presidente Peña Nieto presentó al Congreso una
iniciativa de Ley General contra la Tortura, consecuencia de una reforma
constitucional que permitía al Congreso legislar sobre la tortura y las
desapariciones en los ámbitos tanto federal como estatal. Como en años
anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses
especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de
posible tortura; había más de 1.600 peticiones pendientes de tramitación.1 En
general, los funcionarios no aplicaban el procedimiento dispuesto en los
principios del Protocolo de Estambul. En muchos casos, sin un dictamen médico
oficial, las investigaciones de los casos de tortura y otros malos tratos no
avanzaban. Los expertos médicos independientes seguían encontrando obstáculos
para desempeñar su trabajo y para que sus dictámenes fueran admitidos como
prueba en procesos penales. En septiembre, en su primera resolución relativa a
México, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura concluyó que, en
2009, la tortura a manos de soldados de cuatro hombres, que habían sido
acusados de delitos entre los que figuraba el secuestro, había violado la
Convención de la ONU contra la Tortura. Tras la resolución, los cuatro hombres
fueron absueltos de todos los cargos; sin embargo, al concluir el año los
soldados no habían sido acusados formalmente.
DESAPARICIONES FORZADAS Las
desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones
perpetradas por agentes no estatales seguían siendo una práctica generalizada.
Al terminar el año, el gobierno informó de que 27.638 personas (20.203 hombres
y 7.435 mujeres) se hallaban en paradero desconocido, pero no especificó cuántas
de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada. Por lo general, las
pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentaban deficiencias, y
las autoridades no buscaban a las víctimas. La impunidad por esos crímenes
seguía siendo casi absoluta. En octubre, la procuradora general de la República
creó una Fiscalía Especializada para que se encargara de los casos de personas
desaparecidas o en paradero desconocido. Varios grupos de víctimas y
familiares, junto con organizaciones de derechos humanos, abrieron un debate
nacional y presentaron una serie de propuestas para su inclusión en la Ley
General sobre Desapariciones Forzadas. El 10 de diciembre, Informe 2015/16
Amnistía Internacional 305 el presidente Peña Nieto envió al Congreso un
proyecto de ley que no cumplía las normas internacionales. En enero, el
entonces procurador general de la República volvió a afirmar que los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, que
habían sido sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 y seguían en
paradero desconocido, habían sido asesinados, incinerados y arrojados a un río.
Se identificaron los restos mortales de un estudiante, pero el paradero de los
otros 42 seguía sin revelarse. En septiembre, el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, determinó que la investigación presentaba graves deficiencias
y que las condiciones del lugar hacían imposible que se hubieran podido
incinerar los cadáveres del modo descrito por las autoridades. El GIEI confirmó
que unos agentes de inteligencia militar vestidos de civil habían seguido y
vigilado a los estudiantes durante los ataques y las detenciones, y que las
autoridades municipales, estatales y federales habían estado al corriente de
dichos ataques. Al concluir el año, un centenar de personas habían sido
arrestadas y estaban siendo juzgadas, pero no se había acusado a ninguna de
ellas de desaparición forzada.
PERIODISTAS Y DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Los periodistas y los defensores y
defensoras de los derechos humanos continuaron siendo víctimas de amenazas,
hostigamiento, agresiones y asesinatos. Las personas que defendían el medio
ambiente y los derechos a la tierra continuaban corriendo especial peligro.
Varios periodistas que trabajaban en temas relacionados con el estado de
Veracruz fueron asesinados. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) carecía de recursos y
coordinación, lo que daba lugar a que los defensores y defensoras de los
derechos humanos y los periodistas no recibieran protección adecuada. Tres años
después de la creación del Mecanismo se estableció la Unidad de Prevención,
Seguimiento y Análisis. La cifra de peticiones de protección en virtud del
Mecanismo se mantuvo constante, y aproximadamente el 90 % de las peticiones
eran aceptadas. Persistía la impunidad por amenazas y agresiones. En junio, el
periodista maya Pedro Canche fue puesto en libertad tras pasar nueve meses
detenido en espera de juicio por cargos infundados de sabotaje, presentados
contra él como represalia por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de
expresión. Otros periodistas continuaron sufriendo el hostigamiento de las
autoridades, y algunos de ellos huyeron de sus lugares de residencia o
abandonaron su trabajo por temor a las represalias. En julio, el reportero
gráfico Rubén Espinos Becerril, la activista Nadia Dominique Vera Pérez y tres
mujeres más aparecieron sin vida en un apartamento de Ciudad de México. Tanto
Rubén Espinosa como Nadia Vera habían abandonado el estado de Veracruz meses
antes a causa de amenazas. LIBERTAD DE REUNIÓN La Suprema Corte de Justicia
seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de
2014. Dicha ley amenazaba la libertad de reunión pacífica por medios tales como
un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, la
falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas y la facultad del
gobierno de prohibir la celebración de protestas en lugares específicos.
Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales presentaron ante
la Corte un informe conjunto de amicus
curiae en el que alegaban que algunas disposiciones de la ley violaban las
normas del derecho internacional. 306 Informe 2015/16 Amnistía Internacional
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
LAS NIÑAS La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica, e
incluía homicidios, secuestros y violencia sexual. El Sistema Nacional para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres anunció por
primera vez la activación de un mecanismo de “Alerta de Género” en el estado de
Morelos y en áreas del estado de México. La “Alerta de Género” estaba concebida
para movilizar a las autoridades en la lucha contra la extendida violencia de
género y obtener de ellas una respuesta oficial eficaz frente a los casos de
violencia. En julio, cinco hombres fueron condenados a cadenas perpetuas
múltiples por el secuestro, la explotación sexual y el homicidio en Ciudad
Juárez —localidad fronteriza con Estados Unidos— de 11 mujeres cuyos restos
mortales fueron hallados en 2012 en el desierto que rodea la ciudad. La
sentencia del tribunal reconocía el carácter endémico de la violencia de género
en la zona, y ordenaba nuevas investigaciones para determinar la implicación de
otras personas en esos delitos.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES Las personas migrantes y solicitantes de asilo que
atravesaban México continuaban siendo víctimas de secuestros colectivos,
extorsión, desapariciones y otros abusos a manos de grupos de delincuencia
organizada, que a menudo actuaban en connivencia con agentes estatales. La
mayoría de los secuestros de los que se tuvo noticia tuvieron lugar en el
estado de Tamaulipas. Persistían los ataques masivos de grupos delictivos
contra personas migrantes en todo el país sin que se emprendiera ninguna
investigación adecuada, y sin que las víctimas tuvieran acceso a la justicia y
la reparación. En junio, varios hombres armados atacaron a un grupo de
aproximadamente 120 personas migrantes centroamericanas en el estado de Sonora;
al terminar el año no se había llevado a cabo ninguna investigación. Una
comisión de expertos forenses creada en 2013 para identificar los restos
mortales de las personas migrantes masacradas en San Fernando, Tamaulipas, y
municipios cercanos informó sobre la identificación de las víctimas a sus
familiares en Centroamérica. Las autoridades siguieron obstaculizando el trabajo
de la Comisión reteniendo información y complicando la entrega de los restos
mortales a las familias. El flujo de personas refugiadas y migrantes desde
Centroamérica continuó aumentando; muchas de ellas abandonaban sus países
huyendo de la violencia. La aplicación del Plan Frontera Sur dio lugar a un
incremento de las expulsiones y detenciones de personas migrantes que entraban
en el país. Hasta noviembre, 178.254 personas migrantes en situación irregular
habían sido capturadas y detenidas por el Instituto Nacional de Migración,
frente a las 127.149 de 2014; sin embargo, este aumento no se vio reflejado en
un incremento proporcional del número de solicitudes de asilo concedidas.
México superó a Estados Unidos en expulsiones de personas migrantes provenientes
de Centroamérica. Se registraron denuncias de que las autoridades de migración,
la policía y el ejército llevaban a cabo operaciones conjuntas de mano dura a
lo largo de toda la frontera sur de México.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El país seguía sin contar con un marco jurídico sobre el derecho de los pueblos
indígenas al consentimiento libre, previo e informado respecto a los proyectos
de infraestructura que afectaran a sus tierras y a su modo de vida tradicional.
Dos líderes indígenas yaquis que habían sido encarcelados por protestar contra
la construcción de un acueducto fueron puestos en libertad por falta de
pruebas. No obstante, el acueducto siguió funcionando aun después de que una
autoridad antropológica nacional concluyera que amenazaba la supervivencia de
la comunidad indígena. Informe 2015/16 Amnistía Internacional 307 ESCRUTINIO
INTERNACIONAL El gobierno reaccionó con dureza ante las críticas
internacionales sobre su historial de derechos humanos. En marzo se cuestionó
públicamente al relator especial de ONU sobre la tortura después de que
publicara un informe que describía la tortura como una práctica generalizada en
el país. El gobierno declaró que el informe sobre México del Comité de la ONU
contra la Desaparición Forzada “no aporta[ba] elementos adicionales” para
abordar el problema. En mayo, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el país
no tenía obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos relacionadas con las restricciones de los derechos humanos
contenidas en la Constitución. El fallo contravenía el derecho internacional y
amenazaba con perpetuar violaciones de derechos humanos como el arraigo. En
septiembre, por primera vez desde 1996, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos visitó México para evaluar la situación de los derechos humanos. En sus
observaciones preliminares, la Comisión subrayó, entre otras cosas, los
problemas relativos a la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia
contra las mujeres y las ejecuciones extrajudiciales, y expresó preocupación
por la impunidad de esos delitos. El alto comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos visitó el país con un propósito similar y declaró que
había “un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad
de la situación actual de los derechos humanos en México”.
1. Promesas en el papel,
impunidad diaria. La epidemia de tortura en México continúa (AMR 41/2676/2015)
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