La falacia de la encuesta sobre la reforma electoral
Para la 4T
es muy relevante ajustar la autoridad electoral antes de la elección del 2024.
noviembre
04, 2022
Voy a ser
políticamente incorrecto.
La opinión
de los ciudadanos respecto a la reforma electoral, recogida por
cualquier ejercicio demoscópico, sea encuesta o cualquier otro método, no
puede ser el criterio que defina si una iniciativa de reforma legal se
hace efectiva o no.
Permítame
ponerle un ejemplo muy claro.
Si usted le
pregunta a la gente si desea no pagar impuestos, puedo asegurarle
que en una consulta de esa naturaleza, va a encontrar un 90 por ciento
o más de respuestas favorables. Y no por ello va a decir que se
cancelan los impuestos.
De hecho,
los legisladores entendieron de manera clara este hecho y en la reforma
constitucional que reguló las consultas populares se
establecieron exclusiones claras en la materia.
El
artículo 35 constitucional excluye explícitamente la materia electoral de los temas que pueden ser sujetos a
consultas populares. Y la ley reglamentaria lo hace también en su artículo 11
fracción IV.
Si usted le
pregunta a los ciudadanos si desean que el sistema electoral mexicano
sea más barato, no tenga duda, le van a decir que sí.
Si usted
pregunta a la gente si quiere ser ella la que defina quiénes
serán los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal
Electoral, también le van a decir lo mismo, sin que por ello, eso sea lo
correcto.
Por esa
razón resulta una falacia la discusión que se está dando en
torno a la encuesta que realizó una firma encuestadora a petición del Instituto
Nacional Electoral en el mes de septiembre.
A lo sumo,
esa opinión es un insumo para la discusión, no más que eso.
Sin embargo,
en el contexto de una batalla política por la cual el gobierno quiere cambiar
completamente la naturaleza del árbitro y de las autoridades electorales, ese
resultado fue pertinente para dar armas y cuestionar al INE.
Pero, más
allá de lo que digan las encuestas, la pelota está en la cancha de los
legisladores.
Hasta este
momento, y subrayo, sólo hasta este momento, toda la oposición está en
contra del planteamiento enviado por el presidente de la República,
particularmente en lo que toca a los procedimientos de designación de
consejeros y magistrados; la conformación de las cámaras de Diputados y
Senadores, y el financiamiento a los partidos políticos.
Lo que la
estrategia gubernamental pretende, sin embargo, es crear un clima de
opinión pública que le permita a algunos legisladores priistas
argumentar al interior de su partido la conveniencia de sumarse a la propuesta
de Morena.
No dudo que
en la Cámara de Diputados esto pudiera ser factible.
Veo mucho
más complicado que se pudiera configurar una mayoría calificada sumando
a senadores priistas, como ocurrió con el tema de la extensión del plazo
para que las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad pública.
El PRI, o
por lo menos buena parte de los senadores de ese partido, saben que abrir la
puerta a esta reforma constitucional probablemente implique enterrar
para siempre a su partido.
La visión
que tienen muchos priistas es que, al margen de lo que resulte en el proceso
electoral del 2024, tiene que preservarse la estructura de su
partido con objeto de poder reconstruirse en el futuro para aspirar a
conquistar posiciones de gobierno tanto a nivel local como aspirar a posiciones
federales.
Si se pone
de nueva cuenta a la cola de Morena, sería el último clavo a su ataúd.
Para la 4T
es muy relevante ajustar la autoridad electoral antes de la elección del 2024.
Su óptimo
es hacer la reforma constitucional. Pero, si no se puede efectuar, no dude usted que
seguirán la estrategia de tratar de controlar al INE mediante el manejo
presupuestal en la Cámara de Diputados; cambios en leyes secundarias que no
requieren la mayoría calificada, y de manera destacada, la conformación del
Consejo General del INE, sea a través de los nombramientos de consejeros
proclives a Morena o de una estrategia para no renovar los cuatro asientos que
quedarán vacantes a partir de abril del 2023.
No es una
exageración, con el futuro del INE se juega el futuro de la democracia mexicana.
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