MÉXICO ANTE ESTADOS UNIDOS

En 2024 habrá elecciones presidenciales y para el Congreso[1] en México y Estados Unidos, como sucede cada 12 años, y numerosos temas de la compleja relación bilateral formarán parte del debate y las propuestas de los candidatos en ambos lados de la frontera.

Para los gobiernos de Estados Unidos, sin importar si son Demócratas o Republicanos, México es considerado como un “protectorado”[2] de facto, aunque no lo sea de jure. Es decir, sus políticas públicas requieren del visto bueno y en ocasiones de la intervención directa de los Estados Unidos, para que se puedan implementar.

México forma parte de lo que el establecimiento político-militar estadounidense considera como su “imperativo categórico”, esto es el espacio que se considera de vital importancia para la sobrevivencia del Estado norteamericano.

Canadá, México, el Caribe y Centroamérica tienen una prioridad alta dentro del esquema de seguridad nacional de Estados Unidos, en donde no están dispuestos a permitir amenazas a su existencia o predominio.

Por ello el que Cuba, desde hace 64 años y más recientemente Nicaragua (primero de 1979 a 1990 con la Revolución Sandinista; y después, en la segunda presidencia de Daniel Ortega de 2007 a la fecha)  no estén claramente subordinados al dominio estadounidense, es considerado como un peligro permanente para los intereses de Washington en América Latina, y como una grave vulnerabilidad dentro de su estrategia de seguridad nacional.

Asimismo, los recursos naturales de México y la mano de obra mexicana son consideradas por las élites de Washington como “activos” dentro de la hegemonía estadounidense, que deben jugar en favor del poderío de Estados Unidos en el mantenimiento de su hegemonía mundial; y como factores que sumen en su favor en la competencia estratégica con China y Rusia, en la nueva Guerra Fría que se ha desarrollado en la última década con estas dos potencias.

De ahí que, la crisis migratoria (una más en los últimos 10 años) en la frontera entre ambos países (y en el caso de México, también en su frontera sur); el poder de los cárteles mexicanos del narcotráfico, con su contrabando de drogas a Estados Unidos y especialmente de fentanilo, que ahora es el causante de decenas de miles de muertes por sobredosis allende el Bravo; las decisiones “nacionalistas” del gobierno de López Obrador sobre darle prioridad a las empresas estatales en materia de producción y distribución de petróleo, gas y electricidad; así como de proteger el maíz criollo del país y prohibir el transgénico que viene de Estados Unidos, para consumo humano; han generado un fuerte sentimiento “antimexicano” dentro de las élites estadounidenses, y por lo tanto una tendencia a “intervenir” enérgicamente para que su vecino del sur se oriente hacia los intereses y decisiones estadounidenses.

Por ello el gobierno de Joe Biden ya no puede detener el próximo inicio de los paneles de solución de controversias para los casos energético y de maíz transgénico, que en caso de ser desfavorables para México, implicarían aranceles para los productos de exportación mexicanos por más de 30 mil millones de dólares (si bien México, junto con Canadá, ya ganaron el panel de controversias sobre los subsidios a la industria automotriz estadounidense, lo que le permitiría a nuestro gobierno responder en alguna medida, con aranceles por varios miles de millones de dólares por este caso).

De la misma forma, los precandidatos a la presidencia del Partido Republicano han manifestado que de una u otra forma, atacarán a los cárteles mexicanos, para detener el contrabando de fentanilo a los Estados Unidos. Ya sea “cerrando” la frontera entre ambos países; o atacando dentro de territorio mexicano los laboratorios en donde los cárteles elaboran las drogas con fentanilo que mandan a Estados Unidos (con misiles o con grupos de operaciones especiales); incluso, si es necesario, sin la aprobación del gobierno mexicano.

Además, es posible que la estancada guerra de Rusia y Ucrania siga generando divisiones en la sociedad internacional y la posición de México respecto al conflicto tendrá que aclararse, en vista de que el presidente López Obrador, aunque ha condenado formalmente la invasión rusa, no se ha sumado a las sanciones contra Moscú; y por ello en Occidente y en Estados Unidos en particular, seguramente desearán que la próxima administración pueda sumarse a la coalición anti rusa que lidera Washington.

Las dos precandidatas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum por parte de la coalición gobernante y Xóchitl Gálvez, por parte del frente opositor, no han manifestado ninguna posición respecto a estos temas cruciales de la relación con Estados Unidos, y para cuando cualquiera de ellas llegue a tomar el poder, el 1º de octubre del próximo año, lo más probable es que ya estén avanzados los paneles en materia energética y respecto al maíz transgénico; es posible que el gobierno de Biden, faltando entonces apenas un mes para las elecciones estadounidenses, decida endurecer su política anti inmigrante y fortalezca la presencia militar en la frontera. Y no se puede descartar que, dependiendo de lo cerrado que esté la competencia con él partido Republicano, Biden esté dispuesto a realizar acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos del narcotráfico.

Así que la primera presidenta de México se va a encontrar con un “coctel” explosivo en la relación con Estados Unidos, y que bien puede empeorar en los siguientes meses, si el candidato republicano resulta el ganador, -visto que la posición de dicho partido es mucho más beligerante contra México que la de Biden-; por lo que es necesario que desde ahora los equipos que rodean a Sheinbaum y Gálvez vayan estableciendo escenarios y posibles estrategias ante las diferentes eventualidades que se pueden presentar en la relación bilateral, si se quiere evitar un inicio de administración improvisado, reactivo y sin objetivos claros, que bien puede resultar para los estadounidenses en un panorama muy favorable para hacer avanzar aún más sus intereses sobre los de México.

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[1] En México se renuevan completas las cámaras de Diputados y Senadores; mientras en Estados Unidos se renueva completa la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

[2] Según Georg Shwarzenberger en su libro La Política del Poder (Fondo de Cultura Económica; México; 1ª edición en español 1960; trad. por Julieta Campos y Enrique González Pedrero): “Los protectorados internacionales…son casos límites entre el imperialismo y el colonialismo. Si bien se deja al Estado protegido con un residuo de su soberanía, el status de dependencia se deriva todavía del consentimiento del Estado protegido y el ejercicio de los poderes del Estado protector sobre el estado protegido es el de una potencia extranjera. No obstante, esta etapa marca la transición del imperialismo al dominio colonial abierto “ (p.160).