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Zapata

martes, 25 de julio de 2023

 EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR REAFIRMA SU CONDICIÓN DE VASALLO ANTE LOS ESTADOS UNIDOS

México siempre ha sido considerado por los gobiernos de Estados Unidos como un Estado subordinado, vasallo, como un protectorado. Incluso dentro del juego burocrático del gobierno estadounidense los “asuntos mexicanos” se tratan como cuestiones “domésticas” y raramente como cuestiones de política exterior.

Los gobiernos del periodo neoliberal en nuestro país (1982-2018) reafirmaron este tipo de relación, especialmente en dos ámbitos, el económico y el de seguridad.

En el primero, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que dio inicio el primer día de 1994, mediante el cual las estructuras y procesos económicos se embonaron con las necesidades productivas, de consumo y logísticas de Estados Unidos.

En él tema de seguridad, primero él gobierno de Vicente Fox se allanó a las prioridades establecidas por Washington en el periodo de la post-Guerra Fría, mediante la conformación de una supuesta Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (2005); y posteriormente el gobierno de Felipe Calderón estableció un acuerdo en materia de seguridad conocido como la Iniciativa Mérida en 2008, con lo que México quedó definitivamente integrado a las estructuras y mecanismos de seguridad y defensa de la superpotencia, aunque explícitamente ello no se señalara en el acuerdo; lo que además se expresó en la integración de las Fuerzas Armadas mexicanas dentro del ámbito de responsabilidad del Comando Norte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos[1].

Así, los 3200 kilómetros de frontera entre ambos países forman parte de la primerísima línea de defensa y seguridad de la superpotencia, por lo que es claro que todo aspecto relativo a la seguridad mexicana le parezca o no al gobierno en turno en nuestro país, es considerado una prioridad en Washington y por lo mismo, se consideran con la obligación de intervenir de una u otra forma para eliminar o al menos minimizar los riesgos que se originan desde nuestro territorio. 

Es lo que se conoce desde el punto de vista estratégico como el "Imperativo categórico"; esto es, aquellas amenazas que pongan en peligro la existencia misma de la nación. 

Ya el gobierno de Trump dobló con una facilidad inusitada a López Obrador para imponerle sus prioridades[2]; especialmente detener el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos, y al menos intentó que el gobierno de López Obrador disminuyera significativamente el contrabando de fentanilo que llega a Estados Unidos por la frontera mexicana, sin lograr grandes avances.

Biden ha intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para que detenga el flujo de fentanilo a los Estados Unidos[3], y para ello ha designado a la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall para encabezar un grupo de trabajo con el gobierno mexicano que monitoreé el progreso de las autoridades mexicanas en detener el contrabando de fentanilo. Sherwood Randall es la Homeland Security Advisor, lo que reafirma el hecho de que México es visto y tratado como un asunto "nacional" dentro de la burocracia estadounidense.

Ayer la asesora del presidente Biden se reunió por segunda vez en menos de medio año con el gabinete de seguridad del gobierno mexicano, presidido por el propio presidente López Obrador.

La señora Sherwood venía acompañada de subsecretarios y vicefiscales estadounidenses[4], mientras el gobierno mexicano estaba representado por el Jefe de Estado y sus principales secretarios en el gabinete de Seguridad Nacional.

Está muy claro lo que eso quiere decir, el gobierno mexicano es visto y tratado como un país bananero, que no requiere ni siquiera que la delegación visitante de Washington venga presidida por un secretario del gabinete.

La asesora Sherwood es una, digámoslo con todas sus letras, segundona de la oficina del consejero de seguridad nacional Jake Sullivan, y el débil gobierno mexicano la recibe como mandataria, en Palacio Nacional, con el gabinete de seguridad y con el mismo Jefe de Estado en una reunión de más de dos horas.

En todo caso López Obrador la hubiera podido recibir 15 minutos y dejarla que tratara los temas de la agenda con los miembros de su gabinete; pero como él presidente no confía en nadie más que en él mismo y además en las tardes (como se ha dado a conocer en los Guacamaya Leaks)[5], prácticamente ya no hace nada después de su conferencia “mañanera”, pues entonces tiene todo el tiempo del mundo para atender a una funcionaria de cuarta del gobierno de Biden, que viene a checar y pedir cuentas de lo que está haciendo el gobierno mexicano para detener los cargamentos de fentanilo que matan a miles de viciosos en los Estados Unidos cada año.

Sólo para “taparle el ojo al macho” el gobierno mexicano destacó en la información sobre la reunión que divulgó a los medios, que la señora Sherwood estuvo de acuerdo en que había que detener el flujo de armas de Estados Unidos a México, pero sin comprometerse a nada más y mucho menos a aceptar que México pida cuentas a Estados Unidos sobre ese tema, tal como Washington lo hace al subordinado y vasallo gobierno mexicano en el caso del fentanilo.

López Obrador se la pasa diciendo que este gobierno “no es igual” a los neoliberales. No, no es igual, es peor, en este tema como en muchos otros, pues siquiera los anteriores no rebajaban al Jefe de Estado mexicano a ser un pobre funcionario de segunda que tiene que reunirse con una funcionaria menor, para recibir instrucciones y demandas de la abusiva y prepotente superpotencia.



[1] Protege los “intereses nacionales” de Estados Unidos en el territorio continental del país, Puerto Rico, Canadá, México y Las Bahamas.

[2] Así como un nuevo tratado comercial, el USMCA; negociado y firmado por Peña Nieto, pero avalado por López Obrador.

[3] En 2021 se firmó un nuevo acuerdo de seguridad, el Entendimiento Bicentenario.

[5] Hackeo de información a la Secretaría de la Defensa Naciona.

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