213 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y UN FUTURO INCIERTO

Hoy 16 de septiembre se cumplen 213 años del inicio de la Revolución de Independencia en México (la consumación de la Independencia fue el 27 de septiembre de 1821), en medio de una situación política cada vez más incierta para el futuro inmediato.

El próximo año se realizarán las elecciones para renovar la presidencia de la República, las Cámaras de Diputados y Senadores, 9 gubernaturas (de un total de 32) y casi 20 mil puestos a nivel local.

El actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido que su coalición gobernante, que actualmente tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso y gobierna en 23 de los 32 estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos (nombre oficial del país), se mantenga en el poder a como dé lugar, y que gane no sólo las mayorías en ambas cámaras del Congreso, sino las 2/3 partes, para así poder cambiar la Constitución, sin necesidad de negociar con la oposición.

Por su parte la oposición se encuentra en el dilema de ir dividida a la elección presidencial, pues los tres partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México (PAN, PRI, y PRD) no han podido atraer a su causa al Movimiento Ciudadano, que gobierna dos de las entidades más importantes del país, los estados de Jalisco y Nuevo León.

Según las encuestas, la coalición gobernante conformada por el partido en el gobierno Morena y sus aliados PT y PVEM, tiene entre 50 y 52% de las preferencias para el 2024; mientras que el Frente Amplio se encuentra entre 38 y 42%; y Movimiento Ciudadano entre 7 y 10%.

De ahí la importancia que tiene el que la oposición vaya unida si quiere disputarle el poder político a la actual coalición gobernante.

Pero más allá de las encuestas, lo que está en juego es el rumbo que tomará el país en la próxima década o década y media.

Por un lado, el gobierno de López Obrador ha intentado modificar y en algunos casos eliminar por completo las reformas neoliberales que gobiernos del PRI y PAN realizaron en el periodo 1982-2018.

Por ejemplo, ha intentado revertir la política aperturista en materia energética que desarrollaron los gobiernos neoliberales, con objeto de ir desplazando a las empresas públicas, Pemex en materia de petróleo y gas, y CFE en materia eléctrica, de la preponderancia en la producción y distribución de energéticos; y darle un mayor peso a la iniciativa privada, principalmente extranjera.

López Obrador ha aplicado políticas públicas para retomar y reforzar el papel protagónico y hegemónico de las empresas públicas en el sector energético, lo que ha provocado la posibilidad del inicio de un panel de solución de controversias en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (USMCA en sus siglas en inglés), para que el gobierno de López Obrador cumpla con los compromisos firmados en dicho tratado (y que el propio López Obrador avaló, al instruir a la mayoría de los senadores afines a su gobierno, a ratificar dicho tratado); o de lo contrario se aplicarán aranceles a las exportaciones mexicanas hasta por 30 mil millones de dólares.

Otro aspecto en donde López Obrador pretendió eliminar a los grupos afines a los anteriores gobiernos neoliberales fue en el sector salud. Ahí desarrolló un proceso de separación de las empresas encargadas por muchos años de distribuir las medicinas a los hospitales y clínicas públicas en el país.

Para López Obrador ese esquema era un sistema de corrupción que sólo beneficiaba a algunas empresas, por lo que las excluyó de la compra y distribución de medicinas para el sector salud.

Sin embargo, no pudo establecer un sistema alternativo eficiente (incluso acudió a la ONU para que le ayudara a comprar medicinas a buen precio a nivel internacional, lo que finalmente fracasó) que garantizara la distribución de medicinas a todo el territorio nacional.

Durante la administración de López Obrador la falta de medicinas en el sector salud oficial ha sido constante (y se agudizó con la pandemia) y no se ha podido reestablecer un sistema que garantice el abasto a hospitales y clínicas gubernamentales (que atienden a la mayoría de la población).

Así también, López Obrador eliminó el llamado Seguro Popular que era un mecanismo que daba cobertura médica básica a millones de mexicanos que carecen de ella. López Obrador lo sustituyó con un Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que tampoco pudo cubrir a la población que antes atendía el Seguro Popular, por lo que López Obrador lo eliminó y lo sustituyó por otro mecanismo llamado IMSS[1]-Bienestar, mediante el cual los institutos estatales de salud, dependientes de los gobiernos de los estados, pasan a formar parte de un esquema federal, que supuestamente se encargará de atender a toda la población que no tiene cobertura de salud garantizada.

Todas estas fallas han provocado que la población sin cobertura de salud creciera de 30 millones en 2018 a 50 millones en la actualidad, por lo que la salud es uno de los sectores más afectados por las reformas de López Obrador.

Y en materia de seguridad, la “estrategia” de López Obrador de no enfrentar a los cárteles del narcotráfico de manera directa, como se hizo en los gobiernos anteriores, supuestamente para en su lugar intentar revertir las condiciones de pobreza y desigualdad que ocasionan que hasta 5 millones de mexicanos estén inmiscuidos en las redes criminales, ha generado un empoderamiento mayúsculo de las organizaciones del crimen organizado y de la delincuencia común, lo que ha provocado que se llegue a más de 165 mil muertos por homicidio, la cifra más alta desde que se iniciaron estas estadísticas hace más de 30 años; y la de desparecidos, sólo durante el actual gobierno, es de 45 mil, es decir, uno cada hora (la cifra total de desparecidos desde 1962 es de 111 mil).

Hasta el 2022 el promedio de crecimiento del PIB del país, en vista de que el primer año de la presente administración el crecimiento fue de 0 y el segundo, debido a la pandemia cayó 8.4%; es de apenas 0.46%, el peor en los últimos 40 años.

Pero López Obrador manifiesta que ya transformó al país, porque está destinando hasta 700 mil millones de pesos (para el 2024) en ayudas directas a diversos sectores de la población (adultos mayores, discapacitados, madres solteras, jóvenes desempleados, etc.), lo cual no habían hecho los anteriores gobiernos.

Y sus mega obras públicas han dado empleo a miles de mexicanos, por lo que la tasa de desempleo se ubica este 2023 en 2.9%. Aunque dichas obras han costado miles de millones de pesos más de lo presupuestado (por ejemplo el llamado Tren Maya que se extiende desde Chiapas y alrededor de toda la península de Yucatán tenía un presupuesto inicial de 150 mil millones de pesos; ahora el costo se estima que será de 500 mil millones de pesos; y la refinería Dos Bocas de Tabasco se suponía que costaría 8 mil millones de dólares, pero finalmente costará 18 mil millones de dólares).

Además de que López Obrador determinó que no se daría información sobre los contratos de dichas obras a la opinión pública, porque las consideró como de “seguridad nacional”, lo que ha generado fundadas sospechas de que lo que se intenta cubrir es el derroche, la incompetencia y la corrupción que han permeado la realización de estas obras, que hasta el momento aún no están en funcionamiento (sólo el aeropuerto Felipe Angeles, que está funcionando con pérdidas que obligan al gobierno a subsidiarlo con miles de millones de pesos cada año).

López Obrador ha escogido a su sucesora, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como su candidata a la presidencia, enfrentando a la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, apoyada por el Frente Amplio por México; y aún falta por definirse al candidato de Movimiento Ciudadano.

Por primera vez en la historia del país, una mujer podría ser la próxima presidenta, y en caso de que la preferida del presidente obtenga la victoria, continuará con sus políticas públicas.

Si bien López Obrador ha tratado de modificar políticas neoliberales que lastimaron y mucho a amplios sectores de la población, lo ha hecho de manera tan arbitraria, ineficiente e improvisada, que está dejando al país en condiciones muy vulnerables ante choques económicos externos o desastres naturales como los que continuamente sufre el país (terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales); sumamente débil ante el poder del crimen organizado y a un país polarizado política y socialmente, lo que dificulta aún más buscar soluciones consensuadas a graves problemas que enfrenta la sociedad mexicana.

Además, López Obrador ha intentado socavar el orden democrático que tanto trabajo costó a la sociedad mexicana instaurar en los últimos 40 años, al atacar continuamente al Poder Judicial, intentando someterlo a sus decisiones; al autónomo Instituto Nacional Electoral, al que ha tratado de debilitar mediante una astringencia de recursos económicos y un constante ataque declarativo; al Instituto Nacional de Acceso a la Información, al que intentó paralizar al ordenar a sus senadores afines, no nombrar a los miembros del consejo del instituto, y así evitar su funcionamiento normal; al atacar continuamente a periodistas, académicos e intelectuales que lo critican o que no alaban a su gobierno.

Así también, López Obrador ha empoderado a las Fuerzas Armadas mexicanas aumentando hasta en un 100% su presupuesto con respecto al gobierno anterior, y encomendándoles hasta 240 funciones adicionales a las que tienen establecidas en la Constitución, con objeto de convertirlas en el principal “brazo ejecutor” de sus políticas públicas, dándoles un poder que no habían tenido en los últimos 100 años, y que seguramente condicionará severamente el margen de maniobra de quien suceda a López Obrador en la presidencia.

La continuidad de las políticas públicas de López Obrador implica que se siga socavando la división de poderes en el sistema político mexicano; que se regrese al superado esquema de un Poder Ejecutivo todo poderoso, sin contrapesos en los otros poderes y en los organismos autónomos; el establecimiento de un autoritarismo disfrazado de democracia; en políticas públicas basadas en el clientelismo político (compra disfrazada del voto con los programas sociales); y en un mayor deterioro de la seguridad pública y la aplicación de la ley, con el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

¿Qué propondrá la oposición? ¿El regreso a las fracasadas y perjudiciales políticas neoliberales que profundizaron la desigualdad en el país? ¿Qué rescataría de las políticas de López Obrador y qué novedades propondría a la ciudadanía?

Todo esto es incierto aún, pero las perspectivas para el país no son nada favorables, y como siempre, la que resultará más perjudicada en caso de que se mantengan políticas fallidas, será la población, que queda en medio de una lucha por el poder en donde prevalecen los intereses creados y el interés general queda olvidado.

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[1] Instituto Mexicano del Seguro Social que da servicios de salud a los trabajadores del sector privado.