¿CÓMO SALVAR LA CANDIDATURA DE SHEINBAUM?
Esa es la
pregunta diaria que se hace el presidente López Obrador, ante un nuevo
estancamiento en las preferencias ciudadanas por su precandidata favorita (la
jefa de gobierno de la Ciudad de México), a raíz de los “incidentes atípicos”
que han estado sucediendo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (incluido
un nuevo accidente con una víctima mortal y varios heridos), que los propagandistas
gubernamentales[1]
quieren adjudicar a un “complot” de los conservadores y la derecha para
descarrilar las aspiraciones presidenciales de la favorita de López Obrador.
Por su parte
la oposición (PAN, PRI y PRD), tratan de explotar la ineficiencia del
mencionado sistema de transporte y las justificaciones gubernamentales, para
debilitar la precandidatura de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina.
En este
contexto, López Obrador está impulsando una serie de reformas legislativas a
las instituciones encargadas de organizar las elecciones en el país, con las
que dejará literalmente ”en los huesos” a las mismas, Instituto Nacional
Electoral (INE) y Tribunal Electoral (TEPJF)[2], devastando hasta el 85%
de la estructura de dichos organismos, con el objetivo de que el partido político
que concentra la mayoría de gubernaturas y presidencias municipales, el
oficialista Morena, cuente con predominio en el terreno sobre sus competidores,
puesto que ante la ausencia de autoridades electorales para planear, capacitar personal y organizar las elecciones, serán los gobiernos quienes de facto asuman
dicha función, dándole así una clara ventaja al partido en el gobierno.
Para López
Obrador y su coalición gobernante, no importa en lo absoluto violar la legislación
aún vigente que prohíbe las precampañas presidenciales, pues saben que el que
tendría que aplicar las sanciones que impongan el INE y el Tribunal Electoral,
es el mismo gobierno federal, y por lo tanto eso no va a suceder.
Hay así una
violación cínica y flagrante de la normatividad electoral aún vigente, con
claro uso de recursos públicos para favorecer la precandidatura de la favorita
presidencial, en espera de que la mayoría oficialista en el Congreso apruebe normas
que “legalicen” esas violaciones a la actual legislación; y que esa misma
mayoría nombre próximamente a 4 nuevos consejeros electorales que cambien la
correlación de fuerzas en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
para desde ahí avalar el uso de recursos públicos para apoyar a la precandidata
oficial y para bloquear cualquier intento de sanción contra nuevas posibles
violaciones a la legislación electoral.
Con todo
ello, la “democracia mexicana” se ha convertido en una farsa, pues todo el
poder del Estado está siendo utilizado para que el partido en el poder logre el
triunfo en las elecciones federales del 2024, tanto a la presidencia de la
República como en la renovación del Congreso de la Unión, sin que la sociedad
mexicana pueda detener tan grosera imposición.
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