La caída de los precios internacionales del petróleo (debido
a la sobreoferta y a la especulación), que ha llevado a la mezcla mexicana a un
precio menor a los 26 dólares por barril; la devaluación de la mayoría de las
monedas frente al dólar (provocada por las medidas de la Reserva Federal), lo
que ha implicado que el peso se encuentre a un tipo de cambio de más de 19 por
dólar; la desaceleración de la economía china, creciendo a menos de 7% anual,
que había sido el motor de la economía mundial los últimos 15 años; una baja en
el crecimiento de las economías emergentes y un crecimiento moderado en los
países desarrollados, están golpeando duramente el programa económico del
neoliberal gobierno mexicano, que esperaba que sus “reformas estructurales”
detonaran un crecimiento económico espectacular (hasta 5%) en los últimos dos o
tres años del sexenio de Peña; y por lo pronto no alcanza más que 2.5% anual.
La persistencia de la violencia, la impunidad, inseguridad y
corrupción, percibidas correctamente en el ámbito internacional como riesgos
elevados para la inversión extranjera en México, todo lo cual ha detonado la
peor crisis de derechos humanos en el país en las últimas décadas; aunado a la
incompetencia, arrogancia y alejamiento de la subclase política mexicana,
respecto a los problemas cotidianos de la mayoría de la población, han
agudizado la precaria situación económica, y con ello la social, que ahora se
ve golpeada nuevamente con alzas al precio de un producto indispensable en el
consumo popular, como la tortilla, que sin existir desabasto de maíz, responde
a las alzas en los precios de los commodities
en la bolsa de Chicago, demostrándose así que la subordinación de la política
económica mexicana a los dictados de Washington y Nueva York, sólo beneficia a
la potencia hegemónica y a los magnates mexicanos, pero no a la población de
nuestro país.
Todo lo anterior ha obligado al gobierno de Peña a anunciar
nuevos ajustes al gasto para este año (centrados en Pemex, que se espera
despida a 16 mil trabajadores), y para el 2017 (los analistas estiman un
recorte de 130 mil millones de pesos), lo que afectará el crecimiento de la
economía, el consumo interno y por lo tanto a la mayoría de la población. El
gobierno federal ha anunciado también el despido de hasta 25 mil empleados
gubernamentales, pero ni por equivocación se anuncia un recorte a los enormes
sueldos y prestaciones de los altos funcionarios, diputados, senadores y
ministros de la Suprema Corte; ni tampoco se ajusta el gasto en la compra de
autos o mobiliario para la casta dorada del funcionariado público (incluido el
nuevo avión presidencial de lujo), ni la cancelación de los onerosos e inútiles
viajes del presidente, su familia, su numerosa comitiva, así como de
secretarios, legisladores y hasta de funcionarios menores, que viajan
constantemente al exterior, sin que ello se refleje en algún beneficio para la
población mexicana.
La austeridad es para el pueblo, no para los políticos y
funcionarios públicos; y mucho menos para los oligarcas, quienes siguen
beneficiándose de una generosa legislación fiscal que les permite pagar un
porcentaje mucho menor de impuestos, que el resto de la población[1].
Además de las dificultades externas en la economía, los
neoliberales mexicanos se enfrentan a la amenaza de que Donald Trump, no sólo
gane la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, sino que
gane la elección general en noviembre, lo que implicaría que iniciara una
ofensiva comercial contra México y otros países (China, Japón, Corea del Sur),
imponiendo tarifas a los bienes exportados por nuestro país, con el pretexto de
cobrarle a México por el muro que construirá en la frontera; y también para
presionar a las multinacionales de su país a relocalizar sus plantas en
territorio estadounidense.
Ello implicaría que de
facto se estaría terminando con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), y al mismo tiempo con el Acuerdo
Transpacífico (TPP), suponiendo que Obama logre que el Congreso lo apruebe
antes de que el nuevo presidente de Estados Unidos tome posesión el próximo 20
de enero de 2017.
Es por ello que el secretario de Economía de México, Ildefonso
Guajardo, quien ha servido como vasallo de Estados Unidos y de sus
multinacionales en toda la negociación del TPP, ha pedido a los senadores del
PRI y PVEM esperar hasta que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos este
acuerdo, para hacer lo mismo en México (no se puede pedir más servilismo que
eso), pues en caso de que llegue un presidente que se oponga al TPP (como
Donald Trump en el caso republicano y Bernie Sanders en el demócrata), nuestro
país podría quedar “colgado de la brocha” si nuestros vecinos del Norte deciden
no confirmar su pertenencia a este acuerdo que fue ideado, redactado y
prácticamente impuesto a los 12 gobiernos de los países integrantes, por las
multinacionales estadounidenses.
¿Imaginan a una economía tan atribulada como la mexicana lo
que le sucedería si se elimina el NAFTA, prácticamente el único acuerdo de
libre comercio que le deja un superávit a México, por 55 mil millones de
dólares (bueno, más bien a la trasnacionales estadounidenses, que son las que
realmente lo aprovechan); o que se afectara, con alguna medida legal –Trump
propone confiscar las remesas- los envíos de dinero que los mexicanos mandan a
sus familias en nuestro país, y que llegó casi a 25 mil millones de dólares en
el 2015?
Simplemente el modelo económico neoliberal mexicano, impuesto
al país desde 1983, acabaría por derrumbarse.
Es por eso que los diseñadores de este modelo depredador y
excluyente, que tienen como conspicuos representantes a los miembros del
Consejo de Relaciones Exteriores, están impulsando la candidatura del
multimillonario pro sionista y likudista Michael Bloomberg (ex alcalde de Nueva
York), para oponerse a los “populistas” de derecha (Trump) y de izquierda
(Sanders), que amenazan con hacer estallar el proyecto de dominación económica
neoliberal, impuesto por las élites económicas “cosmopolitas” de Nueva York y
Londres.
En este contexto, Peña hizo cambios en su gabinete,
incorporando al doctor José Narro Robles a la Secretaría de Salud, en vez de la
doctora Mercedes Juan López, quien representaba una “cuota local” al grupo que
ha acompañado a Peña desde sus días como funcionario primero y gobernador
después, en el estado de México, por lo que no se esperaba que durara mucho en
el cargo, ya que desde el inicio del sexenio se esperaba que dicha secretaría
quedara bajo la dirección del poderoso grupo de los médicos de la UNAM, que en
las últimas dos décadas han mantenido la dirección de la máxima casa de
estudios (Juan Ramón de la Fuente, José Narro Robles y ahora el nuevo rector,
el doctor Enrique Graue), y una influencia decisiva en la Secretaría de Salud
(el propio Narro fue subsecretario 5 años y de la Fuente fue Secretario en el
sexenio de Ernesto Zedillo).
El cambio se da en medio de la posibilidad de una nueva
crisis de salud (como en su momento fue la influenza en el sexenio del fascista y ecocida Calderón), por las repercusiones que pueda tener la expansión del virus del
zika.
Por lo que respecta a la salida de Emilio Lozoya Austin de la
dirección de Pemex, es claro que el hijo de quien fuera colaborador del
“padrino” Carlos Salinas, es decir Emilio Lozoya Thalmann, entró en colisión
con los mandamases de la política económica del país, esto es Luis Videgaray en
Hacienda y Agustín Carstens en el Banco de México.
Fue este último el que de alguna forma anunció la salida de
Lozoya, al señalar en una conferencia en la Universidad Panamericana (alma mater de Peña), que se debían hacer
ajustes fuertes en Pemex, debido a las condiciones actuales del mercado
petrolero.
Todo parece indicar que Lozoya quería manejar a la
paraestatal alejado de las directrices del gabinete económico, y eso no lo iban
a permitir ni Videgaray, ni Carstens, lo que demuestra que los cambios a la ex
paraestatal para supuestamente hacerla más autónoma y que se manejara como una
“empresa productiva”, son una falacia, y sigue respondiendo a las necesidades e
intereses de los tecnócratas de Hacienda y el Banco de México.
Llega a Pemex un tecnócrata, José Antonio Gonzáles Anaya
(Tecnológico de Massachusetts y Harvard), que responde a dos grupos de poder.
Por un lado, al propio Videgaray, que así cuenta con un aliado en la empresa
petrolera, que se dedicará a hacer los recortes y ajustes que se le indiquen,
con lo que Pemex quedará como una empresa enana, que en unos años podrá ser engullida
fácilmente por las grandes trasnacionales petroleras que se están instalando en
el país, gracias a la entreguista reforma energética de Peña.
Por otro lado, González Anaya es hijo de un contratista de
Pemex, por lo que claramente hay un conflicto de interés ahí, y además es
concuño del ex presidente Carlos Salinas (está casado con la hermana de la
esposa de este). Por si fuera poco, la empresa ganadora de los primeros dos
bloques petroleros que se pusieran a subasta en la Ronda Uno de la reforma
energética, fue Sierra Oil & Gas, en la cual figura como uno de los
accionistas Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Salinas y de Gonzáles Anaya, por
lo que todo pareciera indicar que el objetivo es que este funcionario acelere
el desmantelamiento de Pemex, para que Sierra Oil & Gas y otras empresas se
queden con los campos petroleros y algunas de las instalaciones de la ex
paraestatal.
Por cierto, Sierra Oil & Gas pertenece a trasmano, al
fondo de inversión Black Rock que dirige el pro sionista Larry Fink, y a quien
el propio Peña informó (más bien recibió órdenes de él), incluso antes de tomar
posesión como presidente, de cómo sería la reforma energética[2].
En lugar de González Anaya en el IMSS llega Mikel Arriola,
funcionario cercano a José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social,
además de amigo y aliado de Videgaray.
Así, ante el fortalecimiento inicial que recibió la
precandidatura de un ex subordinado de Videgaray, es decir, Aurelio Nuño, al ser
nombrado titular de la secretaría de Educación Pública (SEP), y el
desdibujamiento de la precandidatura de Videgaray con las dificultades
económicas que experimenta el país, los grupos económicos que lo apoyan, dieron
un “manotazo” en la mesa de Peña, para fortalecer a su precandidato nuevamente.
Ello también explica que el junior Claudio González Guajardo,
hijo de Claudio X. González de Kimberly Clark de México, haya criticado
acremente a Nuño ante miembros de la Confederación Nacional de Cámaras de
Comercio (Concananco), en su carácter de presidente de la agrupación “Mexicanos
Primero”, que ha impulsado las reformas pro empresariales en materia educativa
en los últimos años.
Según González (3), Nuño está
usando el puesto para su promoción política, y no para impulsar la reforma
educativa; en cambio Videgaray ha servido como puente entre “Mexicanos Primero”
y la SEP para seguir empujando dicha reforma.
Así, está claro que quedó abierta ya la lucha sucesoria
dentro del gabinete, y no parece que sea Peña el que la esté
dirigiendo, sino más bien el ex presidente Carlos Salinas, quien tiene fichas
tanto en la precandidatura de Nuño (Otto Granados como subsecretario, para
cuidarle las espaldas al inexperto secretario), y ahora González Anaya (su
concuño) en Pemex y como aliado de Videgaray.
Sin embargo, los juegos palaciegos no podrán controlar el tsunami
de malas consecuencias que se desprenderán los próximos años de un modelo
económico totalmente dependiente de las decisiones que se toman en Nueva York y
Washington, y que bien pueden afectar seriamente a dicho modelo; de un sistema
político dependiente de la corrupción y su vinculación con el crimen
organizado, lo que carcome día a día lo poco que le queda de gobernabilidad; y
una sociedad lastimada, incrédula y crecientemente movilizada contra una élite económica
y una subclase política depredadoras, insensibles, arrogantes y delirantes.
Hay ciertas cosas que en México el dinero no puede
comprar, pero sí hay 100 mil familias con el privilegio de gastar 55 mil
millones de dólares año en la compra de bienes y servicios, según Mastercard.
“El consumo del segmento más alto de la población
mexicana es de 55 mil millones de dólares al año; estamos hablando de una
cantidad cercana a 6% del producto interno bruto (PIB)”, señaló Antonio Junco,
presidente y director general de Mastercard México y Centroamérica.
El ejecutivo explicó que en el grupo de mayor ingreso
en el país se sitúan 280 mil personas, el equivalente al 0.25% de la población.
¿Sabían que 145,000 millonarios y 2,540
multimillonarios mexicanos (tan solo el 0.13% de la población), poseen una
fortuna de 736 mil mdd, lo que equivale al 43% de la riqueza total individual
del país? Si, leyeron bien…
Además recordarán que en 2009 sufrimos una
recesión mundial inédita, pero aun así los millonarios en México aumentaron en
un 32% en los últimos cinco años, mientras que el volumen de personas en el
mundo poseedoras de grandes patrimonios se redujo en un 0.3% ¿patético no?
¿Y cómo han acumulado tanta riqueza estos
compatriotas superdotados?
México es el país de la OCDE con la menor captación de impuestos como proporción del producto interno bruto (PIB), apenas equivalente a 10% cuando el promedio del grupo es de 25%.
"En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un desarrollo económico similar al nuestro.
Entre algunas de las causas de esto, el erario público dejó de percibir cerca de 700 mil millones de pesos (56 mil mdd...cada año) debido a que las leyes fiscales permiten una serie de privilegios tributarios denominados “Gastos Fiscales” que benefician sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes corporativos, 420 grupos empresariales constituidos a lo largo del país, pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del ISR."
México es el país de la OCDE con la menor captación de impuestos como proporción del producto interno bruto (PIB), apenas equivalente a 10% cuando el promedio del grupo es de 25%.
"En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un desarrollo económico similar al nuestro.
Entre algunas de las causas de esto, el erario público dejó de percibir cerca de 700 mil millones de pesos (56 mil mdd...cada año) debido a que las leyes fiscales permiten una serie de privilegios tributarios denominados “Gastos Fiscales” que benefician sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes corporativos, 420 grupos empresariales constituidos a lo largo del país, pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del ISR."
[2] http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/30/epn-estrecha-lazos-blackrock
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