LOS FACTORES REALES DE PODER SE ALINEAN CON SHEINBAUM
La candidata del oficialismo a
la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, no es una persona con
carisma; ha sido durante su carrera política una funcionaria más bien mediocre,
que primero estuvo a la sombra de su primer esposo Carlos Imaz, en las filas
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y después de su patética caída
al ser videograbado recibiendo fajos de billetes del empresario argentino
Carlos Ahumada; Sheinbaum se fue a refugiar con López Obrador, quien desde hace
20 años ha sido su mentor y protector.
López Obrador decidió desde el
inicio de su periodo gubernamental, que Sheinbaum fuera su sucesora, y para
ello la dirigió y cuando fue necesario, la protegió (derrumbe de la Línea 12 del
Metro, derrota de Morena en la Ciudad de México en las elecciones del 2021), y
contra viento y marea la sostuvo como gris jefa de gobierno de la capital de la
República; hasta que le armó una farsa de “encuesta” mediante la cual resultó
la candidata de la coalición Morena-PVEM-PT a la presidencia.
Ahora ya hay candidatos de la
oposición como Xóchitl Gálvez, de la coalición formada por los otrora partidos
dominantes PAN y PRI, y lo que queda del PRD; y el partido Movimiento Ciudadano
que ha postulado al gobernador de Nuevo León, Samuel García.
El presidente ha comprometido
abiertamente, sin importarle lo que diga la Constitución y la ley, todos los
recursos[1] y el peso del gobierno
federal, los 23 gobiernos estatales de su coalición gobernante, la mayoría que
mantiene en el Congreso de la Unión y los recursos que por ley le corresponde
a los tres partidos del oficialismo, a obtener la victoria de Sheinbaum y de
sus candidatos a los 9 gobiernos estatales, las Cámaras de Diputados y Senadores;
los congresos estatales y presidencias municipales que estarán en juego en 2024,
con objeto de borrar del mapa político nacional a lo que queda de la oposición.
Para ello, López Obrador
necesita también alinear a los factores reales de poder en favor de su
candidata presidencial y del resto de candidatos de su coalición.
En principio, uno de esos
factores, que son las fuerzas armadas, por ley dependen directamente de él;
pero además, durante su gobierno les ha confiado tal cantidad de
responsabilidades, funciones y recursos financieros y materiales (más de 240
funciones adicionales a las que por ley están obligadas; 437,161 millones de
pesos en presupuesto para 2024; un aumento del 180% en términos reales respecto
a 2019[2]), que ahora pueden
considerarse como uno de los principales decisores políticos del país, con peso
propio.
Este factor real de poder sabe
que para mantenerse en esa posición de privilegio y quizás aumentar su
influencia, es menester que el actual grupo gobernante se mantenga, y por ello
se ha alineado con la directriz presidencial de apoyar a la candidata oficial.
Otro factor real de poder que
López Obrador ha ganado para la causa de Sheinbaum es el de la mayoría de los
grandes empresarios del país, a los que él denominó en su momento la “mafia del
poder”, pero que a lo largo del gobierno de López Obrador se han acomodado
bastante bien, al grado que uno de sus principales componentes, los banqueros,
han obtenido utilidades históricas (el año pasado del orden de 250 mil millones
de pesos), sin que el gobierno haya intervenido de ninguna manera para
obstaculizarlo o frenarlo.
Así también, el hombre más
rico de México y América Latina, Carlos Slim ha sido un apoyo fundamental de
los proyectos de infraestructura de López Obrador, por lo que se alineó tras
Sheinbaum[3], para sí asegurar su lugar
de privilegio en el siguiente gobierno.
Y en el mismo sentido, un
grupo de empresarios cercanos a López Obrador (Jose María Riobóo, Daniel Chávez
Morán de Grupo Vidanta, Miguel Rincón Arredondo de Bio Pappel, etc.) se han
constituido en el “ala empresarial” de su coalición gobernante, a quienes ha
favorecido con contratos y concesiones a lo largo de su administración.
A últimas fechas López Obrador
ha entrado en conflicto con dos de los más grandes empresarios del país, Ricardo
Salinas y Germán Larrea, por cuestiones de no pago de impuestos, en el caso del
primero; o concesiones en el ámbito de los ferrocarriles y contaminación de sus
empresas en el del segundo. Pero López Obrador ha utilizado estos conflictos
para presionar a los grandes empresarios a que lo apoyen en sus proyectos, y en
este caso, a su candidata presidencial; por lo que es factible que la presión
gubernamental los obligue a recular en sus disputas con el gobierno, y acaben alineándose
en favor de la candidata oficialista.
Tal fue el caso del principal
empresario de la comunicación en México, Emilio Azcárraga, que comenzó
distanciado del gobierno actual, pero que en el último año ha demostrado un
enorme acercamiento al gobierno de AMLO, que se ha reflejado en una mejor
imagen del mismo en los noticieros y programas de debate de Televisa, la
empresa de multimedios de Azcárraga; y recientemente en la alianza del gobierno
con los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón de Televisa, para
los cuales el gobierno federal ha comprometido becas para los 26 mil
niños que son atendidos por dichos centros.
De la misma forma, López
Obrador ha estado dispuesto a subordinar todavía más a México a los designios
de Washington, primero en la estrategia anti-inmigratoria, desplegando a más de
32 mil miembros de la Guardia Nacional para ese efecto (lo que implica que no
están dedicados a su función primordial, que es el combate al crimen
organizado); y segundo, comprometiendo gran cantidad de recursos del gobierno
federal para combatir el contrabando de fentanilo a Estados Unidos.
Así también, López Obrador,
contra su intención original de llegar a acuerdos con las principales
organizaciones de narcotraficantes, especialmente el Cártel de Sinaloa, para
evitar entrar en una guerra abierta con dichos grupos criminales; ha debido
sucumbir a las presiones de Washington, y ha comenzado a atacar al cártel de
Sinaloa, todo con objeto de disminuir las presiones de Estados Unidos hacia su
administración; pero también, para evitar que el gobierno de Joe Biden pudiera
objetar o vetar la candidatura de Sheinbaum (y con ello, la continuidad de las
políticas de López Obrador) a la presidencia de la República.
Asimismo, López Obrador,
aunque se precia de ser de “izquierda” y de solidarizarse con las causas de los
gobiernos progresistas de América Latina, no lo ha hecho así en el caso del
genocidio que Israel está cometiendo contra los palestinos en Gaza, pues a
diferencia de Bolivia que rompió relaciones con Israel; y de Colombia, Chile y
Honduras que han llamado a consultas a sus embajadores en dicho país, el
gobierno mexicano no ha hecho ninguna de esas acciones y se ha limitado a solicitar
tibiamente un cese al fuego.
Esto lo hace López Obrador
para quedar bien con Estados Unidos e Israel, y principalmente con la comunidad
judía mexicana que apoya al gobierno israelí. Siendo Sheinbaum judía, es lógico
que López Obrador espere también el apoyo de esta próspera e influyente
comunidad hacia su candidata, por lo que no ha querido indisponerla con algún
tipo de posición diplomática que no se alinee con la postura de Washington y
Tel Aviv.
Este alineamiento de los
factores reales de poder en favor del gobierno y de su candidata presidencial,
que se ha reflejado en un maremoto de propaganda en su favor en los medios de
comunicación, está dando buenos resultados, pues las encuestas dan una ventaja
abrumadora en la preferencia de los posibles votantes hacia Sheinbaum con 60%,
sobre Gálvez con 30% y García 10%.[4]
Y los factores reales de poder
se alinean con una opción política determinada, si la misma les garantiza su
posición de privilegio en la sociedad. Y eso es algo que Sheinbaum hará, sin
duda.
[1]
Presupuesto para 2024 será de más de 9 millones de millones de pesos.
[2] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Recursos-para-Fuerzas-Armadas-y-SSPC-crecerian-mas-de-170-con-AMLO-20230910-0091.html
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