LA DISPUTA POR LA NACIÓN

Esa parece ser la esencia del conflicto entre el presidente López Obrador (AMLO) y los partidos de oposición y sectores sociales que rechazan su pretendida “Cuarta Transformación”, que va dirigida primordialmente a quitar el poder político a los grupos que lo detentaron durante tres décadas y media, durante el llamado “período neoliberal” (1982-2018).

Y no es que AMLO esté modificando profundamente el modelo económico implantado en el país por las élites tecnocráticas-empresariales que lo gobernaron durante 36 años, ya que la pieza fundamental de dicho modelo, es decir, la apertura indiscriminada de la economía mexicana a los flujos comerciales y de inversión del mundo, pero principalmente desde Estados Unidos, como lo es el tratado de libre comercio con ese país y con Canadá, ha sido avalado y ratificado por el actual gobierno; aún con las modificaciones, todavía más favorables hacia Estados Unidos, que implicaron la firma del nuevo tratado T-MEC (USMCA por sus siglas en inglés).

Asimismo, el gobierno de AMLO está comprometido a aplicar medidas de disciplina fiscal y austeridad presupuestal que siempre ha exigido el Fondo Monetario Internacional (FMI) a economías “emergentes” como la mexicana (algo que por supuesto no exige a las economías desarrolladas de Occidente); y de la misma forma, AMLO ha mantenido y respetado la autonomía del banco central, pieza clave de todo el entramado de políticas neoliberales.

AMLO se la pasa demonizando, atacando y descalificando a las élites “conservadoras” que no están a favor de su gobierno, señalándolas incluso de ser racistas, clasistas, discriminadoras, e incluso las ha equiparado al fascismo y al nazismo (así como a todos aquellos que no avalen su gobierno); pero la realidad es que el presidente mexicano sólo insulta a las élites y clases medias que no lo apoyan. Esto es, su divisa es “estás conmigo, o contra mí”. No está contra una clase social o grupo político determinado; está contra quienes no se rinden a su poder.

Y esto se ha hecho evidente en la medida en que los oligarcas que se beneficiaron durante el período neoliberal se sometan a las órdenes, políticas públicas y a la narrativa del presidente, como por ejemplo el hombre más rico de México, Carlos Slim; pues en ese momento dejan de ser unos “conservadores” que sólo buscan mantener sus privilegios y que defienden la corrupción o que son unos hipócritas, y por arte de magia se convierten en empresarios nacionalistas, que se han ganado su dinero con trabajo e iniciativa, y son bienvenidos a la “Cuarta Transformación”.

Lo mismo ha sucedido con los políticos del viejo partido hegemónico del país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ahora están con el presidente y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); su pasado corrupto y de apoyo a políticas depredadoras queda olvidado; incluso son recompensados con embajadas, consulados o al menos, con la no persecución judicial por sus latrocinios en los puestos públicos que hubieren ocupado (el caso más significativo es el de los gobernadores, que “no metieron las manos” en sus entidades, para así permitir el triunfo de los candidatos de Morena).

De ahí que toda la narrativa presidencial de que él defiende al pueblo y sus opositores son un grupo de corruptos, racistas, ventajosos, etc. no se sostiene en los hechos.

De lo que se trata es de ejercer presión sobre los grupos de poder político y económico del país, para que definitivamente abandonen la lucha por el poder para ellos, acepten que el poder lo tiene AMLO y su partido Morena, y en esa medida no habrá mayor persecución judicial por ningún motivo; por el contrario, hasta alguna recompensa en puestos públicos para los políticos; y en contratos y concesiones para los empresarios, les puede estar esperando.

Es una descarnada lucha por el poder, que no tiene que ver nada con el bienestar del pueblo, ni con la solución de los graves problemas que sigue acumulando este país.

Así, AMLO cuenta con el tremendo poder que le da un presupuesto público mayúsculo, con el que puede comprar voluntades, ya sea a través de programas de ayuda directa a 25 millones de personas, que se han convertido en clientes de su gobierno y de su partido; ya sea con concesiones y contratos para los grandes empresarios que decidan apoyarlo; y ya sea con puestos públicos y/o perdón para sus múltiples latrocinios a los miembros de la subclase política mexicana que se pasen a su bando.

No hay aquí una disputa entre proyectos de nación distintos, por más que algunas políticas públicas de AMLO se desvíen un poco de la línea neoliberal, como la energética, que muy pronto volverá al carril que conviene a las trasnacionales estadounidenses y europeas, ante las amenazas de serias sanciones comerciales en caso de que AMLO insista en su posición actual.

Es una lucha entre grupos político-económico-criminales, que buscan quedarse con la mayor parte del poder en México; y si bien en las décadas pasadas estos grupos eran dirigidos por una clase tecnocrática-empresarial que explotaba en su favor las riquezas del país; ahora está en la cúpula un grupo político, que en esencia está haciendo lo mismo, pero con un discurso distinto, más nacionalista; con una política ya no sólo asistencialista, en materia social, sino fundada en gran cantidad de recursos económicos dirigidos a una parte de la sociedad mexicana que conforma los niveles sociales medios bajos y bajos, para convertirla en cliente permanente del gobierno y de su coalición gobernante (sin que ello implique que salgan de la pobreza); en la amenaza de sanciones (el garrote), pero también de premios (la zanahoria) para grupos políticos, económicos y criminales que deseen aliarse a la nueva coalición gobernante; todo ello con objeto de conformar un poder hegemónico, como el que en su momento tuvo el PRI durante 71 años, al que no le puedan disputar el poder, porque concentra la mayor parte de él, y que como antaño, sea el presidente de la República el gran concertador y mediador de los posibles conflictos; el gran repartidor de bienes y favores, y el último juez que decide el destino del país.