Pasos para derogar peligrosos tratados de inversiones
Manuel
Pérez Rocha L.
https://www.jornada.com.mx/2022/11/21/opinion/024a2pol
El martes
pasado se presentó en el Senado, por primera vez, un punto de acuerdo
sobre los peligros que representan los tratados de libre comercio e inversión.
José Luis Pech, senador por Quintana Roo, exhortó a la SRE a analizar
exhaustivamente los impactos de los TLC ya firmados y corregirlos; buscar
alternativas al Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones
(Ciadi) para la resolución de litigios; y a que no se firmen nuevos tratados
con cláusulas de protección de inversiones que afecten la soberanía y los derechos
económicos, sociales y ambientales (https://bit.ly/3ApzoR6 y https://bit.ly/3EHphcS).
El punto de
acuerdo comienza: En la década de 1980, los gobiernos en turno otorgaban
concesiones, prácticamente regalando parte del territorio nacional para que
empresas extranjeras explotaran los recursos naturales de nuestra nación. Cita
Pech el caso de demanda de la minera estadunidense Vulcan a México por unos mil
500 millones de dólares por no habérsele permitido a su filial Calica continuar
operando en el municipio de Solidaridad, debido al severo deterioro ambiental
que ha provocado ( La Jornada, 22/11/14). Esta demanda ha
llamado mucho la atención a la prensa dada la importancia que el presidente
López Obrador le ha prestado. Pero está lejos de ser la única. Como señala
la Radiografía del poder en México (https://bit.ly/3GtEDTQ), que
sirvió de insumo para la elaboración del punto de acuerdo, México tiene varias
demandas pendientes por al menos 6 mil millones de dólares.
Como hemos
previsto, aumenta la avalancha de demandas contra México bajo la cláusula
de legado del TLCAN en el T-MEC ( La Jornada, 22/8/01). Se
suman, entre otras, la de Coeur Mining, otra minera de Estados Unidos, por la
supuesta no devolución de impuestos por los gobiernos de Chihuahua y Durango.
Para colmo,
Access Business Group (ABG), también de EU, ha notificado que demandará a
México por hasta 3 mil millones de dólares (https://bit.ly/3UQNUtd). Se
queja de la decisión del gobierno de hacer cumplir el decreto de 1939 de Lázaro
Cárdenas de devolver las tierras del ejido San Isidro, en Jalisco, ocupadas por
la explotadora y contaminante empresa Amway-Nutrilite (cuyo dueño es ABG), a
campesinos y trabajadores rurales (Silvia Ribeiro, La larga lucha de San
Isidro, La Jornada, 22/7/16), cuyo propósito es desarrollar el
primer municipio agroecológico del país ( La Jornada, 22/7/11).
Una revisión
en México de los TLC coadyuvaría a que también en Centroamérica se revisen los
impactos del TLC con Estados Unidos (Cafta-DR) y examinar su contribución a la
migración forzada. Como muestra de la aberración que es el sistema de
resolución de disputas inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés),
basta mirar a Honduras, que con la victoria de Xiomara Castro en 2021 se
esfuerza por liberarse de los legados del narco-Estado instaurado desde el
golpe de Estado de 2010. Una de las decisiones más importantes ha sido la
derogación de las eufemísticamente llamadas zonas de empleo y desarrollo
económico (ZEDE), o ciudades modelo, que en realidad son zonas libres que
tienen (algunas siguen operando) su propia seguridad, leyes, moneda y cuya
imposición es bien descrita por la organización del pueblo garífuna Ofraneh
como el retorno del dominio de caciques europeos y reyes estadunidenses a
la costa norte de Honduras (https://bit.ly/3EkWOZb). La empresa Prospera (sic), de
Washington DC, que opera una de las ZEDE en la isla de Roatán (https://prospera.hn/), amenaza
a Honduras, con el apoyo de senadores estadunidenses, de demandarle por más de
10 mil millones de dólares, lo que equivale a casi la mitad de su PNB anual (https://bit.ly/3gfXKpE).
El punto de
acuerdo de Pech coincide con el lanzamiento –el 15 de noviembre– de
la Declaración sobre ISDS y el clima con la que más de 380
organizaciones y redes sociales de todo el mundo llaman a gobiernos a
eliminar la amenaza que supone para el clima el mecanismo de solución de
diferencias entre inversores y Estados (ISDS) (https://bit.ly/3OiTMsW). Se
citan varios países que se han retirado de tratados como el Tratado de la Carta
de Energía (https://cutt.ly/MMZ2QAb).
Esta semana Alemania anunció su retiro.
Australia es
el país que más recientemente anunció la eliminación del sistema ISDS, tras
años de lucha por redes como la Australian Fair Trade and Investment Network.
Lo ha facilitado el que Australia sea gobernada por el Partido Laborista. Don
Farrel, ministro de Comercio y Turismo, dijo que garantizar que los
beneficios del comercio fluyan hacia el pueblo australiano significa que
mantenemos el derecho a regular áreas claves de la política social como salud,
ambiente y cuestiones que afectan a los australianos de las primeras naciones.
Significa preservar la capacidad del gobierno para gobernar en el interés
nacional. Para ello, no incluiremos la solución de diferencias entre inversores
y Estados en ningún nuevo acuerdo comercial (https://bit.ly/3Gy92QV).
Los avances
como el punto de acuerdo en el Senado, y los retiros de tratados, llamados, y
amenazas aquí descritos deberían alentar a los presidentes AMLO, Boric, Petro y
Castillo a colaborar en la eliminación del régimen de tratados de protección de
inversiones a escala global. La cumbre de la camaleónica Alianza del Pacífico,
del 23 al 25 de noviembre en la CDMX, sería buen espacio para empezar.
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